María Florencia Alcaraz es periodista especializada en temas de géneros y derechos humanos. Vive en Argentina y es una de las directoras de LATFEM.

La caza de brujas de ayer es la persecución penal de la justicia patriarcal de hoy. Ya no ardemos en el fuego, ni somos mutiladas, pero el encierro es un castigo y un disciplinamiento ampliamente tolerado que pesa con mayor fuerza sobre determinados cuerpos e historias de mujeres, ya sean heterosexuales, lesbianas, y/o trans. ¿Cuántas inocentes, en este mismo momento, están presas o son perseguidas por abortar, por eventos obstétricos o por no cumplir con los mandatos imposibles de la maternidad? ¿Cuántas son juzgadas bajo prejuicios de género por defenderse de un abusador o de una violación? No lo sabemos. Conocemos estas historias de detenidas inocentes cuando los feminismos acompañan su visibilización, pero no tenemos una dimensión real. “Malas mujeres”, y en general, “malas madres”, que son encerradas como forma de ajustar aquello que no se amolda a los estereotipos de buenas, sumisas y frágiles.

El caso de la mujer argentina María Ramona Ovando es la muestra de cómo opera el poder judicial patriarcal. Según el libro María Ovando, una lucha por justicia de la Comisión de Género del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), Ovando sobrevivió a los golpes de cable trenzado que le daba su papá, la falta de comida en Misiones, su provincia natal, y la tortura a la que la sometía su primera pareja, a quien la entregó su padre cuando tenía nada más que 13 años. El maltrato le dejó marcas en la piel y el cuerpo. Parió 12 veces en 21 años. Su primera hija la tuvo cuando todavía era una niña. Nunca tuvo un trabajo formal. Fue empleada doméstica y tarefera (cosechadora de yerba mate). Aún embarazada picaba piedras a cambio de vales de comida para que sus hijos e hijas tuvieran alimento.

En la historia de esta mujer de 46 años se intersectan múltiples formas de violencia machista: el abuso sexual en la infancia, la maternidad adolescente, el maltrato físico, las violencias económicas estructurales y la ausencia estatal. Sin embargo, un único episodio de su vida vinculado a la maternidad alcanzó para aplastar ese historial de violencias, su condición de víctima y borrar el contexto en el que vivía. La muerte de su hija de tres años por desnutrición en 2011 la convirtió en una mala mujer, una mala madre para siempre, ante la mirada del poder Judicial patriarcal. El Estado que no la había acompañado ni ayudado nunca, que ni siquiera había registrado a sus criaturas, apareció con todo su poder punitivo para castigarla. La juzgaron por abandono de persona agravado por el vínculo, una figura que llamativamente se utiliza en la mayoría de los casos contra madres pobres. Pasó 20 meses presa y solo la absolvieron cuando el movimiento feminista comenzó a visibilizar su caso.

La reparación empezó a aparecer como una posibilidad cuando el Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género, la acompañó en una causa civil contra el Estado por daños y perjuicios por el tiempo que pasó presa de manera injusta. Pero el poder punitivo arremetió con un nuevo castigo. Esta vez la juzgaron y condenaron por no haber hecho lo suficiente para evitar el abuso sexual de dos de sus hijas.

No está claro ni cómo ni cuando fueron los abusos, pero el Tribunal Penal 1 de Eldorado la condenó a 20 años de cárcel por “haber permitido el abuso sexual y corrupción de dos niñas de su entorno familiar”.

Hace ocho años que Ovando sufre la persecución del poder Judicial de Misiones. “¿Por qué soy responsable de todo lo malo de este mundo?”, se preguntó, según el colectivo de comunicación Tierra Roja, cuando conoció la sentencia. Su nieta se descompensó. No pudo abrazar a su hijo. Se la llevaron directo al penal.

En tiempos de efervescencia feminista nos siguen juzgando bajo mandatos atávicos. Existe un modelo inalcanzable de maternidad que plantea un desempeño ideal que, en la mayoría de los casos, no coincide con la realidad, con los recursos económicos, sociales y culturales que tienen la enorme mayoría de las madres de la Argentina y la región. En especial, la presunción de inocencia no existe cuando se trata de situaciones relacionadas con la concepción, el embarazo, el parto y la maternidad. Todas deben ser madres a como dé lugar. Al revés de como debería ser: todas las que no cumplen con ese modelo ideal son culpables hasta que se demuestre lo contrario.

Este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Ovando lo pasará encerrada en una celda de la Unidad 5 en Villa Lanús, lejos de sus hijas e hijos, a más de 250 kilómetros de su lugar de residencia. Contaron sus abogadas en una conferencia de prensa que la tuvieron aislada, con el protocolo COVID-19, como excusa en una habitación sin ventilador en una provincia donde el termómetro supera los 40 grados celsius. En este día, y todos los días, la libertad de mujeres como María Ramona Ovando es nuestra causa. Porque una vida libre de violencias no es posible si nos faltan las presas.

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