Gabriela Arguedas Ramírez es profesora de bioética en la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, especialista en propiedad intelectual y consultora internacional en derechos humanos.

El proceso de vacunación contra el SARS-Cov-2 ya inició en algunos países de América Latina. Sin embargo, el acceso seguro a ello para la mayor parte de la población de la región es algo que no ocurrirá hasta dentro de varios meses. Muchas personas incluso tendrán que esperar a 2022, pese al esfuerzo de la Organización Panamericana de la Salud por garantizar un mínimo de vacunación gratuita para 10 países de la región.

Esto significa que 2021 puede terminar pareciéndose mucho a 2020. Nuestro continente es, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la región con mayor cantidad de casos confirmados en el mundo. Cuatro países de América Latina se encuentran entre los 12 con más muertes, y un análisis de Amnistía Internacional pone a México y Brasil entre los países con más muertes de profesionales de salud en el mundo. Por otro lado, los largos periodos de confinamiento en lugares como Argentina y Perú hicieron poco para remediar las consecuencias del virus. La pandemia ha agotado los recursos humanos y materiales, y nos ha demostrado la fragilidad de nuestros sistemas sanitarios. Así, sin acceso a alguna de las vacunas aprobadas por una agencia sanitaria reguladora y sin medicamentos específicos que puedan curar los casos más graves de COVID-19, el futuro aún no es alentador.

Por esta razón, propuestas como la que planteó el Gobierno de Costa Rica ante la OMS en mayo de 2020, que consistía en crear un acervo de tecnologías, datos e información de todo tipo, que fuese útil en la atención de la pandemia, son fundamentales. El objetivo de la propuesta era que los titulares de los derechos de propiedad intelectual sobre esas tecnologías, incluyendo las vacunas o nuevos medicamentos, suspendieran de manera voluntaria esas barreras (es decir, los derechos de propiedad intelectual), para que ese conjunto de información tecnocientífica pudiera estar al servicio de todos los países, sin costo alguno o a un costo simbólico. De esta manera cada país podría haber puesto su sector científico-tecnológico a trabajar en la adaptación o mejoramiento de esas tecnologías para cubrir sus necesidades. Esto iba desde la producción de mascarillas hasta la fabricación de algún medicamento o implemento médico.

Lamentablemente, ni esta ni otras iniciativas similares planteadas por otros países de renta media y baja tuvieron éxito en la comunidad internacional. En una situación de emergencia generalizada, como es esta pandemia, el tiempo se cuenta en vidas.

En términos éticos, el principio de justicia y de protección del bien común nos exigen suspender, aunque sea temporalmente, cualquier barrera que enlentezca la respuesta óptima ante una crisis global como la producida por el COVID-19. Por esto, la resistencia de ciertos sectores y países frente a las propuestas que aseguren mayor equidad en la producción y acceso de tecnologías médicas para atender la pandemia ha sido criticada por varias organizaciones de derechos humanos y salud, entre ellas, la organización Médicos sin Fronteras (MSF).

Gavi, la alianza global para la producción de vacunas, lanzó el fondo multimillonario Gavi Covax Advance Market Commitment (AMC), para subsidiar la compra de las vacunas contra SARS-Cov-2 para países de bajos ingresos. El fondo tiene como objetivo acelerar la fabricación de vacunas a gran escala y distribuirlas según la necesidad, y no con base en la capacidad de pago.

Además de Gavi, se conformó con respaldo de la OMS la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) -COVID-19. Y si bien es una coalición más abierta y menos comprometida con agendas que podrían derivar en el “nacionalismo de las vacunas”, persisten dudas y críticas acerca del compromiso de la organización con políticas de equidad global. MSF publicó una carta abierta dirigida a la junta directiva de CEPI, solicitándole reafirmar sus compromisos de garantizar un acceso efectivo y equitativo a las vacunas producidas con sus fondos. CEPI realizó cambios en su política de acceso equitativo a vacunas, que no definen con claridad los términos sobre fijación de precios y las políticas de propiedad intelectual.

Tomemos en cuenta, además, que esta no será la última pandemia del siglo XXI. La globalización y la presión sobre los ecosistemas y las áreas silvestres están provocando cada vez más zoonosis, que pueden terminar en contagios de humano a humano, como sucedió con el SARS-Cov-2. Dadas estas circunstancias, América Latina debe preparase. Debe aprender de esta pandemia, que aún no acaba. Una de las principales lecciones es que sin ciencia y sin justicia no se puede responder exitosamente a una crisis tan severa. La justicia se debe exigir en todos los niveles, incluyendo justicia en el acceso al conocimiento y la tecnología. La situación de dependencia científico-tecnológica en la que se encuentra gran parte de nuestra región profundiza nuestra vulnerabilidad ante una crisis sanitaria y nos coloca en una situación casi de indefensión.

Una demanda fundamental de justicia, que debe ocupar un lugar prioritario en la agenda de los Estados de la región, es levantar la discusión en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Organización Mundial del Comercio y la OMS, sobre los derechos de propiedad intelectual en momentos de pandemia. Urge la creación de un mecanismo mucho más expedito que las licencias de emergencia previstas en los tratados bilaterales de libre comercio como el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana o el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

América Latina cuenta con especialistas de alto nivel en el campo de la bioética, la ciencia, la tecnología, los derechos humanos y la propiedad intelectual, quienes podrían unirse para preparar una propuesta común que contemple un mecanismo para suspender temporalmente los derechos de propiedad intelectual sobre medicamentos, vacunas y otras tecnologías médicas, que sean de uso indispensable en una pandemia.

Levantar los obstáculos legales para hacer fluir la información que los países necesitan para movilizar sus propios recursos científico-tecnológicos es indispensable para salir de la situación en la que el COVID-19 ha dejado a la región.

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