Irene Tello Arista es directora ejecutiva de la organización Impunidad Cero.

En octubre de 2020, el Hospital de Especialidades Pediátricas de Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas, tenía un desabasto de 37 medicamentos oncológicos. Esto provocó que se modificara, y en algunos casos suspendiera, el tratamiento de 260 niñas, niños y adolescentes con cáncer atendidos en esa clínica, y que se imposibilitara el ingreso de nuevos pacientes. Ante esta trágica y desesperante situación, la Asociación Mexicana de Oncohematología Pediátrica interpuso un amparo para solicitar que se abastecieran los medicamentos, el cual fue resuelto a su favor.

Noticias similares sobre desabasto se escuchan en otros estados desde 2019 y no solo respecto a insumos para el tratamiento de cáncer. Conforme pasan los días, crecen los amparos y las quejas interpuestas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para asegurar el tratamiento de distintas enfermedades. A pesar de los amparos otorgados, y las reuniones entre autoridades y familiares de pacientes, el problema del desabasto continúa.

La investigación “Operación Desabasto”, de las organizaciones Impunidad Cero y Justicia Justa, identifica las causas de la escasez generalizada de insumos médicos y señala posibles soluciones al mismo. El análisis final identifica que el desabasto se originó por una serie de políticas públicas mal planeadas y ejecutadas, que tenían como objetivo luchar contra la corrupción en la adquisición de medicamentos y ahorrar en la compra de insumos médicos.

El desabasto comenzó cuando todas las compras públicas a nivel federal, incluidas las medicinas, se hicieron responsabilidad de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en un intento por reducir los costos de la compra de insumos. Sin embargo, algo similar ya ocurría con las compras consolidadas de medicamentos: previo a este cambio, año con año el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) compraba los insumos médicos necesarios no solo para sus clínicas y hospitales, sino para otras instituciones de salud tanto estatales como federales. Debido a la compra masiva que se hacía anualmente, entre 2013 y 2018 se ahorraron hasta 21,361 millones de pesos. Pero al realizarlas la Oficialía Mayor de SHCP, se perdió el personal y el expertise técnico necesario para hacerlas.

Debido a la inexperiencia, la primera compra que le tocó realizar al actual gobierno federal se hizo a destiempo y de forma incompleta. Por lo mismo, 62% de las claves de medicamentos quedaron desiertas, es decir, no se recibió oferta alguna para que el gobierno las comprara y la mayoría de los contratos se dieron mediante adjudicaciones directas. Esto empezó a generar problemas de desabasto.

A esta mala ejecución de la centralización de compras se aunó una fallida estrategia anticorrupción en el sector, que se realizó mediante un veto presidencial hacia las tres principales distribuidoras de insumos médicos del país: Grufesa, Dimesa y Maypo. El veto prohibía al gobierno comprarles, pues se les acusaba de acaparar el mercado y de constituir un oligopolio. Este veto no contempló una alternativa viable para reemplazar la red de distribución, logística, almacenaje y personal que estas distribuidoras habían acumulado a lo largo de los años. Tampoco consideró que estas distribuidoras compraban a otras farmacéuticas los insumos necesarios, por lo que el gobierno adquiría tanto la distribución como el insumo médico a un mismo precio.

Además del veto presidencial, hubo problemas con la empresa farmacéutica Laboratorios Pisa, una de las principales productoras de medicamentos oncológicos en México. Debido al supuesto hallazgo de una bacteria en una línea de producción, se cerraron siete de las plantas productoras de la empresa, deteniendo la entrega de medicamentos oncológicos. Y al mismo tiempo, debido a supuestas inconsistencias en uno de los contratos, se le inhabilitó por parte de la Secretaría de la Función Pública. Estas dos situaciones, en conjunto con el veto y la centralización de las compras consolidadas de medicamentos en la SHCP, han generado la escasez que vemos hoy. A todo esto se le sumó la crisis sanitaria del COVID-19, lo que hizo crecer un problema agudo y opacado, en parte, por la pandemia.

En un intento por transparentar el proceso de compras de medicamentos, se le pidió a la la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) que se encargara de las compras consolidadas de medicamentos del país desde este año. Sin embargo, debido a la inexperiencia inicial de la UNOPS respecto al mercado mexicano, se volvió a realizar de forma tardía la compra de insumos médicos. Esta compra, que antes se realizaba de manera gratuita en el país por parte del IMSS, nos costará alrededor de 85 millones de dólares por la comisión que se le pagará al organismo y, además, no contempla la solución al problema de distribución de insumos médicos.

Una solución propuesta por el gobierno fue que Birmex, una empresa paraestatal, sea la encargada de la distribución de medicinas e insumos médicos. Sin embargo, esto tiene dos problemas. Por un lado, no puede dotarse de la infraestructura y personal necesario a esta institución a corto o mediano plazo y, por otro, es una institución con un pasado extremadamente corrupto y opaco. Así lo evidencia la investigación “Facturas Falsas: la epidemia en el sector salud”, la cual revela que Birmex fue la segunda institución federal con más desvíos de recursos mediante facturas falsas. Además, señala que la corrupción en el sector salud no se daba en la compra de insumos médicos, sino que se facturaban consultorías, remodelaciones, asesorías y capacitaciones.

Hasta hoy, la corrupción sigue intacta y no se ha investigado ni sancionado a ningún funcionario. Además, el costo para adquirir medicamentos se incrementó con la comisión a pagar a la UNOPS, y por el hecho de que se deberá pagar a otras instituciones para resolver la distribución de insumos médicos a todo el país.

La solución a todo esto no es complicada: recapitular. Si había algún problema en la compra consolidada de medicamentos realizada por el IMSS, que se corrija y mejore el proceso. Si había corrupción, que se investigue y sancione a los responsables. Si había un problema de oligopolio en la distribución de medicamentos, que se fomente la competencia en el sector y se genere poco a poco una distribuidora nacional de medicamentos. El problema se ocasiona al cambiar de modelo de la noche a la mañana sin contar con planes de implementación graduales que tomen en cuenta posibles soluciones en caso de fallas. Al final, todos estamos de acuerdo en que es inaceptable la corrupción en el sector salud, pero ninguna lucha contra la corrupción puede hacerse a costa de vidas.

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