Alberto Pradilla es reportero en el sitio ‘Animal Político’ de México y autor del libro ‘Caravana: cómo el éxodo centroamericano salió de la clandestinidad’. Jennifer Avila Reyes es directora del sitio ‘Contracorriente’ en Honduras.

“En enero agarramos viaje”. La frase se escucha en colonias del norte de Honduras, la zona más golpeada por los huracanes Eta y Iota en las últimas semanas. El desastre natural se ceba con un país y una región desoladas. A la violencia, la pobreza y la ineficiencia del Estado se le une la devastación: casas, campos y fábricas anegadas. Cuando el agua baje y emerjan las infraestructuras precarias, muchas de las familias desplazadas no tendrán lugar alguno al que regresar.

Esto se une a la larga lista de razones para migrar. Hasta ahora, los que marchaban con destino a Estados Unidos, a través de México, lo hacían por dos motivos principales: la violencia y la pobreza. Muchas de las familias que hemos visto en los últimos días, subidas a los techos de sus casas, como pequeñas islas superpobladas en mitad de la catástrofe, son las mismas que en los próximos meses se pondrán en ruta hacia el norte.

Desde hace años, organizaciones ecologistas vienen advirtiendo sobre una nueva ola de migraciones provocadas por el cambio climático. Puede que este sea un ejemplo claro. En lo que llevamos de año se registraron cuatro huracanes y más de 30 tormentas tropicales: un récord para la región. Mientras se aborda la reconstrucción, que se encontrará con obstáculos estructurales como la ineficiencia del Estado y la corrupción, es posible que miles de personas viajen hacia Estados Unidos.

Al presidente electo de ese país, Joe Biden, le corresponderá tomar medidas ante esta situación para asegurar que los migrantes centroamericanos no queden, aún más, en el abandono.

Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, pidió ayuda internacional para hacer frente a la “calamidad”. Pero dos días antes de la llegada de la primera tormenta, su gobierno todavía invitaba a los ciudadanos a vacacionar para reactivar la economía. No solo la naturaleza es responsable de la tragedia.

Jimmy Girón, de 25 años, es uno de los hondureños que está pensando en migrar. Reside en Chamelecón, uno de los sectores más poblados y estigmatizados de San Pedro Sula, por ser una colonia popular y con presencia de pandillas. No ha regresado a su casa desde que Eta llegó a Honduras. El 5 de noviembre lo pasó atrapado con su abuela enferma mientras el agua subía. “Nadie fue por nosotros, todos allí nos salvamos solos cuando el río bajó”, explica.

En Chamelecón, como en muchos otros barrios centroamericanos, migrar es una rutina que pasa de padres a hijos. El de Jimmy acumula tantos intentos de llegar a Estados Unidos que hasta perdió la cuenta. No tuvo suerte y siempre fue deportado. A pesar de conocer de primera mano los riesgos, el joven no deja de pensar en la opción de hacer las maletas. La derrota electoral del presidente estadounidense, Donald Trump, podría ser también un aliciente ante la idea de que la xenofobia sea desalojada de la Casa Blanca. Sin embargo, no se fía. “No creo que un nuevo gobierno (en Estados Unidos) nos haga más fácil migrar, de hecho pueden traer ideas nuevas para evitarlo”, dice.

En Honduras al menos 91 personas murieron (el Ejército eleva la cifra a las 125) y se registraron casi dos millones y medio de damnificadas por los dos huracanes que se convirtieron en tormentas. Para medir el alcance de la tragedia: dos de cada diez hondureños fueron afectados de algún modo.

La situación es similar en toda la región: Iota y Eta arrasaron con amplias zonas de Nicaragua, Guatemala y el sur de México. Honduras cerrará 2020 con una pérdida de 10 mil millones de dólares, lo que equivale a 50% del Producto Interno Bruto del país, debido al COVID-19 y los desastres naturales.

Hace 22 años, el huracán Mitch ocasionó, solo en Honduras, 7,000 muertes, 8,000 desaparecidos y 4.7 millones de afectados; destruyó 189 puentes, 8,600 kilómetros de carreteras y arrasó con 70% de las plantaciones agrícolas, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. En aquel momento también Guatemala y Nicaragua fueron duramente golpeados. Aquella tragedia marcó un punto de inflexión en la migración moderna hacia Estados Unidos.

Tras Mitch, el gobierno estadounidense de Bill Clinton decidió incorporar a Honduras y Nicaragua dentro del Estatus de Protección Temporal (TPS, por su sigla en inglés), un mecanismo legal creado en 1990 para personas de países que sufren las secuelas de conflictos armados y fenómenos naturales. En 2001, con George W. Bush en la Casa Blanca, se sumó El Salvador, que acababa de sufrir dos brutales terremotos. Con aquel estatus, los centroamericanos pudieron tener un permiso de trabajo, viajar al extranjero y estar protegidos de la deportación. Fue Trump quien le puso fin, alegando que las condiciones en Centroamérica habían mejorado. Sin embargo, ese argumento se demostró falso. La infraestructura quebrada por Mitch no terminó de reconstruirse y los asesinatos se dispararon hasta el punto de convertir a la región en una de las más violentas del mundo, con tasas de homicidios superiores a las de países en guerra.

Biden deberá afrontar el previsible incremento migratorio provocado por los desastres naturales. El nuevo presidente estadounidense llega cargado de un buen discurso pero su pasado no es tan confiable: fue vicepresidente con Barack Obama en la administración que más extranjeros ha deportado, por encima incluso del gobierno de Trump. Es de esperar que despliegue una política que le permita diferenciarse de su antecesor. Otra cosa será ver hasta dónde está dispuesto a flexibilizar las políticas hacia migrantes y solicitantes de asilo.

Sobre el terreno, decenas de miles de afectados, como Jimmy Girón, deben aguardar a que baje el agua y tratan de salvar lo poco que puedan del lodo. Las aguas estancadas pueden ser foco de brotes de enfermedades y durante estos días, los damnificados vivieron como si el COVID-19 no existiese, hacinados en albergues y expuestos al virus. Además, la mayoría ha perdido su modo de subsistencia y no hay planes para su recuperación.

Hay un debate pendiente sobre la protección hacia las víctimas de la crisis climática. Mientras tanto, se pueden tomar decisiones que salven vidas. Biden debe volver a abrir el TPS para incluir a los países centroamericanos. En previsión a la llegada de migrantes y solicitantes de asilo a los que los huracanes arrebataron todo, poner fin al “Protocolo de Protección de Migrantes” que los obliga a esperar en México a que un juez resuelva su caso. Garantizar la acogida a las víctimas de la catástrofe es un primer paso para demostrar que las políticas inhumanas de Trump han quedado atrás.

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