Griselda Triana es periodista en Sinaloa, México. Coordina la biblioteca creada en honor a su esposo, el periodista Javier Valdez, en la Casa Refugio Citlaltépetl.

Mi esposo, Javier Valdez, se despidió de mí tres veces durante la mañana del 15 de mayo de 2017. La última fue por teléfono, antes del mediodía. Minutos después recibí una llamada que nadie quisiera: tres individuos habían atacado a balazos a Javier. Estaba muerto.

A pocos metros de la revista Ríodoce, un vehículo se interpuso en su trayecto a nuestra casa y sus asesinos lo obligaron a bajar de su automóvil. Después le dispararon 13 veces.

Todo sucedió a las 12:00 del día, a la vuelta del semanario que fundó en 2002 junto a Ismael Bojórquez, quien fue el primero en pasar por el lugar. Era imposible no reconocer a Javier: era grande y fuerte, con su infaltable sombrero cubriendo su rostro del inclemente sol de Culiacán, la capital de Sinaloa.

Después todo fue un caos. La parte más difícil fue cómo decirle a mis hijos que habían matado a su papá. Mi hijo se enteró por redes sociales. A mi hija, recién casada, le tuve que avisar que había pasado lo que tantas veces Javier nos había advertido: que si un día lo mataban sería por su actividad periodística.

En un instante nos convertimos en víctimas en uno de los países más mortíferos para quienes ejercen el periodismo. Datos de la organización Propuesta Cívica indican que, del año 2006 (el inicio del sexenio de Felipe Calderón) a la fecha, han asesinado a 129 periodistas y desaparecido a 14 más.

El acceso a la justicia para las familias es desgastante y decepcionante. Ser víctima en México es la renuncia anticipada al esclarecimiento de casi cualquier hecho ilícito, y cuando se trata de delitos contra la libertad de expresión, la tasa de impunidad es de más de 90%.

Después de que asesinan a un periodista aparecen las dependencias que, se supone, deben garantizar su seguridad ante amenazas, como el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.

Javier no estaba incorporado a este mecanismo, pero ahora entiendo que, de cualquier manera, lo habrían asesinado. Ahora me considero afortunada de que no lo hayan desaparecido y torturado.

Luego llega la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para inscribir a las víctimas indirectas (como es mi caso y el de mis hijos) en el Registro Nacional de Víctimas, y así tener acceso a las medidas de ayuda como lo establece la Ley General de Víctimas.

Parece inverosímil, pero yo conozco familias de periodistas asesinados que no han sido incorporadas a este registro. Las delegaciones de la CEAV en los estados operan raquíticamente en cuanto a recursos y personal.

Y ahora, tanto el Mecanismo como la CEAV están en un limbo financiero: no saben cómo seguirán financiándose tras la eliminación de los fondos de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral y el de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Las víctimas no saben qué pasará con los apoyos.

Ante las amenazas que sufren los periodistas, la única posibilidad de seguir ejerciendo esta profesión e intentar garantizar sus vidas es el Mecanismo. Desaparecer el fondo que lo dota de recursos aumenta el riesgo de agresiones en contra suya y de sus familias.

Además de la falta de protección, los familiares de las víctimas debemos enfrentar una justicia lenta y burocrática. En el caso de Javier, tuvo que pasar más de un año para que se realizara una audiencia. Lidiar con la muerte violenta de un familiar es traumático, pero esta tardanza del poder Judicial agrava el estado emocional.

El impacto que ocasionó el crimen de Javier a nivel nacional e internacional ha permitido que, en su caso, el trabajo de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Libertad de Expresión (Feadle) de la Fiscalía General de la República (FGR) sea observado minuciosamente. Por ello ha habido avances importantes, mas no suficientes.

Sin embargo, eso no sucede con los casos de la mayoría de los periodistas, en los cuales no hay autores materiales ni intelectuales detenidos. Las familias con las que he hablado en estos años no saben ni quién en el Ministerio Público lleva sus investigaciones.

Además, la Feadle no atrae de inmediato los casos de asesinatos ni de desaparición de periodistas. Atrajo formalmente el de Javier hasta que se aprehendió a uno de los autores materiales, 11 meses después del crimen. Un participante fue asesinado a finales de 2017, el segundo ya recibió una sentencia condenatoria y el tercero está cada vez más cerca de ser enjuiciado.

Se presume que el autor intelectual fue Dámaso López Serrano, apodado “El Mini Lic”, hijo de Dámaso López, el compadre de Joaquín “El ChapoGuzmán Loera. Los tres están encarcelados en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.

La FGR ya libró una orden de aprehensión contra López Serrano, quien se entregó a las autoridades de Estados Unidos dos meses después del crimen de Javier. El reto de las autoridades mexicanas será hacer valer acuerdos y tratados internacionales para que pueda ser extraditado y enjuiciado.

Todos los datos señalan que ejercer la libertad de expresión en México es una especie de ruleta rusa. La precariedad laboral aqueja a muchos periodistas y otros se han desplazado de sus lugares de origen por amenazas e intimidaciones.

Es urgente que el presidente Andrés Manuel López Obrador entable un diálogo cordial y respetuoso con los periodistas. No todos son sus enemigos. Él, sus colaboradores y los gobiernos estatales deben dejar de lado los calificativos que únicamente estigmatizan y confrontan.

Urge que las autoridades mexicanas garanticen las condiciones para hacer periodismo. Para lograrlo, deben reconocer públicamente el papel fundamental de los periodistas para la sociedad y condenar todas las agresiones en su contra.

Además, es importante crear un modelo de coordinación efectiva entre las autoridades federales y locales para investigar y sancionar las agresiones contra periodistas, priorizando los casos de asesinato y desaparición. Si no podemos evitar estos crímenes, lo mínimo que debe garantizar el Estado es el acceso a la verdad, la justicia y la no repetición.

A Javier lo silenciaron ese 15 de mayo de 2017, pero las voces de sus colegas se alzaron y no se doblegan a pesar de las condiciones. Javier dejó en la orfandad a muchas víctimas de la violencia en México, nos lo arrebataron sin piedad alguna y aquí seguimos, clamando justicia hasta el cansancio. En nuestra lucha no habrá tregua.

Para conocer más sobre Javier Valdez puedes revisar #SeguimosHablando.

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