Nathalia Guerrero Duque es periodista y editora feminista enfocada en inquietudes relacionadas con las realidades de las mujeres y la contracultura. Actualmente es la directora editorial del medio feminista ‘MANIFIESTA’.
“Por qué el gobierno dice que no hay menores de edad si sí los hay: yo estoy reclamando mi niña de 15 años”, dijo Luz Amparo llena de lágrimas frente a las cámaras de Blu Radio. La madre de Yeimi se refería al bombardeo que tuvo lugar el 2 de marzo en Calamar liderado por el Ejército colombiano. El ataque iba dirigido al campamento donde se encontraba Miguel Botache Santillana, alias “Gentil Duarte”, un jefe de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El bombardeo dejó a 10 personas muertas. Ocho de ellas ya fueron reconocidas, incluida una menor de edad que tenía un año más que Yeimi. El nombre del comandante no está en este listado que conforman, en su gran mayoría, menores de 25 años. El nombre de Yeimy tampoco.
María Isabel Ruiz, su abuela, contó a Blu Radio que Medicina Legal le dijo a la familia que la menor había muerto dos días después del bombardeo en enfrentamientos con el Ejército.
El ministro de Defensa, Diego Molano, que no ha cumplido dos meses en el cargo, presentó ese mismo 2 de marzo el operativo como un éxito: 13 disidentes dados de baja, dijo inicialmente, que en realidad resultaron siendo 10. Una semana después, el 9 de marzo, el periodista y exconsejal de Bogotá, Hollman Morris, presentó un reportaje en Tercer canal que señalaba la muerte de menores de edad durante el bombardeo. Al día siguiente, Molano tuvo que salir a defender la acción del Ejército. “Aquí lo que encontramos es un narcocriminal que crea estructuras narcocriminales, y dentro de sus principales acciones está el de reclutamientos de jóvenes para convertirlos en máquinas de guerra”, dijo en Blu Radio. “Los menores dejan de ser víctimas cuando cometen delitos y desafortunadamente se convierten en criminales”, dijo después en RCN Radio.
Para terminar de reforzar la idea que se empeñó en explicar toda la mañana, Molano tuiteó señalando a varios jefes de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) que fueron reclutados cuando eran menores de edad y que hoy por hoy eran “criminales, reclutadores, asesinos, secuestradores y extorsionistas”.
En un país donde todos los días el lenguaje refuerza y reproduce discursos de odio contra poblaciones vulnerables, como el que mantiene de manera constante la alcaldesa de Bogotá contra los migrantes venezolanos que llegan a la ciudad, decirles “máquinas de guerra” a menores víctimas de reclutamiento forzado, una dinámica propia de nuestro conflicto interno, habla de cómo el gabinete del presidente Iván Duque entiende el posconflicto en este país: la muerte violenta de menores de edad se justifica si previene la formación de futuros criminales.
Quizá hablar de posconflicto sea muy optimista. Cualquier gobierno que presente la muerte de personas, sobre todo menores de edad, como una victoria militar es una declaración de guerra, pues solo la guerra justifica el absurdo. Todo saldo de muertes violentas es un número que nos aleja cada vez más de ser un país vivible.
En la entrevista con Blu Radio, Molano dijo que el Ejército colombiano “aplicó el Derecho Internacional Humanitario”. Esto nos regresa al tema de los menores de edad y el reclutamiento forzado en el conflicto, un tema de discusión constante desde la firma de los Acuerdos de Paz en 2016 y que volvió a estar en el centro cuando en 2019, en un bombardeo militar en Caquetá dirigido al jefe disidente Luciano Marín, alias “Gildardo Cucho”, la Fiscalía confirmó la muerte de ocho menores de edad. Guillermo Botero, ministro de Defensa de ese entonces, renunció a su cargo por presión de la ciudadanía antes de una moción de censura en su contra.
Pero hablar de protocolos y leyes no sirve de mucho cuando quien comanda la línea de mando militar utiliza medios de comunicación y redes sociales para estigmatizar una población desprotegida, quitándole su condición de víctimas y cuestionando su derecho a vivir. ¿Cuál es el criterio de un líder que por un lado comunica con ahínco la necesidad de condenar el reclutamiento de menores y por el otro lado los bombardea, justifica su muerte y les pone el rótulo de “máquinas de guerra” o “escudos de las disidencias”?
Yeimi alcanzó a estudiar hasta tercero de primaria en la vereda de Puerto Cachicamo, una población que hoy en día, cuenta la amiga de su familia, no tiene ni un profesor o profesora que esté dando clases en este momento. La adolescente no fue reportada como desaparecida por su familia porque creían que lo más probable es que hubiera huido para casarse, algo que varias zonas rurales del país ven con naturalidad.
A pesar de que la firma de los Acuerdos de Paz con las FARC generaron cambios en las dinámicas al interior de este departamento y la intensidad del conflicto disminuyó, como lo afirma la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en su informe de 2020 ¿En qué va la implementación del Acuerdo de Paz en Guaviare?, el reclutamiento forzado sigue siendo un fenómeno generalizado en el departamento “que afecta principalmente a las comunidades indígenas”.
Según reporta la FIP, Guaviare actualmente está dominado por "disidencias conformadas por exintegrantes de los antiguos frentes 1 y 7 de las FARC". Estas disidencias controlan el territorio y las economías ilegales. Los hallazgos del reporte explican que "hay rumores vinculados a la influencia de estructuras de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en zonas urbanas", principalmente en San José del Guaviare.
La infancia en territorios comidos por el abandono estatal está siendo revictimizada por el Estado: víctimas de la falta de oportunidades, como Yeimi, atrapados en la espiral de violencia de nuestro conflicto armado y ahora víctimas de la violencia simbólica de políticos que, sin medir la responsabilidad de sus comunicaciones, reproducen estigmas sobre niños y niñas a quienes les ha faltado casi todo en este país.
La vida de Yeimi, y de tantos otros menores de edad víctimas del conflicto armado, tiene que dejar de ser un sacrificio militar para un ministerio de Defensa que, desde hace décadas, expone listas de muertos como trofeos de guerra en un país que probablemente ya se quedó sin conocer el camino que seguía después de la violencia.
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