Nacho Lozano es reportero y presentador de noticias en televisión y radio en México. Es autor de los libros ‘Mariguana a la mexicana’ y ‘El priista que llevamos dentro’.

La sociedad civil en México exigía —y sigue exigiendo— regular el consumo de la marihuana, pero el Senado optó por votar una simulación. La reciente aprobación de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis por parte de un Senado timorato, mal informado, conservador y torpe, no hizo prevalecer los derechos de quienes usan productos derivados del cannabis y, por el contrario, avaló que sean considerados criminales.

Aún falta que esta ley sea aprobada en la Cámara de Diputados, por lo cual aún hay tiempo de corregir los errores antes del 15 de diciembre. Al Senado no le importó el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, por medio de una serie de amparos, pidió al Congreso legislar a favor del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Será entonces en la Cámara de Diputados donde se pueda dar la pelea por una regulación en serio.

Es una vergüenza que Canadá y Estados Unidos, los dos socios de México en el tratado comercial T-MEC, sí estén regulando los usos médico y lúdico de la marihuana, mientras que en México aún existe una prohibición que ha generado, desde hace décadas, una violencia inaudita.

Esos países ponen las libertades, los derechos, la ciencia y las ganancias fiscalizables por delante, y México sigue poniendo los muertos y la violencia que genera la guerra contra las drogas, al criminalizar y estigmatizar a quienes participan en la cadena de consumo cannábica. Por esa razón, el mercado negro se sigue fortaleciendo.

Si la Cámara de Diputados avala esta ley, se aprobarán aberraciones como la del gramaje que estaría permitido portar en las calles: 28 gramos en lugar de los cinco gramos actuales. Pero si un ciudadano lleva en sus manos de 29 a 200 gramos, será considerado como una falta administrativa por posesión simple. Llevar un gramo más de lo permitido por el Estado mexicano resultará entonces en una multa. ¿Y qué hará el policía que detenga en la calle a quien lleve esa cantidad: sacará una báscula para pesarlo? o, como sucede actualmente, ¿se recurrirá a la extorsión, las amenazas y la violación de derechos humanos?

Peor, si el ciudadano es detenido con más de 200 gramos y hasta 28 kilos, la pena administrativa se vuelve cárcel por posesión para narcomenudeo. Y de 28 kilos en adelante, el delito es narcotráfico. Al final, se seguirá criminalizado al usuario en un país donde es común que los policías, ministerios públicos o jueces encarcelen gente por delitos que no cometieron.

Una regulación en serio, fuera de una simulación, sería eliminar el delito de posesión simple. También, que ningún participante en la cadena de producción y consumo sea hipervigilado por el Estado, que la semilla de la planta no esté prohibida, que no se limiten productos medicinales y que, entre otras medidas en serio progresistas y transformadoras, los campesinos y productores de marihuana vivan en condiciones prósperas y sin temor.

Si el Estado mexicano no pone límites sobre cuántas golosinas se pueden producir, comercializar o comer en un hogar mexicano, tampoco debería hacerlo con la marihuana, la cual no causa los daños que sí provoca el abuso en el consumo del azúcar. Tan solo el año pasado, la diabetes provocó 31,000 muertes en el país, una tasa de 2.5 casos por cada 100,000 habitantes.

En México no prohibimos el consumo de la nicotina ni ponemos un límite en el consumo de cigarros, a pesar de que el tabaquismo provoca 60,000 muertes al año. Tampoco encarcelamos a quienes consumen o tienen cierta cantidad de alcohol, aunque el abuso de esta droga cause más de 5% de las muertes en el planeta.

Entonces, ¿por qué seguimos criminalizando a quienes usan la marihuana que, si bien no es inocua, nunca ha provocado una muerte por sobredosis? Debemos regular de la mano de la ciencia, con prevención, educación y libertades para que los ciudadanos estemos mejor informados y tomemos mejores decisiones sobre lo que consumimos.

También debemos procurar que sean los miles de campesinos —que sobreviven en situación de pobreza— o los productores mexicanos especializados en marihuana quienes puedan participar en su producción, en lugar de promover que sean empresas extranjeras que podrían crear nuevos monopolios.

En un país como México, en donde se han cometido más de 70,000 homicidios dolosos en los últimos dos años, es importante visibilizar a las víctimas de la guerra contra las drogas en las discusiones legislativas. También es vital escuchar a los científicos y académicos, quienes llevan años demostrando con evidencia que la marihuana es una droga que no merece su prohibición, y que el cannabis es una planta con más propiedades positivas que negativas.

Está en las manos de los diputados federales garantizar una regulación verdadera y no la aberración que se aprobó en el Senado. Hay que recordar que en la Cámara de Diputados hay una mayoría del partido oficialista, Morena, la cual ha señalado la necesidad de hacer una regulación a fondo.

Los ciudadanos, que somos quienes pagamos los sueldos de los legisladores, también debemos exigir que no se antepongan los prejuicios o la ignorancia a nuestros derechos, y que los servidores públicos hagan el trabajo que les encargamos en las urnas: velar por nuestra salud, por la paz social y por nuestra vida.

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