Cecilia Ousset es especialista en tocoginecología de la provincia de Tucumán, Argentina, e integrante de la organización Salvemos Miles de Vidas.

Soy una doctora católica, madre de cuatro hijos y objetora de conciencia del aborto, que intenta conciliar su religión con la salud pública. Porque la realidad que yo vivo es que todas las mujeres abortan. Aborta la casada, la soltera, la católica, la judía, la atea. Abortan las que no usan métodos anticonceptivos y a las que les falló el método. Abortan las mujeres analfabetas y las que tienen títulos universitarios. La diferencia, sin embargo, está en las condiciones sanitarias bajo las cuales abortan. Y eso depende, siempre, de sus posibilidades económicas.

Vivo en la provincia de Tucumán, en Argentina, declarada provida por su legislatura y cuyo porcentaje de personas viviendo bajo la línea de pobreza es de 41.50%. Es un lugar donde los derechos reproductivos de la mujer no se aplican de manera uniforme, no está adherida a la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable y no tiene protocolo de la interrupción legal del embarazo. Es decir, es la tierra que le niega todas las herramientas a las mujeres; les niega educación; les niega anticoncepción; y cuando quedan embarazadas sin desearlo, les niegan la interrupción legal, incluyendo a las niñas violadas.

Bajo estas circunstancias se vivió en Tucumán el caso de Belén: una mujer que estuvo presa 29 meses por un aborto espontáneo. Su historia se publicó en el libro Somos Belén, de Ana Elena Correa. Sin embargo, no todas somos Belén, porque a la cárcel solo van las pobres.

Eso ha sido lo que he visto durante mi carrera. En mi consultorio privado, donde ejerzo hace 16 años, no llamé una sola vez a la policía. En cambio, en el hospital público, atendía con una al lado.

Yo también ejercí violencia obstétrica sobre mujeres que estaban bajo mi cuidado en el sistema público. Ejercí sobre ellas, sin duda alguna, un abuso de poder, exponiéndolas ante la policía, juzgándolas o interrogándolas de una manera cruel. Yo sé que no tengo redención ni tengo perdón. Pero tengo claridad de que fui parte del problema y que hoy lo busco solucionar.

Así me crucé con el caso de “Lucía”, una niña de 11 años proveniente de una zona rural, abusada y embarazada por su abuelastro de 65 años. Cuando Lucía se puso en contacto con el sistema de salud y fue declarada embarazada, dijo: “Quiero que me saquen lo que el viejo me puso adentro”. La niña estuvo en el hospital durante un mes en el que se retrasó y obstaculizó la interrupción, y en el que todos los profesionales de salud se declararon objetores de conciencia.

La realidad, sin embargo, parece haber sido otra. La fiscal penal de la provincia había emitido un oficio al hospital para que no se realice la interrupción. Es decir, se estaba torturando a una niña por orden directa de la Fiscalía de Homicidios. Cuando una jueza de familia ordenó la interrupción legal en un plazo perentorio de 48 horas, el Ministerio de Salud de la provincia tuvo que convocar efectores del sistema privado para el acto médico, porque nadie lo quería hacer en el público.

Hasta el día de hoy, los dos médicos actuantes, entre los que me incluyo, tenemos abierta una causa penal de investigación por homicidio agravado por la interrupción legal de “Lucía” con causal de violación y salud. No archivan nuestra causa. Se siguen gastando fondos públicos en un aborto no punible en una clara maniobra para disciplinar a todo el personal de salud por parte del estado provincial.

En este caso, yo, que iba de acompañante, terminé colaborando con el procedimiento médico a pesar de ser objetora. Continúo siendo católica y con mi fe intacta, porque, como lo veo, las creencias personales no pueden superar los derechos de las personas. Si un médico no está dispuesto a cumplir con la ley, no puede ejercer su profesión.

Hace unos días hablé con “Lucía”, quien logró su interrupción porque no se calló. Gritó hasta que la escuchó el estado y el mundo. En esta conversación, me dio un mensaje para los senadores que este 29 de diciembre decidirán sobre el proyecto de ley para legalizar el aborto en Argentina: “Deciles que cuando ellos dicen que el aborto no es legal, los médicos se confunden y creen que ningún aborto es legal y se enojan con nosotras, aunque seamos menores. Deciles que no tarden ni un solo segundo”.

Las mujeres instruidas hablamos de techos de cristal cuando no podemos acceder a puestos de poder en las empresas o en las instituciones públicas. Las personas gestantes más humildes, obligadas a parir una y otra vez, hablan de pisos pegajosos. No se atreven ni a soñar con educación y con empleos de calidad.

Debemos legalizar el aborto. Los médicos y las personas gestantes necesitamos leyes claras y regulación del gobierno. Necesitamos poder trabajar con tranquilidad. Pero, sobre todo, necesitamos poder velar por el bienestar de todas las mujeres. El obligar a niñas violadas a parir no es un hecho inocente. El no respetar los derechos reproductivos de las mujeres y obrar sobre sus cuerpos no es un hecho ingenuo. Si dominamos los cuerpos de las mujeres, dominamos sus futuros.

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