Ricardo Raphael es periodista, académico y escritor mexicano. Su libro más reciente es 'Hijo de la guerra’.

El Instituto Nacional Electoral (INE) de México aprobó en marzo de este año nuevos criterios para asignar diputados por el principio de representación proporcional, los cuales tienen como propósito principal evitar la configuración de una mayoría artificial en esa cámara legislativa en las próximas elecciones de junio.

Esta semana una mayoría de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) votará para que tales criterios no se apliquen en estos comicios y se pospongan para los de 2024. Este aplazamiento favorecerá a la actual coalición electoral en la que participan el oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).

La Constitución mexicana establece: “En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida”. Sin embargo, este principio no ha sido respetado durante las tres últimas legislaturas.

En 2012 se violó la Carta Magna cuando la autoridad electoral entregó a la coalición del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y PVEM una sobrerrepresentación de 8.2% sobre la votación real obtenida. El criterio no fue ajustado en las elecciones de 2015, cuando hubo una sobrerrepresentación de 9.7% a favor de esa misma coalición.

En ese momento el INE debió revisar los criterios para la asignación, ya que la figura de la coalición estaba sirviendo como subterfugio para violar el principio constitucional. El mecanismo que se utilizó fue inscribir a diputados a las fracciones parlamentarias después de la elección. Es decir que, tras los comicios, los diputados postulados originalmente por un partido migraban a otro para hacer crecer su asignación de representación proporcional.

Por razones inexplicables, el INE mantuvo el mismo criterio erróneo para la elección de 2018, cuando la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, el PT y el Partido Encuentro Social (PES) recibió una sobrerrepresentación de 15.7%, prácticamente el doble de lo permitido por la Constitución.

Morena lo logró de la misma forma que antes lo habían hecho otras coaliciones: haciendo que diputados electos por el PT o el PES se cambiaran a su bancada.

El 20 de marzo de este año el Consejo General del INE aprobó, por una mayoría de nueve votos contra dos, un acuerdo en el que se introdujo un nuevo criterio denominado de “afiliación efectiva” para evitar esta trampa que se utilizó en las tres elecciones previas.

Este acuerdo propone que, antes de asignar diputaciones por el principio de representación proporcional, el INE revise en qué partido milita o está afiliada la persona que ganó una diputación de mayoría relativa, para detectar la posibilidad de una fuga al partido mayoritario con el fin de beneficiarlo mediante la sobrerrepresentación. La revisión se realizaría solo en el caso de diputados que pertenezcan a una misma coalición, si esta hubiese ganado la mayoría.

El acuerdo del INE señala que este mecanismo pretende “hacer más efectivo el proceso a través del cual … (se asignan) las curules de representación proporcional, considerando que lo más importante es que el porcentaje de votos que recibió cada partido sea lo más parecido al número de curules que tienen sus militantes en la Cámara de Diputados”.

Lo que busca, al final, es evitar la fuga de diputados de una fracción parlamentaria a otra con el propósito malintencionado de asegurarle el premio de la sobrerrepresentación al partido que haya logrado más votos parlamentarios.

Este criterio serviría para asignar con justicia las diputaciones de representación proporcional, sin que el abuso de la fuga entre formaciones políticas agregue curules que la ciudadanía no asignó originalmente.

Morena impugnó ante el TEPJF este acuerdo y el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció públicamente en contra. “Existe una estrategia política en contra del movimiento de la Cuarta Transformación para que no tenga mayoría en la Cámara de Diputados”, dijo el 25 de marzo, y acusó nuevamente al INE de ser cómplice de sus opositores.

El 12 de abril Felipe Alfredo Fuentes Barrera, magistrado del TEPJF, hizo público el proyecto de resolución sobre este acuerdo. No es frecuente que tal cosa ocurra, pero cabe suponer que el magistrado buscó blindarse frente a una presión eventual, externa al tribunal, que pudiese obligarlo a modificar su propuesta.

Esta presión obviamente vendría de Morena y no sería la primera vez que sucede: ya antes agentes externos a la Sala Superior del TEPJF han intentado descarrilar el trabajo de los magistrados.

Sin embargo, el magistrado va a tener que reconsiderar su proyecto de resolución: fuentes de alto nivel al interior del TEPJF me dijeron que dos de sus compañeros y una compañera en ese cuerpo colegiado opinan que, si bien lleva razón en considerar como constitucional el acuerdo del INE, los criterios previstos no deberían aplicarse en la elección de este año, sino aguardar pacientemente su aplicación para 2024.

Según estas fuentes, los magistrados favorables a la coalición política encabezada por Morena argumentan que el acuerdo del INE no debería operar mientras el proceso electoral esté en curso.

El hecho de que el acuerdo para la asignación de curules haya sido aprobado por el INE en marzo de este año condenaría a un aplazamiento que, coincidentemente, volverá a favorecer a la coalición electoral del presidente López Obrador.

Todo indica que dispensarán el favor a Morena los magistrados José Luis Vargas Valdez, Mónica Aralí Soto Fregoso, Felipe de la Mata Pizaña y el ponente original, Felipe Alfredo Fuentes Barrera.

Es el mismo bloque de magistrados de siempre, que defiende los mismos intereses de siempre y que baila al mismo son que les tocan siempre. Son los cuatro fantásticos que violarán la Constitución por su incapacidad para soportar presiones políticas. Mientras tanto, está en riesgo privilegiar la gobernabilidad sobre la representación en contra de la voluntad popular. También lastimar la constitucionalidad del mandato parlamentario.

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