A JUZGAR por su progreso económico y social en los 20 años previos a la pandemia, Perú debería haber podido nutrirse de una reserva profunda de confianza pública cuando estalló la crisis del COVID-19. La economía del país creció cada año entre 1999 y 2019, y los frutos se compartieron ampliamente: el coeficiente de Gini de Perú—una medida de la desigualdad de ingresos— mejoró de 55.1 a 41.5, uno de los mejores de América Latina según el Banco Mundial. La tasa de pobreza se redujo en dos tercios en los últimos 15 años, y la pobreza extrema en cinco sextos, hasta el punto en el que solo cerca de 625,000 de los 32.5 millones de peruanos y peruanas sobreviven en la actualidad con menos de 1.9 dólares al día, una reducción en comparación con los 3.75 millones en 2004.

Y aun así, 2021 está comenzando en un ambiente de peligrosa desintegración política en Lima, donde la primera vuelta de las elecciones presidenciales ha reducido las opciones del país a dos contendientes extremistas: a la izquierda, el líder sindical de maestros Pedro Castillo, defensor de la nacionalización de las industrias y de reescribir la Constitución según parámetros socialistas, terminó en primer lugar con 18.5% de los votos; a la derecha, Keiko Fujimori, hija del exdictador Alberto Fujimori, quedó en segundo lugar con 13% de los votos. La plataforma del partido de Castillo elogia el enfoque de libertad de prensa de Lenin y Fidel Castro; por su lado, Fujimori promete una “demodura” que suena represiva y que es un neologismo que combina “democracia” con “mano dura”.

El COVID-19 es la causa a corto plazo de la pérdida de legitimidad de la clase política peruana. A pesar de todo su progreso en las últimas dos décadas, el Perú carece de una infraestructura administrativa y de salud pública de alta calidad, y como resultado directo de eso, el país ha registrado una de las tasas de muerte por COVID-19 más altas del mundo. La producción económica cayó 11.1% el año pasado, y dos millones de personas volvieron a caer en la pobreza. Sin embargo, la causa estructural del descontento público es la persistente corrupción oficial, aunada a las disputas entre facciones y los juegos de poder en Lima, a menudo instigados por Fujimori. Cuatro expresidentes vivos han sido enjuiciados (Alberto Fujimori está cumpliendo 25 años de prisión por crímenes a los derechos humanos y otros abusos). Otro prefirió suicidarse antes de someterse a un arresto inminente. El actual proceso electoral, que concluye el 6 de junio, le dará al Perú su quinto presidente en cinco años. Y aunque ambos candidatos critican la corrupción, se han presentado acusaciones creíbles de actos ilícitos contra Keiko Fujimori, quien está en libertad bajo fianza pero enfrenta cargos de lavado de dinero, y contra el líder del partido de Castillo, el médico con formación cubana Vladimir Cerrón.

El destino de Perú está ahora en manos de 69% del electorado que votó por alguno de los 16 candidatos que se postularon contra Castillo y Fujimori. Pueden conseguir algún tipo de consuelo en el hecho de que ninguno obtuvo la mayoría en el Congreso; por lo tanto, ambos podrían tener limitaciones por el organismo. Al igual que las y los votantes de Perú, Estados Unidos tiene pocas buenas opciones, aunque debe hacer todo lo posible para suministrar vacunas y cualquier tipo de asistencia que pueda acelerar la recuperación de Perú de la devastación que ha causado el COVID-19. Incluso si su próximo presidente es demagógico e ideológicamente extremista, la mayoría de la gente en Perú no lo es. El gobierno de Joe Biden debe recordar eso mientras el país transita este momento complicado.

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