Enrique Naveda es coordinador general de 'Plaza Pública’ en Guatemala.

En diversas ciudades de Guatemala, miles salieron el sábado 21 a las calles a protestar. En su mayoría lo hicieron de forma pacífica, pero un incendio en un ala del Congreso, en la capital, desató una represión policial indiscriminada, y grupos de manifestantes respondieron con enfrentamientos esporádicos y tensión constante.

El día terminó con 22 heridos y dos jóvenes perdieron un ojo por bombas lacrimógenas de la Policía. Hubo 37 detenidos, de los cuales al parecer todos menos uno están en libertad, porque la Fiscalía no pudo acreditar ningún delito. De haberse aprobado ya una propuesta de ley del Ejecutivo, podrían haberlos acusado de terrorismo.

La liberación cimenta la idea de que las detenciones fueron arbitrarias y reflejan el autoritarismo de un Gobierno que apenas en septiembre golpeó y encarceló durante horas, sin evidencia, a un periodista crítico.

El presupuesto nacional 2021, que fue aprobado alevosamente al amanecer del miércoles por los congresistas, y la negativa del presidente Alejandro Giammattei a vetarlo —incluso contra la recomendación pública de su vicepresidente— fueron la causa directa de las protestas. El Congreso decretó medidas y prioridades —recortes en salud, educación y justicia, e incrementos en obras y comidas para los diputados— que se alejan del sentir de un país endeudado, zarandeado por una pandemia y dos huracanes, e irritado por el cinismo de sus autoridades.

Pero esta explicación es tan parcial como atribuirle a un paro cardíaco la muerte de alguien que sufre inanición. En buena medida, el latido del fin de semana es el mismo que el de las masivas protestas de 2015: la frustración contra una lógica ominosa de hacer política que abarca casi todas las esferas del Estado, empezando por el poder Legislativo.

Así, la protesta del sábado es hija de las que hace cinco años impulsaron la renuncia del entonces presidente y su procesamiento por corrupción. Ese día, parte de los manifestantes estaban en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio Nacional y a unos metros de la Casa Presidencial. Pero alrededor de un millar se dirigió al Congreso, responsable directo de aprobar el presupuesto pero, sobre todo, la institución estatal más desprestigiada, símbolo primordial del sistema de privilegios, leyes a medida y favores mutuos que convierten a Guatemala en uno de los países con mayor desigualdad y pobreza de América Latina.

La manifestación que se extendió hasta el Legislativo entronca con la que en 2017 llevó a miles a sitiar el edificio, con los diputados dentro, para que revocaran el “Pacto de corruptos”, una reforma del Código Penal aprobada por una alianza multipartidista con el fin de atenuar delitos que amenazaban a muchos políticos pero que, en un mal cálculo, hubiera excarcelado a un alto porcentaje de criminales.

Las alianzas legislativas de este primer año de gobierno de Giammattei, encarnadas en la Junta Directiva y simbolizadas por diputados que Estados Unidos ha vetado por corrupción, son parte de una serie de hechos políticos que comenzó en 2016 para expulsar definitivamente a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, evitar la candidatura presidencial de la exfiscal general Thelma Aldana —quien encarceló a varios expresidentes y ahora vive proscrita en Estados Unidos—, desterrar la lucha contra la corrupción, debilitar los medios de comunicación independientes, desmantelar el acceso a la información pública y someter a cualquier institución que les impida actuar a su arbitrio. Y aún están en lucha contra la Corte de Constitucionalidad.

Giammattei, auspiciador o rehén de esta alianza, ha evitado entender lo del sábado como una manifestación espontánea de frustración ante una política corrupta y un gobierno errático y gritón.

El presidente apareció el domingo 22 con un comunicado que apuntaba a donde nadie esperaba: invocando la Carta Democrática Interamericana de la Organización de los Estados Americanos, aduciendo “actos de violencia sistemática contra las instituciones” con los que, según él, “grupos minoritarios buscan forzar un verdadero golpe de Estado”, y apelaba al diálogo.

Si queda poco claro a qué se refería con “violencia sistemática”, dado que los únicos ataques conocidos se limitan al incendio del Congreso y al intento de quema de un monumento acaecidos un día antes, menos claro es de dónde va a extraer fuerza para el diálogo un gobernante cuya popularidad ha caído de 56 a 30 puntos en los diez meses que lleva en el gobierno, y que ha dinamitado los puentes al punto de que su propio vicepresidente, Guillermo Castillo, le propuso el viernes 20 una dimisión conjunta por el bien del país.

Giammattei ha convocado a un pequeño grupo de organizaciones a discutir el presupuesto y plantear opciones más realistas y mejor enfocadas. La alianza oficialista en el Congreso niega haber cometido errores, pero ha prometido desechar la ley aprobada, en un movimiento cuya legalidad está en disputa.

Algunas organizaciones sociales han llamado a realizar nuevas protestas. Ya no les basta con las exigencias iniciales de un mejor presupuesto para 2021, o la destitución del ministro de Gobernación y el jefe de la Policía, pero todavía no se ha concretado con claridad cuáles serán las nuevas.

Hasta el momento, la sociedad está dividida ante lo sucedido. Una parte ha reaccionado más con indignación por el incendio del Congreso que por la brutalidad del gobierno.

Otra porción está entre el pacifismo, la defensa del Parlamento como símbolo democrático, y dos dudas: si ese símbolo no es ya tan solo un amontonamiento de piedras o, peor, un emblema de la sumisión a las mafias; y si le quedan formas efectivas de defender sus derechos.

Hay una tercera, que no parece mayoritaria, pero que ha crecido: los que están desesperados y creen que no hay equivalencia posible entre un conjunto arquitectónico y las miles de vidas arrasadas cada año por la corrupción.

Esa es una diferencia esencial con las manifestaciones de años anteriores. Algunos asistentes a ellas me destacaron ese detalle: percibían y sentían mayor rabia, una desbordada; no desconfianza, sino animadversión hacia los representantes del Estado.

Años de protestas pacíficas frustradas, humillaciones y brutalidad policial les hacían sentir impotentes y les habían despertado algo distinto: ganas apenas contenibles de romper cosas. Eso lo ha notado el establishment, y por eso pide diálogo.

Pero no ha empezado bien para el presidente. Dos de los centros de análisis invitados al debate técnico del presupuesto renunciaron a asistir, después de haber aceptado, al ver que el Gobierno había modificado la agenda sin consultarlos.

Nadie sabe bien lo que pasará después de este primer estallido. Pero es probable que sin un cambio radical e inmediato en la forma en que se hace política, la furia siga creciendo.

Leer más: