Ernesto Semán es profesor de historia en la Universidad de Bergen, Noruega. Su próximo libro es ‘Antipopulismo: una historia argentina’ (mayo de 2021, Siglo XXI editores).

La ilusión de que Estados Unidos puede ejercer un liderazgo regional anclado en la virtud, el progreso y la superioridad apenas energiza hoy a las derechas radicalizadas de América Latina. Esa es la mayor evidencia de que Joe Biden asume como el primer presidente pospanamericano de la historia. Sin embargo, el énfasis del mandatario entrante en la apertura comercial, la seguridad hemisférica y la corrupción como tropos de la relación con la región sugiere que las ruinas de aquel sueño muerto siguen siendo el ideario que nutre a los funcionarios de la nueva administración.

Aún antes de hacer nada, la llegada de Biden oxigenará una atmósfera viciada por los rasgos más crueles e inservibles de la relación del gobierno de Donald Trump con la región. Probablemente, la retórica contra los inmigrantes mexicanos y centroamericanos, y los centros de detención para niños arrancados de sus familias por agencias migratorias estadounidenses con poderes propios de una Policía militarizada, resumen la violencia simbólica y real de estos últimos cuatro años.

Biden anunció que revertirá el pacto de Trump con los presidentes del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) por el cual Estados Unidos puede enviar expeditivamente a los inmigrantes a sus países de origen. La designación en el Consejo de Seguridad Nacional de Juan González —quien de joven fue voluntario de los Cuerpos de Paz en el altiplano guatemalteco del que salen muchos de los inmigrantes— contrasta con la rudeza del trumpismo reciente. Biden aseguró que no planea continuar con la construcción de un muro en el límite con México, porque su ideario aún se alimenta de la noción de que Estados Unidos puede seguir expandiendo su ejemplo y buenas prácticas más allá de sus fronteras. La creación de una agencia anticorrupción para toda América Central sería una de esas ideas que requieren más puentes y menos muros.

Ese afán ejemplificador ha estado al centro del panamericanismo por más de un siglo. Las cronologías son antojadizas, pero podría decirse que ese sueño arrancó en octubre de 1889, cuando la locomotora 1053 con el logo “Pennsylvania Railroad” partió de Washington con delegados de 17 países de América Latina para recorrer durante seis semanas y 6,000 millas el este de Estados Unidos. El Departamento de Estado buscaba que en el viaje, precuela de la Conferencia Panamericana, los delegados internalizaran el progreso, “los molinos de Nueva Inglaterra, las fraguas y los hornos de Pensilvania, las granjas de las praderas, las plantaciones del sur”, como lo explica Joseph Smith en The first conference of American States.

De la conferencia de 1889 salieron los principios que definen al panamericanismo y que sobrevivieron hasta nuestros días: la posibilidad de que Estados Unidos contribuya con capital, asistencia y ejemplo en promover la primacía de los derechos individuales para establecer desde ahí la prosperidad económica y la democracia política propias de sociedades modernas. Durante buena parte del siglo XX, el problema fue que la presión para construir sociedades más igualitarias encontró en Estados Unidos no a un aliado sino a una fuerza dedicada, según el momento, a contener, moderar o reprimir esas demandas, de modo que no afectaran aquellos principios fundantes. Cambio sin cambio es algo difícil de lograr.

En la década de 1960, por ejemplo, la preocupación por la acción represiva de las fuerzas de seguridad de diversos países de América Latina fue uno de los argumentos para crear la Oficina de Seguridad Pública, una agencia estadounidense que proveería asistencia técnica para profesionalizar a las Policías de la región. Pero como afirma Stuart Schrader, “en el contexto de la Guerra Fría, fortalecer el poder de la Policía de esta manera significó atrapar a más gente en una red de sospechas ideológicas”. La Oficina de Seguridad Pública implantó agentes de la Agencia Central de Inteligencia en las fuerzas de seguridad de la región y eventualmente perfeccionó la represión ilegal contra dirigentes políticos y sociales, muchos de los cuales demandaban aquellos cambios que proclamaba el panamericanismo, desde una mejor distribución de la tierra hasta una expansión de los derechos políticos.

Como experiencia de gobierno, Biden está formado en las contradicciones de ese panamericanismo. La última visita de un presidente demócrata a América Latina fue el viaje que hizo Barack Obama —del cual Biden era vicepresidente— a la Argentina en marzo de 2016. En su primer día, Obama apoyó acaloradamente al presidente de derecha Mauricio Macri. En la Casa Rosada, la agenda de ambos mandatarios incluyó libre comercio, seguridad hemisférica y lucha contra el terrorismo. Al día siguiente, se convirtió en el primer mandatario estadounidense en visitar el muro que recuerda a las víctimas de la última dictadura militar argentina, torturados y desaparecidos con el apoyo logístico de Estados Unidos, que en su momento fundamentó su cooperación con regímenes autoritarios sobre los tres mismos rubros que Obama había firmado el día anterior.

En ese sentido, el panamericanismo proveyó sus últimas fuerzas a Obama, que osciló entre la indiferencia y la hostilidad hacia los gobiernos de centroizquierda de América Latina que promovieron políticas tendientes a la reducción de las desigualdades y la expansión de derechos políticos. Su administración se convirtió en una de las principales críticas de Evo Morales en Bolivia y de su política sobre drogas; la caída de Morales fue festejada durante la administración de Trump. Bajo Obama, el Departamento de Estado saludó el proceso de destitución contra Dilma Rousseff en Brasil, una remoción irregular que abrió las puertas a la llegada de Jair Bolsonaro. El apoyo del presidente estadounidense a Macri sentó las bases para la adhesión posterior de Trump, quien influyó para que el Fondo Monetario Internacional ofreciera a la Argentina la mayor ayuda económica de su historia, en un intento —fracasado— por evitar el retorno del peronismo.

Pero de todas las políticas específicas para la región, la que quizás represente mejor las tensiones del panamericanismo es la del Plan Colombia, el enorme paquete de ayuda militar concebido durante el gobierno de Bill Clinton para combatir el narcotráfico. Después de algún éxito relativo, el plan no detuvo el tráfico (tampoco lo hizo el acuerdo de libre comercio entre los dos países empujado luego por Obama). En cambio, sirvió para extender la presencia de personal militar estadounidense en el país, e incrementar la violencia y la violación masiva a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares bajo la presidencia de Álvaro Uribe. El fracaso del plan incluyó el caso de los “falsos positivos”, en el que fuerzas de seguridad asesinaron a civiles y luego los disfrazaron de guerrilleros para cumplir con las cuotas de represión esperadas por sus superiores bajo los parámetros del Plan Colombia.

Y sin embargo, ¿quién se jactó durante la campaña de proclamar: “Yo soy el tipo que armó el Plan Colombia”?

Una y otra vez, los planes para “construir seguridad y prosperidad en cooperación”, como reza el programa de Biden para América Central, alimentan los conflictos que aspiran a resolver. Algo análogo a lo que sucede a nivel doméstico. Quizás en ese sentido sea más apropiado no buscar la defunción del panamericanismo en las políticas hacia América Latina sino en las calles de Estados Unidos, el descalabro de sus políticas domésticas, las cientos de miles de muertes derivadas de esa tragedia, y la espiral de violencia y deterioro que acompaña la llegada de Biden a la Casa Blanca.

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