Estefanía Pozzo es periodista especializada en economía y finanzas. Vive en Argentina y es docente de la Universidad de Buenos Aires.

Cuatro días después de que la Cámara de Senadores de Argentina rechazara la interrupción voluntaria del embarazo en 2018, Liz, una mujer de 34 años y madre de un niño de dos, falleció luego de haber intentado abortar introduciendo un tallo de perejil en su vagina. Vivía en una zona pobre del conurbano bonaerense, en los suburbios de la Ciudad de Buenos Aires. Llegó al hospital con una hemorragia y una infección generalizada. Intentaron salvarla, le extirparon el útero, pero no lo lograron. Murió el lunes 13 de agosto de 2018.

Marzo de 2014. Belén, una mujer de 25 años, llegó a un hospital en la ciudad de San Miguel de Tucumán con dolor de estómago. En el hospital empezó con un sangrado que luego se transformó en un aborto espontáneo. Ella no sabía que estaba embarazada pero los médicos la acusaron de haber abortado un feto de 22 semanas. Su familia juntó unos pesos para pagarle el adelanto a un abogado que la sacara de la cárcel, pero el abogado terminó renunciando y ella se quedó con una defensora provista por el Estado que no le creía. El poder Judicial la condenó a ocho años de prisión por homicidio agravado por el vínculo. Belén pasó 29 meses presa hasta que la Corte Suprema de Tucumán ordenó liberarla. Recién en marzo de 2017 la declararon inocente. Esa absolución hubiera sido imposible si Soledad Deza, su última abogada, no se hubiera enterado de casualidad que en la cárcel tucumana había una joven condenada por haber tenido un aborto espontáneo y si, además, no se hubiera propuesto trabajar sin descanso (y sin cobrar un peso) para defenderla.

Esas son las consecuencias que tiene la penalización del aborto para las personas en situación de pobreza. Una de las consignas que se repite en las movilizaciones feministas de Argentina lo sugiere: “Las ricas abortan, las pobres mueren”. Y es que el acceso al aborto tiene una cara económica y, fundamentalmente, de clase social.

Desde el regreso de la democracia, en 1983, se calcula que murieron 3,040 mujeres, producto de complicaciones por abortos inseguros. En situaciones extremas, esto puede implicar la utilización de métodos muy riesgosos como la introducción de agujas de tejer u otros objetos en la vagina para producir la interrupción del embarazo. Algo parecido se puede decir sobre el acceso a la justicia: “Las ricas pagan abogados, las pobres pagan con la cárcel”. Las desigualdades económicas se cuentan en trayectorias de vida y, sobre todo, en los cuerpos de quienes no tienen recursos para afrontar los costos a los que las arroja la penalización.

Si bien no hay una cifra exacta sobre la cantidad de abortos que se hacen al año en el país, según una estimación realizada por el Ministerio de Salud de la Nación se realizan entre 370,000 y 520,000 abortos anuales. Esto significa entre 42 y 59 abortos por hora. Si esos abortos se realizan con medicamentos o algún otro método seguro, no tienen complicaciones. Pero si los métodos para interrumpir el embarazo no garantizan un piso mínimo de condiciones sanitarias, las complicaciones ponen en riesgo la vida de la persona. Por ejemplo: en 2018, cuando Liz decidió introducir en su vagina un tallo de perejil, una caja de misoprostol tenía un costo de 3,400 pesos en las farmacias de Argentina, según datos del Observatorio Nacional de Acceso al Misoprostol. En ese momento, el ingreso promedio de 10% de las mujeres más pobres del país era de 2,840 pesos. Aunque hubieran querido, alrededor de 1.16 millones de mujeres no habrían podido comprar el medicamento.

Las complicaciones derivadas de los abortos inseguros también tienen un alto costo de atención. Un estudio realizado por la economista Sonia Tarragona, subsecretaria de Medicamentos del Ministerio de Salud de la Nación, reveló que actualmente 75% de los abortos realizados fuera del sistema de salud requiere de algún tipo de atención posterior: 50.8% de las consultas son por abortos incompletos; 14.4% de los casos llegan al hospital con foco séptico; 7.2% con una hemorragia severa; 1.6% con un cuadro de sepsis; 1.1% con perforaciones y 0.4% con shock séptico. Atender todas estas complicaciones puede costarle al sistema de salud hasta un millón de pesos, entre dos y 10 veces más de lo que se gastaría si se legalizara la práctica. Como lo explica el estudio, en números, ese ahorro alcanzaría los 10,000 millones de pesos anuales, un monto equivalente al doble de lo que destina el Ministerio de Salud en un programa que provee medicamentos a 15 millones de personas, o “dos veces lo que invierte en el Programa Nacional de VIH”.

El acceso al aborto es, fundamentalmente, una cuestión de derechos humanos y de salud. Nelly Minyersky, una abogada de 91 años pionera de la lucha por la legalización del aborto en la Argentina, cerró su intervención en la Cámara de Diputados la semana pasada citando la reflexión de otra de las referentes históricas, Dora Coledesky: “Nuestra reivindicación no es solamente una respuesta a la muerte de las mujeres, es algo mucho más profundo que toca la igualdad, la democracia, la libertad”.

Es hora de que se reconozcan los plenos derechos ciudadanos de todas las personas con capacidad de gestar en la Argentina. Tener dinero no puede ser la única garantía de vida. El aborto seguro y el acceso a la salud no pueden ser un privilegio de clase.

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