Alejandra S. Inzunza y José Luis Pardo son fundadores de la productora Dromómanos y coautores del libro ‘Narcoamérica’.

En 1914 Estados Unidos prohibió la cocaína y los opiáceos. En los años 30, recién derogada la Ley Seca, criminalizó la marihuana. En 1971 el entonces presidente Richard Nixon declaró a las drogas “el enemigo público número uno”. La década siguiente, el presidente Ronald Reagan enarboló el mensaje de que eran una amenaza para la seguridad nacional. Durante el último siglo el prohibicionismo estadounidense se convirtió en la guía para tratados internacionales y políticas internas de casi todo el mundo. Ahora la mayoría de los habitantes del país que inició la guerra contra las drogas vive bajo leyes que regulan algún tipo de uso de la marihuana. Es absurdo que América Latina, la región que ha sufrido las peores consecuencias, siga anclada en la prohibición.

El 3 de noviembre la ciudadanía de cinco estados de Estados Unidos votaron a favor de diferentes regulaciones del cannabis. Con ello ya son 15 —más la capital, Washington— con una despenalización integral y 35 sobre uso medicinal. Oregon, además, se convirtió en el primer estado en despenalizar el consumo y posesión de pequeñas cantidades de todas las drogas ilegales. En la noche electoral, que se convertiría en días de división e incertidumbre, hubo una certeza: las y los estadounidenses votaron no a la prohibición. Otra vez.

Desde que en 1996 California aprobó el uso medicinal del cannabis para algunos pacientes, las urnas han ido refrendando el cambio de la opinión pública: a finales de los 60, solo 12% de estadounidenses estaban a favor de que la marihuana fuera legal; a principios de este siglo, 30%; y este año, 68%.

En América Latina, sin embargo, las reformas políticas han sido lentas y escasas. Solo Uruguay ha regulado el uso recreativo de la marihuana y otros siete países el uso medicinal. Estos pequeños pasos son diminutos en comparación con el continuismo de unas políticas que, en nombre de la lucha contra las drogas, han contribuido a que millones de latinoamericanos vivan bajo la gobernanza de la violencia.

La semana pasada el Senado de México aprobó la regulación de la marihuana recreativa. En un país marcado por 14 años de guerra contra el narcotráfico, fue una decisión histórica. Pero esta ley, aún pendiente de aprobación y de posibles cambios en la Cámara de Diputados, no está a la altura de la urgencia. En México se despenalizará la marihuana sin abandonar la visión punitiva. Los derechos de los consumidores y cultivadores, los eslabones más débiles de la cadena del mercado, seguirán en entredicho. Las penas administrativas y hasta penales por posesión simple continúan e incluso en algunos casos se podrían equiparar a las sentencias por narcotráfico. Tampoco se han puesto los suficientes candados para que sean los campesinos, protagonistas del sufrimiento mexicano de las últimas décadas, quienes refloten su economía en vez de que grandes industrias y empresarios se apropien de la mayor parte de un negocio millonario.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, además, ha profundizado la militarización: la misma estrategia de gobiernos anteriores que ha sido parte fundamental para que México viva los años con más homicidios de su historia moderna. Las autoridades tampoco han ofrecido ningún apoyo para los miles de cultivadores de amapola a los que la caída del precio del opio les ha dejado sin sustento en medio de un abandono estructural del campo. El tiempo dirá si esta ley es el principio de una nueva política de drogas o un pequeño desvío en el camino de la mano dura y el prohibicionismo.

Colombia, un país en el que México siempre se refleja por su historia de narcotráfico, va algunos pasos por detrás. La propuesta de ley sobre la regulación del cannabis se ha archivado. El pasado agosto se presentó en el Congreso un proyecto sobre la regulación de la cocaína y de la planta de coca. La iniciativa fue la primera en el mundo, pero parece que tampoco prosperará. El gobierno de Iván Duque pretende reiniciar las aspersiones con glifosato sobre los cultivos ilícitos, una medida que se detuvo en 2015 por los nefastos efectos para la salud que ocasiona este herbicida. En los últimos años los sembradíos de coca han vuelto a aumentar y el mercado ilegal sigue siendo una de las principales fuentes de financiación para los grupos armados que, entre otras cosas, este año han asesinado a más de 250 líderes sociales por defender los recursos y derechos de sus comunidades.

El Triángulo Norte de Centroamérica —Guatemala, Honduras y El Salvador— sigue en el más absoluto inmovilismo. Uno de los ejemplos más claros sobre sus consecuencias es la Mosquitia hondureña, una región donde, en la guerra civil, los grupos contrainsurgentes traficaban con droga. Hoy en esa región siguen proliferando las pistas de aterrizaje clandestinas para el transporte de cocaína.

La historia nos ha enseñado que las políticas de drogas dentro de Estados Unidos tienen repercusiones mundiales, pero al menos hay dos motivos por los que el efecto dominó no está siendo el mismo a la hora de regular que a la hora de prohibir. El primero es que todas las regulaciones en Estados Unidos son estatales, la prohibición sigue siendo la única norma a nivel federal. El segundo es que fuera de su territorio tiene la misma posición que durante el último siglo: control político por medio del uso de la fuerza.

Esto ha sido así independientemente de quién haya sido el inquilino en la Casa Blanca. La esperanza con la salida de Donald Trump es que Estados Unidos sirva como fuerza de oposición en vez de como paraguas para la deriva populista mundial. Pero no hay ningún indicio para pensar que la política de drogas hacia el exterior cambiará con la nueva administración. El presidente electo, Joe Biden, presumió durante la campaña de su apoyo incondicional al Plan Colombia, uno de los hitos históricos de la guerra contra las drogas.

Por todo esto es necesario un cambio desde América Latina. El doble rasero estadounidense sirve para agregar el absurdo y la hipocresía a los argumentos para poner fin al prohibicionismo, pero los problemas de nuestra región exigen una voluntad propia que impulse leyes adaptadas a nuestros contextos. No es una cuestión ideológica. Lo único que se pide a los gobiernos es que abandonen una política que ha demostrado sus fracasos una y otra vez.

La guerra contra las drogas siempre ha sido una decisión política que poco tiene que ver con las drogas. El discurso de Nixon es un símbolo de una realidad que no se entiende sin la Guerra Fría, Vietnam o el auge de las guerrillas comunistas en “el patio trasero” de Estados Unidos. Nadie dará por acabada esta supuesta guerra de un día para otro. Pero cuando los ciudadanos del país que ha marcado la tendencia mundial en materia de drogas han dicho que quieren un nuevo rumbo, es el turno de que a este lado de la frontera haya un debate serio sobre un cambio en las políticas que han marcado trágicamente nuestro último medio siglo. Es hora de emprender la regulación de las drogas en América Latina.

Leer más: