Laura Castellanos es periodista mexicana. Su reporteo sobre el Caso Apatzingán está detallado en su libro ‘Crónica de un país embozado 1994-2018’.

La detención en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto en México, visibilizó nuevamente el encubrimiento de graves violaciones de derechos humanos que han cometido las Fuerzas Armadas bajo la estrategia de militarización en el combate a organizaciones criminales.

La estrategia inició en el gobierno de Felipe Calderón, en 2006, y continúa hasta ahora, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Durante el sexenio de Calderón, las unidades operativas a cargo de 40 titulares de Regiones y Zonas Militares, entre ellos Cienfuegos, fueron señalados por crímenes diversos en 192 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), según lo documentó la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) en su informe Entre la brutalidad y la impunidad.

La CMDPDH registró que las unidades adscritas a Cienfuegos, cuando estuvo al frente de la I y la VII Región Militar, recibieron siete recomendaciones de la CNDH, tres de ellas por crímenes cometidos en el marco del Operativo Conjunto de Chihuahua. Con Cienfuegos ya como secretario, la CNDH registró 149 víctimas de tortura, asesinato y desaparición forzada en 21 de sus recomendaciones.

Y aunque, en comparación con el sexenio anterior, se redujeron a 10 los mandos señalados por crímenes de las unidades operativas a su cargo, fue en la gestión de Cienfuegos como secretario que se cometieron los casos más graves con intervención militar, de acuerdo a informes de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales: Tlatlaya, Ayotzinapa y Apatzingán.

La matanza de Apatzingán, en Michoacán, marcó el clímax de la impunidad castrense bajo la responsabilidad de Cienfuegos. Aconteció a seis meses del caso Tlatlaya, en el Estado de México, en el que hubo 22 muertes civiles por parte del Ejército; y a tres meses del de Iguala, en Guerrero, con 43 desapariciones forzadas de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en donde se ha señalado que el Ejército tuvo participación u omisión.

Cienfuegos debe responder legalmente en México por estos casos de lesa humanidad. Aunque tras su detención se ha señalado al Ejército a su mando con lo sucedido en Tlatlaya y Ayotzinapa, queda pendiente aún Apatzingán.

El 6 de enero de 2015, en esa ciudad de Michoacán, ocurrieron dos hechos en los que por lo menos 16 personas murieron a manos de fuerzas del Estado. Y aunque elementos de la Policía Federal fueron señalados como los perpetradores centrales, también intervinieron militares. Según sus declaraciones ministeriales, entre ambos sumaron un contingente de 100 a 110 integrantes. Pero la recomendación que la CNDH emitió sobre el caso, afirmó que 44 policías federales y 287 militares participaron en un operativo para aprehender a un supuesto grupo armado afuera de la presidencia municipal.

Estos cercaron la zona de la plaza central y golpearon, mataron y desaparecieron a civiles desarmados, según testimonios y documentación que registré en mis reportajes “Fueron los federales”, “Apatzingán: También fueron los militares” y en mi libro Crónica de un país embozado 1994-2018.

El caso de Apatzingán revela la dimensión de la violencia organizada que prevaleció durante el mandato de Cienfuegos. Esta representa el conglomerado de los intereses más oscuros del aparato de Estado, las paraestatales, las multinacionales y las mafias criminales, según la definió el periodista Sergio Rodríguez Blanco.

En Michoacán, Calderón y Peña Nieto dieron el banderazo, cada uno en su momento, de su estrategia de seguridad militarizada. Así convirtieron al estado en su laboratorio social sometido por la violencia organizada.

Tras el arribo de Peña Nieto, civiles de 34 municipios tomaron las armas como vía de autodefensa contra las mafias criminales expandidas, a través de la brutalidad, durante la militarización estatal de Calderón. Además de la producción y trasiego de drogas, estas se adueñaron de las cadenas de producción del aguacate, el limón y el mango de la región —con liderazgo mundial de exportación—, y traficaban ilegalmente cargamentos de hierro hacia el mercado asiático.

Peña Nieto respondió enviando 6,000 militares a la zona insurrecta y nombró a uno de sus cercanos, Alfredo Castillo, como comisionado de seguridad con facultades para regular el actuar de las autodefensas. Sin cortar las cadenas de complicidades institucionales con los criminales, ni declarar un estado de excepción, autorizó inconstitucionalmente a Cienfuegos para registrar 13,640 armas de las guardias comunitarias engañándolos con que, al hacerlo, podían usarlas legalmente.

Como reportera constaté la ira de comunidades contra militares que pretendían desarmarlas; el encarcelamiento de cerca de 400 autodefensas por portar el armamento registrado por el Ejército; la colocación de retenes castrenses a cientos de metros de otros controlados por criminales; la detención selectiva de líderes comunitarios durante operativos conjuntos, y el ataque militar contra la población de Ostula, que costó la vida a un niño de 12 años.

Sería injusto no decir que también consigné casos de genuina colaboración y defensa de los militares en las comunidades para evitar secuestros, desapariciones y ataques delictivos.

La matanza de Apatzingán fue la culminación de dos años de la estrategia militarizada para sofocar el levantamiento civil contra la violencia organizada. El grupo de autodefensas atacado, que realizaba un plantón afuera del palacio municipal en denuncia del acoso criminal, había sido creado por Castillo para perseguir a los líderes de la mafia en la sierra inhóspita donde se traficaba ilegalmente hierro.

A Castillo este grupo le fue útil hasta que se opuso a su desarticulación y denunció que las mafias seguían intocables. Recogí testimonios de sobrevivientes de este ataque que señalaban la confrontación previa que mantuvieron con el Ejército porque este resguardaba comunidades aisladas en la sierra, en las que estaban refugiados jefes e integrantes de las organizaciones criminales.

Tras la matanza, Cienfuegos premió al mando responsable de la 43 Zona Militar en Apatzingán. El general Miguel Ángel Patiño Canchola fue ascendido a general de división y trasladado al frente de la XII Región Militar con sede en Irapuato, Guanajuato.

En agosto de 2019 se dictó prisión a seis policías federales por la matanza de Apatzingán, pero a ningún militar.

Si Cienfuegos no es juzgado en México por crímenes de lesa humanidad, entre estos por la matanza de Apatzingán, el Estado mexicano seguirá perpetuando la impunidad con la que la institución ha actuado históricamente. No olvidemos que los militares han estado presentes, directa o indirectamente, en las grandes represiones y tragedias de derechos humanos vividas en el país a lo largo de un siglo.

Leer más: