Omar Sánchez de Tagle es un periodista mexicano. Jefe de Información en distintos programas de Grupo Fórmula y Televisa.

El arresto en Estados Unidos por posibles vínculos con el narcotráfico del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, puso al gabinete de seguridad federal mexicano a trabajar en la detección de elementos militares o funcionarios de otras áreas que pudiesen estar involucrados en las mismas investigaciones que llevaron a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) a capturar al general.

De inmediato, de acuerdo con altos funcionarios del gabinete de seguridad, las autoridades solicitaron por la vía diplomática información al Departamento de Justicia y la DEA. Obtuvieron pocos datos, pero estos les dieron la tranquilidad para no hacer una purga inmediata en las fuerzas militares e incluso para no iniciar, de momento, investigaciones internas en la milicia.

Si bien el gobierno de Estados Unidos no les compartió el expediente completo sobre las averiguaciones contra Cienfuegos, realizadas desde 2016, sí detallaron a las autoridades mexicanas que Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo” —encarcelado en Estados Unidos por narcotráfico— fue uno de los principales testigos que declaró contra el general Cienfuegos en el juicio que tuvo en 2018 en Nueva York.

Además, aseguran los altos funcionarios mexicanos consultados, el anterior líder del Cártel de Sinaloa involucró a por lo menos cinco generales más, que ya están en retiro y siendo investigados. Las averiguaciones de las agencias estadounidenses también relacionan a diversos exfuncionarios estatales que habrían participado con el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Beltrán Leyva.

Los funcionarios mexicanos que han logrado tener acceso al caso por las vías diplomáticas y legales me revelaron que otro de los investigados en el caso del general Cienfuegos es quien fuera, hasta el pasado septiembre, agregado militar en la Embajada de México en España: el general Roberto Miranda Moreno, jefe del Estado Mayor en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.

Otro de los testigos que participa en este caso es Ismael Zambada Imperial, conocido como “El Mayito Gordo”, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel del Pacífico. Zambada incluso de manera pública mencionó en el juicio de “El Chapo” Guzmán que conocía al general Miranda. Meses después de ello declaró en el caso de Cienfuegos.

Las autoridades mexicanas consultadas confirmaron que, tras haber tramitado su jubilación y entregado la agregaduría militar en España, no han logrado saber el paradero de Roberto Miranda desde el pasado 5 de octubre.

Destaca que, tras el intercambio de información, las autoridades de Estados Unidos no solicitaron a sus contrapartes mexicanas cooperación en las investigaciones, o al menos no la han solicitado de manera formal. Hasta la fecha, las autoridades estadounidenses proporcionaron el nombre de los generales (aunque no me los dijeron) y exfuncionarios nombrados en las averiguaciones y los testimonios, pero no detallaron si sobre esos altos mandos militares existen órdenes de aprehensión o si solo están siendo investigados.

Sobre las acusaciones que pesan sobre Cienfuegos, hasta el momento no existe, al menos en la parte de información con la que cuentan las autoridades mexicanas, ningún otro exsecretario de Estado vinculado a las pesquisas.

De momento, la Fiscalía General de la República no ha abierto ninguna carpeta de investigación respecto al general Cienfuegos pues aún no cuentan con suficiente información o elementos proporcionados para iniciarla. Solo estarán atentos a las acciones legales que se den contra él y quienes vayan resultado involucrados en el caso.

Las autoridades estadounidenses explicaron a las mexicanas que obtuvieron miles de mensajes del servicio de mensajería instantánea de BlackBerry, que se usaba hasta mayo de 2019 como una aplicación para los teléfonos celulares que muchos consideraban más segura para comunicarse que otros sistemas. Es decir, los mensajes no provienen de teléfonos o aparatos Blackberry. Para lograrlo no se intervinieron las comunicaciones telefónicas de Cienfuegos u otros mandos militares, sino de los delincuentes involucrados en las investigaciones, testigos y agentes encubiertos que tenían en las organizaciones.

Pese a tener la identidad de las personas investigadas —los generales Cienfuegos, Miranda y cinco más, además de exfuncionarios estatales— tras las declaraciones de Guzmán Loera y los otros testigos de la DEA, los funcionarios señalaron que, por el momento, el gobierno de México no piensa intervenir hasta no tener datos contundentes de la presunta responsabilidad de alguno de ellos.

Lo que sí hizo el gobierno federal, y algunos miembros del gabinete de seguridad, fue analizar quiénes eran los mandos militares de mayor confianza de Cienfuegos, los cargos que ocuparon, y determinar quiénes siguen en activo.

Del análisis resultó que cuatro de sus mandos más cercanos están en retiro y que al menos otros dos estarían activos. De los mandos que actualmente están destacados en el llamado Triángulo dorado del narcotráfico (los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua), ninguno era personal cercano a Cienfuegos, según nos revelaron los funcionarios consultados.

Si existen estas investigaciones, ¿por qué Estados Unidos solo hizo pública la investigación de la DEA sobre los vínculos entre el general Cienfuegos y Juan Francisco Patrón Sánchez, “El H2”?

De acuerdo con la información obtenida por el gobierno de México, la investigación del que fuera considerado líder del Cártel de los Beltrán Leyva —muerto por las autoridades en 2017— es la que, por ahora, cuenta con el mínimo de elementos para poder detener y juzgar a un exsecretario de Estado como Cienfuegos.

Será hasta que el general Salvador Cienfuegos esté en la corte de Nueva York, cuando él y sus abogados empezarán a conocer el resto del expediente.

Las autoridades mexicanas tienen claro que la detención de Cienfuegos significa un golpe para las fuerzas militares, uno que por el momento está pegando en la parte moral. También saben que en los próximos meses la Fiscalía General de la República deberá abrir por oficio una carpeta para investigar posibles actos de corrupción e involucramiento con el narcotráfico desde la más alta esfera militar. Es por ello que el mayor interés, de momento, es tener acceso a los elementos que la DEA vaya proporcionando durante el juicio.

Lo que más ayudaría al gobierno de México es que las autoridades de Estados Unidos solicitaran colaboración en la detención de otros personajes involucrados, y de esa manera tener los elementos suficientes para iniciar las indagatoria propias contra exfuncionarios de la anterior administración.

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