Ignacio Rodríguez Reyna es periodista mexicano, ha sido director editorial de varios medios. Asociado fundador de Quinto Elemento Lab.

Contra lo que pudiera pensarse de entrada, y lo que ha señalado el presidente Andrés Manuel López Obrador, la liberación del empresario Alonso Ancira Elizondo no es una buena noticia ni debería dejar muy contenta a la sociedad mexicana, que ha invertido durante décadas una gran cantidad de energía en luchar contra la corrupción.

El magnate, expropietario de la siderúrgica Altos Hornos de México, llegó a un acuerdo reparatorio con la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex): deberá pagar 216.6 millones de dólares por la compraventa irregular de la planta AgroNitrogenados.

Su liberación, tras ser acusado de lavado de dinero, nos debería entristecer por lo que revela y porque representa una oportunidad perdida para erradicar la impunidad que ha marcado la vida de generaciones de mexicanos. Exhibe, de manera muy elocuente, las limitaciones y los cortos alcances de la cruzada anticorrupción que López Obrador ofreció en campaña a una ciudadanía harta y cansada de ver con impotencia que los arreglos cupulares favorecían a los poderosos.

La imagen de un Alonso Ancira trajeado, fumando puro, sonriendo y saliendo del reclusorio en una camioneta blindada no es la mejor representación gráfica de la justicia, ni de que la ley alcanza a todos sin importar lo abultado de su fortuna. El empresario puede disfrutar de sus gustos porque, a diferencia de la mayoría de las más de 200,000 personas que abarrotan las prisiones, cuenta con los recursos para “comprar” su libertad.

Aunque el acuerdo reparatorio es una figura incluida en la legislación, su aplicación en este caso representa un escarnio para quienes han soñado con derrotar a esa forma de gobierno que hace de la mentira, los arreglos indebidos, la transa y la nula transparencia, una práctica común y consentida.

Además, en este caso, el acuerdo es una puesta en escena. Para empezar, Alonso Ancira no pagará los 216 millones de dólares que el gobierno impuso como condición para liberarlo. Lo harán, en tres abonos anuales, los nuevos propietarios de Altos Hornos de México.

Ancira, que les vendió 55% de la empresa valuada en 3,500 millones de dólares, no tendrá sanción alguna, podrá disfrutar de una vida cómoda y ni siquiera contará con un antecedente penal que manche su historia de vida.

Tampoco se conoce que tendrá obligación alguna de, por ejemplo, ser testigo de cargo contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex y su contraparte en el “arreglo” que llevó a que dicha empresa comprara a Altos Hornos de México la planta chatarra de fertilizantes con un sobreprecio de más de 200 millones de dólares.

Así que la sociedad mexicana no contará con información que le permita entender cómo es que funcionó ese mecanismo de corrupción mediante el cual el consorcio empresarial transfirió 3 millones de dólares a las cuentas de las empresas offshore que Emilio Lozoya radicó en paraísos fiscales como Islas Vírgenes Británicas, ni a cambio de qué otros negocios le entregó otros 3.7 millones de dólares al exfuncionario en 2014.

La empresa petrolera recibirá 216 millones de dólares en abonos, una cantidad muy pequeña para una empresa de su tamaño, pero eso no significa que se haya hecho justicia.

La relevancia simbólica de este caso —el primero de gran relevancia que se resuelve desde que López Obrador asumió el poder— era tal que ni el gobierno federal ni la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, tendrían que haber aceptado este arreglo, cuestionable en un país que quisiera vencer por lo menos una vez a la corrupción de grandes ligas.

Al aceptar este convenio han apostado en contra de la transparencia, a pesar de que el discurso oficial camine en sentido contrario. El arreglo reparatorio, en los hechos, conculca el derecho de la ciudadanía a saber.

Se nos ha negado la posibilidad de conocer las entrañas de un caso emblemático de corrupción en el anterior gobierno de Enrique Peña Nieto. Ya no sabremos, por ejemplo, cómo se negoció el sobreprecio en la planta de fertilizantes o quién dio la instrucción de hacerlo: si fue Peña Nieto, si participó algún otro funcionario como Luis Videgaray (secretario de Hacienda en ese momento) o si Lozoya lo hizo por su cuenta.

Hubiese resultado un gran ejercicio cívico-pedagógico conocer del propio Ancira cómo se fijó la cantidad de “propina” que le tocaría a Lozoya, cómo se hicieron las transferencias a las cuentas de los bancos en Antigua o Suiza, qué otras operaciones se hicieron y muchos otros detalles más.

Con la información proporcionada por la Unidad de Inteligencia Financiera y las investigaciones periodísticas hechas por la organización Quinto Elemento Lab, la FGR podría haber armado un caso sólido, ejemplar en la búsqueda de la verdad, que no solo buscara la reparación del daño causado a la nación sino que exhibiera las redes de corrupción y lanzara el mensaje de que nadie, por encumbrado que sea, puede incurrir en delitos y no ser molestado por ello.

Pero no fue así. Lo que debería ser público y transparente quedó en una caja negra. Los acuerdos “en lo oscurito” le permitirán a Ancira andar libremente por la vida, disfrutar de su fortuna, sin que nada lo obligue a revelar información que todos deberíamos conocer.

Ancira, un empresario habituado a recibir un trato que se prodiga a los inalcanzables, propietario de las minas del rey Salomón en Israel, podrá ahora presumir que la justicia no le aplica a él, ni siquiera en el actual gobierno.

Con el acuerdo reparatorio no se avanzó gran cosa en la cruzada anticorrupción. A López Obrador aún le quedan tres años y medio para mostrar que su gran plataforma de campaña es algo más que una falsa ilusión y que no vendió a sus millones de votantes solo un espejito de colores que luego se destiñó.

Leer más: