Laura Castellanos es reportera feminista mexicana que escribe sobre subversión social, autora del libro ‘Crónica de un país embozado 1994-2018’.

La marcha del 25 de noviembre en la capital mexicana, que conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y fue replicada en otros lugares del país, comprendió un abanico de expresiones que fueron de las pacíficas a las radicales con destrozos, como parte de la mayor rebelión feminista en la historia de México y una de las más notables en el mundo.

La beligerancia mostrada por algunas de las manifestantes es una respuesta desesperada, de contrataque simbólico, ante la crisis humanitaria provocada por la violencia patriarcal incrementada en la última década. En estos meses las mexicanas no solo han tomado las calles para protestar, también —cada vez más— han recurrido a la apropiación de instalaciones educativas y gubernamentales como mecanismo de exigencia para que cese dicha violencia.

De enero a octubre de 2020 se han registrado 777 feminicidios y 2,384 homicidios dolosos de mujeres, que representan la cifra más alta —hasta ese mes— en los últimos cinco años. Desde 1964, cuando inició el registro oficial de la Comisión Nacional de Búsqueda, han desaparecido 19,767 mujeres, de las cuáles 55% son menores de 18 años. Karla Quintana, la titular de la institución, ha advertido que hay un indicador “escalofriante” que revelaría que mafias de trata sexual pueden estar detrás, porque 90% de las menores tienen entre 10 y 17 años.

Esta insurrección surgió en agosto de 2019, cuando mujeres manifestantes que protestaban contra agresiones policiacas, de forma inédita y a la luz del día, realizaron acciones directas: actos fuera de la institucionalidad o legalidad, algunos violentos, usados por movimientos emancipadores para confrontar el orden social. Estas acciones han comprendido cristalazos, pintas, cierres de vialidades, quema de objetos, y la toma de instalaciones escolares y gubernamentales, entre otros.

La potencia de tal levantamiento ha sido la emergente cuarta ola feminista mexicana, multiplicada por medio de decenas de colectivos, llamados por ellas colectivas, que desde distintos frentes en el país confrontan las diversas violencias patriarcales y pretenden construir relaciones de género nutridas por la sororidad.

Para las estudiantes, las tomas de instalaciones han sido la acción directa central como mecanismo de exigencia para erradicar el acoso sexual por parte de maestros y alumnos. Las precursoras fueron las universitarias de las facultades de Filosofía y Letras, y de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes permanecieron cerca de un semestre al interior de los planteles.

La modalidad se replicó entre estudiantes de otros estados del país y alumnas de nivel medio superior de la capital, aun durante la contingencia sanitaria por el COVID-19, lo que ha obligado a la burocracia académica, señalada por los colectivos feministas de encubrir a acosadores, a responderles. En algunos casos, la respuesta ha sido el encubrimiento o la cárcel en casos de destrozos, pero también las negociaciones exitosas.

Esta vía salió del ámbito escolar y ha puesto en escena a nuevas actoras sociales, como las madres que tomaron las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en Ciudad de México, para presionar por la resolución de los casos de sus familiares víctimas de violencia y convertir el lugar en un refugio para mujeres violentadas. Pero 13 de las activistas han sido citadas a declarar a la Fiscalía General de Justicia capitalina acusadas de robo, daño a propiedad ajena y daño a inmuebles.

Yesenia Zamudio, una de las madres que participaron en la toma, logró presionar por el caso de su hija María de Jesús Jaimes, para que fuera reclasificado de “suicidio” a feminicidio. También obtuvo una disculpa pública por parte del gobierno federal y las autoridades del Instituto Politécnico Nacional, donde la joven estudiaba.

La acción directa motivó a otras mujeres a replicarla, de manera simbólica o fugaz, en oficinas de derechos humanos de diversos lugares del país. Y aunque las que irrumpieron en la sede de Ecatepec, Estado de México, fueron desalojadas por la Policía, que las trasladó a la Fiscalía de Atizapán y atacó a otro grupo de feministas y de reporteras que esperaban al exterior, esa forma de lucha no ha sido suspendida.

Un centenar de otomíes, la mayoría mujeres y menores de edad, tomaron las instalaciones centrales del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, también en la capital, tras denunciar que la violencia institucional obstaculiza su proceso de solicitud de créditos para viviendas y protestar por los ataques paramilitares a comunidades zapatistas en el estado de Chiapas. Se trata de la primera apropiación de una sede federal en la historia de las resistencias de los pueblos originarios.

De igual forma sorprende que esta modalidad haya irrumpido, el 24 de noviembre, en el conservador estado de Puebla. Colectivos feministas, la mayoría integrados por universitarias, han tomado pacíficamente las instalaciones del Congreso local para exigir la instalación de una mesa de negociación que de cauce a la legalización del aborto y la aplicación efectiva del mecanismo de Alerta contra la violencia de género.

Ante esta crisis, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha respondido con recortes que han aumentado la vulnerabilidad de las mujeres. Integrantes de 116 organizaciones del Frente Feminista Nacional, con presencia en 25 de las 32 entidades del país, denunciaron que la política gubernamental hacia las mujeres ha sido clientelar ­­ —generalmente entregada de forma directa y no comunitaria— y para cubrir necesidades básicas, no enfocada en cambiar la situación estructural, lo que en su opinión ha hecho retroceder las condiciones sociales de las mujeres a las que tenían en los años setenta.

Las integrantes del Frente señalaron además que la reducción de recursos para programas de atención de cáncer en las mujeres, salud sexual y reproductiva, y prevención y atención de las violencias de género, entre otros impactos, provocará más muertes.

El Instituto Nacional de las Mujeres rechaza esas afirmaciones al señalar que el gobierno duplicará los recursos en programas de igualdad entre hombres y mujeres en el presupuesto de 2021, pero reconoce que ha habido desaparición de programas y que su resignación presupuestal aún deberá verificarse.

Ante la inmovilidad del Estado para hacer frente a la crisis humanitaria por la violencia de género, tomar el espacio público para protestar y apropiarse de los edificios, se ha convertido en la última alternativa de las mexicanas para exigir su derecho a una vida libre de violencia, al aborto seguro y a la justicia social.

Nota del editor: En una versión previa se señalaba que había 35,968 mujeres desaparecidas desde 1964.

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