Carla Nudel es comunicadora y lidera el capítulo de la organización Chicas Poderosas en Argentina. Nicole Martin es periodista de investigación y feminista interseccional, forma parte de la ‘Revista Colibrí’ y es embajadora de Chicas Poderosas en Argentina. Belén Arce Terceros es internacionalista y comunicadora, actualmente es directora editorial y de comunicación de Chicas Poderosas.

El aborto en Argentina ya es legal. Desde el 24 de enero de este año, las personas con capacidad de gestar pueden acceder al aborto de manera legal, segura y gratuita en el sistema de salud público. Antes se podía acceder a un aborto legal solo en algunos casos, marcados en el Protocolo de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Con la conquista de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), cada persona con capacidad de gestar puede decidir si parir o abortar, sin tener que dar una justificación.

Este derecho se logró luego de décadas de trabajo de colectivos feministas, que avanzaron paso a paso en la despenalización cultural e institucional del aborto. Especialmente la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, que desde el 2003 en adelante organizó voluntades y elaboró ocho proyectos de ley hasta la presentación del proyecto que finalmente fue sancionado. Sin embargo, la lucha continuará hasta que todas las personas con capacidad de gestar que así lo deseen puedan acceder sin restricciones a un aborto seguro y cuenten con pleno acceso a otros derechos sexuales y reproductivos en todo el país.

El gran desafío, tanto para los gobiernos nacional y provinciales como para la sociedad en su conjunto, está en lograr que la ley se implemente en toda Argentina —especialmente en las provincias más conservadoras— de manera igualitaria. Y también en concretar el acceso efectivo a derechos sexuales y reproductivos, hace tiempo garantizados por la ley, para todas las personas por igual. Más allá de la Ciudad de Buenos Aires, las mujeres y personas LGBT+ enfrentan aún más desafíos para acceder a sus derechos, y sus historias muchas veces quedan sin contar.

En la investigación “Los derechos no se aíslan” de Chicas Poderosas Argentina, publicada a finales de 2020, reporteras de cada una de las 24 jurisdicciones del país —con características sociales y geográficas diversas— y otras 21 periodistas y comunicadoras, mostramos la amplia desigualdad en el acceso a derechos sexuales y reproductivos.

Encontramos también que durante la pandemia de COVID-19 las vulneraciones a los derechos de las mujeres y personas LGBT+ —poblaciones históricamente relegadas— se agravaron aún más.

Según los datos de las cinco provincias que respondieron a los pedidos de acceso a la información, descubrimos que se duplicaron las ILEs entre marzo y mayo de 2020, en comparación al mismo periodo de 2019. Sin embargo, nos encontramos con que el acceso era muy desigual. En Formosa, una provincia que decidió no adherirse al protocolo nacional vigente previo a la ley de aborto, una mujer falleció por un aborto inseguro a un mes de haberse decretado la cuarentena. La protagonista de la historia que contamos en San Juan tuvo que quemar, por miedo, la caja del medicamento Misoprostol tras realizar un aborto, dado que está prohibida su venta en farmacias. En Río Negro, aunque había adhesión al protocolo nacional, la protagonista se informó sobre el acceso a la ILE por medio de socorristas.

Hallamos también que las agrupaciones feministas, como las socorristas, son quienes tienen un rol fundamental en permitir el acceso a derechos sexuales y reproductivos a lo largo del país. En el caso de Eva, una joven de 22 años que vive en Río Negro, ella logró acceder a un aborto seguro y acompañado en un centro de salud provincial. Unos años atrás, su hermana no había tenido la misma posibilidad: tuvo que abortar en condiciones inseguras y violentas. Según Socorristas en Red y otras organizaciones feministas, hubo 6,177 acompañamientos en el período marzo a junio de 2020, aunque no todos los procesos terminaron en una interrupción del embarazo.

En Argentina está pendiente también la despenalización cultural de la interrupción del embarazo. Solo el cambio a una mentalidad laica y respetuosa de la elección de vida de cada persona eliminará una de las principales barreras a las que se enfrentaron las y les protagonistas de esta investigación: la del tabú.

Hay otros derechos sexuales y reproductivos que, incluso garantizados por la ley, siguen siendo un desafío. Por ejemplo, el acceso a la Educación Sexual Integral (ESI) para los adolescentes en San Luis, a partos sin violencia obstétrica en Santiago del Estero o el acceso a tratamientos hormonales para personas trans en Santa Cruz.

Cada protagonista de las 24 historias que publicamos atravesó un sufrimiento innecesario. Desde cada trinchera —en nuestro caso, la de la comunicación—, seguiremos luchando para que se hagan visibles las injusticias. Construimos el camino para que los derechos que ya están contemplados en las leyes, como la de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, se ejerzan. Y para que se sumen cada uno de los que faltan legislar y garantizar.

Todavía es pronto para medir el impacto y no hay información oficial sobre las repercusiones y el acatamiento de la ley del aborto en el país. Más allá de esto, desde el periodismo y la comunicación, nos queda la responsabilidad de dar seguimiento a su implementación y al acceso efectivo a otros derechos sexuales y reproductivos garantizados por la ley, contribuyendo a que los datos relevantes sean accesibles para la ciudadanía. Y, sobre todo, visibilizar las historias que no están siendo contadas, poniendo el foco en territorios alejados de las grandes ciudades, donde sabemos que los derechos muchas veces están en riesgo.

Nota del editor: Una versión previa de este texto señalaba que desde el 15 de enero las personas con capacidad de gestar podían acceder al aborto de manera legal, pero ese día fue promulgada la ley que entró en vigor el 24 de enero.

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