Ignacio Escolar es director de eldiario.es y analista político en radio y televisión en España.

El rapero Pablo Hasél me parece un bocazas (bocón) sin mucho más talento que el de la provocación. No me gusta su banalización de la violencia, ni su discurso político, ni las letras de sus canciones, ni sus simpatías con el terrorismo. Tampoco sus insultos, y en esto hablo desde la experiencia personal. Es un maleducado cuya carrera musical probablemente no existiría o sería marginal sin los jueces: sin la desproporcionada reacción de la justicia española, que lo acaba de encarcelar.

No me gusta Pablo Hasél, pero esto no va de simpatías personales ni de mi gusto musical. Su condena a prisión es una injusticia intolerable, impropia de un país democrático. Cada día que este rapero pasa en la cárcel es un oprobio para España. Rapear o tuitear, por hiriente o estúpido que sea lo que digas, no debería llevarte a prisión.

La libertad de expresión no consiste en defender aquellas opiniones que compartimos o con las que simpatizamos. También ampara aquellas que “ofenden, molestan o chocan”, como ha recordado en varias ocasiones a España el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es en ese terreno donde se mide la libertad de un país: en tolerar al que disiente sin represión.

Hasél tiene más problemas judiciales, y no son todos por cantar. Acumula varias condenas más: una por agredir a una periodista, otra por amenazar a un testigo de un juicio. Pero estas sentencias, que aún no son firmes, no son la causa por la que entró en prisión. Si está ahí desde el 16 de febrero es por una decena de canciones y 64 tuits. Entre otros ejemplos, por llamar al rey Juan Carlos de Borbón “capo mafioso”, por acusar de “torturadores” a la Policía, y por reivindicar a presos por terrorismo.

Hasél ha sido condenado por sus canciones y tuits en dos ocasiones. La primera, a dos años de cárcel en 2015 —no entró en prisión por carecer de antecedentes penales—. La segunda, por los mismos motivos, es de nueve meses más, y supone que los dos años anteriores se pueden volver a activar.

A Hasél le han sentenciado por varios delitos del Código Penal español: injurias a la Corona, injurias a la Policía y enaltecimiento del terrorismo. Pero es el último de los tres el que ha supuesto su entrada en prisión. No solo condena a aquellos que promueven el terrorismo con un discurso que suponga un riesgo real de promover estos delitos, como sí hacen otros países. En España no hace falta que ese riesgo realmente exista. Bromear o alabar el terrorismo en Twitter es suficiente para enfrentarse a un proceso penal. En el caso de Hasél, por reivindicar a antiguos terroristas de los GRAPO, una banda de extrema izquierda que hace décadas desapareció. Por mucho que Hasél rapee, no existe un riesgo real de que vuelvan a matar.

¿Tiene límites la libertad de expresión? Dos magistrados del Tribunal Supremo español señalan que “especialmente cuando incita a la violencia”, pero también que “este no es el caso”. Ambos firmaron un voto particular discrepante con la sentencia que ha llevado a Pablo Hasél a prisión. El tribunal acabó dividido: tres votos a favor, dos en contra. La justicia europea traza una línea bastante clara para estos delitos: hace falta que esa incitación a la violencia suponga un riesgo real. Algo que, con este rapero, no se da. Y en cuanto a los delitos de odio, es necesario que su objetivo sea una minoría vulnerable. Y el rey de España o la Policía no lo son. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha anulado varias sentencias españolas por injurias contra el rey por esta razón.

El enaltecimiento del terrorismo es la clave de esta situación: es el único de todos los delitos por los que Hasél ha sido condenado que le supone cárcel. Entró en el Código Penal en el año 2000, en un momento en que el grupo terrorista ETA acumulaba cientos de asesinatos. Se endureció en 2015, tras la llegada a Europa del terrorismo yihadista. Y desde aquella reforma, el número de sentencias por enaltecimiento del terrorismo se ha disparado. Hay más condenas ahora por este delito que cuando ETA mataba —hace diez años que esta banda terrorista dejó de asesinar—. En su inmensa mayoría, no son sentencias contra terroristas o simpatizantes del terrorismo que supongan una verdadera amenaza. Los procesos penales han sido contra raperos, contra tuiteros y hasta contra dos titiriteros que fueron encarcelados en prisión preventiva porque una de sus marionetas en una obra de ficción portaba un pequeño cartel, donde se decía “Gora AlkaETA”, parodiando uno de los eslóganes típicos de ETA. El caso de los titiriteros fue archivado un año después, pero nada compensará a estos artistas por esos días en prisión.

Es probable que la condena de Hasél sea revocada por el Tribunal Constitucional o por la justicia europea. Es también probable que el Gobierno rebaje o elimine ese delito del Código Penal, lo que también supondría su salida de prisión. Pero cada día que este rapero esté en la cárcel por esta condena será imposible de compensar.

Tras las condenas, las canciones de Hasél acumulan cientos de miles de reproducciones en YouTube. También apoyos de todo tipo de artistas españoles: de Pedro Almodóvar a Joan Manuel Serrat. Y una semana de manifestaciones contra su encarcelamiento en distintas ciudades. Varias de estas manifestaciones han derivado después en disturbios callejeros. Algunos comercios fueron saqueados y —lo más grave— una manifestante perdió un ojo por un proyectil antidisturbios disparado por la Policía. Son protestas protagonizadas por jóvenes, que demuestran un malestar social que va más allá de la condena a Hasél. En una de estas manifestaciones destacó una pancarta: “Nos habéis enseñado que ser pacíficos es inútil”.

Si lo que buscaban el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional era silenciar a este rapero, mejorar la convivencia o combatir su discurso, el efecto que han logrado es justo el contrario. Con sus injustas sentencias contra Hasél, la justicia española ha ejercido de altavoz de su mensaje. Están haciendo un mártir de lo que solo debería ser un bufón.

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