Enrique Provencio es investigador asociado del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La sustentabilidad está marginada en México, fue expulsada del discurso político y languidece en el debate público. El actual gobierno, a casi dos años y medio de llegar al poder, ha confirmado que esta no forma parte activa de su programa, sino que la considera secundaria. También ha dejado de lado la calidad ambiental del desarrollo.

En este Día Internacional de la Tierra seguramente habrá celebraciones y festejos por parte del gobierno, pero está pendiente un examen crítico sobre la política ambiental en el país.

Aunque la noticia del día será la Cumbre de Cambio Climático convocada por el presidente estadounidense, Joe Biden, que marcará la vuelta de Estados Unidos a las negociaciones globales en el tema, es un buen momento para reencauzar nuestro quehacer en la sustentabilidad ambiental: México debe enfocarse a cumplir con los objetivos y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, lo cual poco se discute y menos se vigila.

Hoy es difícil imaginar en el mundo un proyecto nacional que no integre la protección de los ecosistemas y sus servicios, ejerza un compromiso con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero o asuma que el bienestar social exige limpiar el aire, asegurar agua limpia para todos y sanear cuencas hidrológicas, entre otros propósitos centrales. De hecho, no puede hablarse de una estrategia de desarrollo si está fuera la sustentabilidad, y esto es justamente lo que ocurre hoy en México.

Este vacío se reconoce en varios frentes, entre los que destacan el debilitamiento institucional y presupuestal, el ataque a las organizaciones civiles, la improvisación en programas y proyectos, la falta de aplicación de las reglas e instrumentos de protección ambiental, y la renuencia a impulsar la transición energética. Llama la atención la ausencia de liderazgos públicos para enfrentar la crisis en la degradación de los ecosistemas, y la manera en que se está dejando ir la oportunidad de conseguir una recuperación y reconstrucción sustentables tras la pandemia por COVID-19.

Aunque a nivel federal esa es la constante, hay algunas entidades como Ciudad de México o Jalisco que escapan a este cuadro.

La política ambiental mexicana ya estaba dañada desde antes de diciembre de 2018, cuando tomó posesión esta administración. En años previos ya se le había retirado buena parte del apoyo político y de los recursos presupuestales. Pero nada ha cambiado. En menos de dos años ha habido tres secretarios de Medio Ambiente, lo cual ha generado inestabilidad en la gestión y la subordinación de las decisiones ambientales a los megaproyectos gubernamentales que son emblema de este gobierno. Los mecanismos de control como las evaluaciones de impacto y riesgo, los programas de ordenamiento ecológico del territorio, la inspección y la vigilancia de la aplicación de las leyes, entre otros, se relajaron para acelerar obras como el Tren Maya o la refinería Dos Bocas.

Desde este gobierno hay muchas críticas válidas a las políticas públicas pasadas, pero hasta ahora no se han emprendido reformas para que las instituciones, las prácticas de gestión y los programas ambientales se fortalezcan.

Al contrario: ha ocurrido un proceso de desmantelamiento, con la afectación de áreas operativas básicas como la prevención y el control de incendios forestales, la falta de insumos para cuidar las Áreas Naturales Protegidas, o la cancelación y debilitamiento de programas exitosos como los de protección de servicios ambientales.

La austeridad extrema de este gobierno está causando un daño a las capacidades públicas para la protección ambiental, agravando el maltrato que venía de la administración anterior. En el trienio 2019–2021, el presupuesto ambiental se ha reducido aproximadamente 43%, lo que está afectando a organismos estratégicos como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Nacional Forestal y otras, no solo en sus funciones operativas sino también en la inversión, dejándolas bajo el límite de su capacidad de acción.

Mientras tanto, organizaciones ambientales han recibido presiones cuando ejercen su derecho a cuestionar proyectos públicos, mediante señalamientos y acusaciones infundadas, incluso por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay un clima de hostilidad hacia las organizaciones sociales y de productores que promueven los derechos ambientales, y un crecimiento en las amenazas y agresiones a quienes salvaguardan el ambiente. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental la ha denominado “una violencia estructural y generalizada en contra de quienes defienden el patrimonio natural y el territorio”.

La muestra más clara de la actual falla ambiental es el cambio de señales en la transición energética, con todos los empeños por petrolizar aún más la generación de electricidad y usar combustóleo, uno de los carburantes más dañinos. Los incipientes avances en la diversificación con fuentes renovables están frenados, lo que cuestiona las metas de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, y los propios compromisos nacionales para contribuir al Acuerdo de París. Estas decisiones van a contracorriente de la tendencia global y ponen en riesgo la salud de las personas.

En los próximos años México enfrentará la presión de las nuevas cláusulas ambientales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que suponen dar marcha atrás al proceso de relajamiento que estamos presenciando. Lo que más urge, sin embargo, es revisar nuestro quehacer ambiental a la luz de las lecciones y urgencias que está dejando la pandemia de COVID-19. Es indispensable que la recuperación y la reconstrucción tras esta crisis se realicen bajo criterios de sustentabilidad. Debe ser una de las prioridades para que contemos con una política de desarrollo adecuada a nuestros tiempos.

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