Yasna Mussa es corresponsal y reportera freelance en Chile, además de cofundadora revistalate.net y mediambiente.cl. Actualmente es Bertha Fellow 2020-21.

El 19 de marzo pasado, la periodista chilena Alejandra Matus confirmó que Magdalena Díaz, exjefa de gabinete y asesora del presidente Sebastián Piñera, llamó al dueño del canal de televisión La Red para presionar por la línea editorial. La encargada de construir el relato con el cual el mandatario espera ser recordado manifestó su molestia por los contenidos emitidos en la señal privada. Por un lado, se trataba de la entrevista desde la cárcel a Mauricio Hernández Norambuena, un exguerrillero que cumple condena por asesinato y secuestro; y por otro, del caso Enjoy-gate, un reportaje de la propia Matus, el cual indica que el mandatario pudo verse beneficiado por decisiones del gobierno que, en tiempos de pandemia, favorecieron a los casinos Enjoy.

La incómoda llamada desde el Ejecutivo daba cuenta de una práctica conocida por el poder político, en la cual los propios ministros de gobiernos anteriores levantaron el teléfono para manifestar sus molestias o bien, intentar frenar ciertas coberturas en la prensa nacional. Hoy resulta sorprendente la reacción inusual del medio: lejos de ceder a las presiones, La Red anunció que acudiría a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la eventual afectación al derecho de libertad de expresión.

Acostumbrados a pasearse por matinales como si fuesen invitados estelares de la farándula, los políticos y representantes de todos los gobiernos han ocupado los platós televisivos para informar más allá de las obligaciones de sus cargos. Quizá esta conducta recurrente y a menudo amable pudo confundir acerca de cuál es el rol del periodismo frente al poder.

Sin embargo, el escenario cambió bruscamente el 18 de octubre de 2019, llevando al país a una profunda crisis político-social en la cual el periodismo comenzó a enfrentarse a hechos que parecían inusuales en una democracia. El informe 2021 presentado por Reporteros Sin Fronteras (RSF), una organización internacional con sede en París, así lo deja ver. La organización ubica a Chile en el puesto 54, tres lugares menos que en la edición previa, y destaca que aunque el país “cuenta con una relativa estabilidad democrática, sigue siendo presa de problemas de corrupción y aún padece los resabios de la dictadura militar. Existe una fuerte concentración de la prensa, falta pluralismo”. Con este análisis concuerdan otros organismos internacionales como Human Rights Watch, Committee to Protect Journalists (CPJ), el Relator Especial de Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y asociaciones locales como el Colegio de Periodistas.

Pero quizá uno de los antecedentes más graves es el de las revelaciones realizadas por Ciper, un medio chileno de periodismo investigativo, el cual dio a conocer el 29 de marzo que el reportero Mauricio Weibel habría sido espiado de forma ilegal por el Ejército de Chile durante el año 2017. El periodista publicó una serie de reportajes sobre uno de los casos más escandalosos de corrupción en el Ejército, producto de malversaciones de fondos con dinero proveniente de la Ley Reservada del Cobre.

Bautizada como Operación W, la intercepción telefónica, explica el reportaje, fue respaldada ante la Cámara de Diputados por el entonces director de Inteligencia del Ejército, general Guillermo Paiva, y por el exministro de Defensa, Alberto Espina, quien hoy es miembro del Consejo de Defensa del Estado, un órgano encargado de asesorar, defender y representar los intereses del Estado de Chile. Ambos aseguraron en 2019 que la operación se ajustaba a la legalidad. Sin embargo, la investigación de Ciper afirma lo contrario: que Paiva habría solicitado autorización al ministro de la Corte de Apelaciones para hacer escuchas telefónicas a una supuesta agente extranjera que buscaba “antecedentes estratégicos” sobre la institución, cuando en realidad el número correspondía a Weibel. Unas semanas después, un nuevo reportaje sumaría a otros cinco periodistas también “monitoreados” por la institución castrense: todos tienen en común investigar casos de corrupción o de violaciones a los Derechos Humanos dentro del Ejército.

Ya en marzo de 2020 la Asociación de Corresponsales de los Medios Internacionales en Chile denunciaba las agresiones a la prensa extranjera acreditada en el país durante las protestas. Hoy, el país registra más de 300 ataques a la prensa entre agresiones, detenciones a reporteros y medios independientes, según antecedentes reunidos por el gremio de periodistas.

Pese a la falta de pluralismo, Chile había logrado sobreponerse a los oscuros años de dictadura que estuvieron marcados, entre otras cosas, por la censura, persecución, encarcelamiento, asesinatos y desaparición de periodistas. Por eso llama la atención que las únicas palabras pronunciadas por el gobierno sean para respaldar a las fuerzas armadas y de orden. No ha habido comunicados, acciones concretas o un discurso tajante para defender uno de los derechos básicos de cualquier democracia. El gobierno ha optado por el silencio, lo que en política también es un mensaje.

También se ha vuelto habitual escuchar los comentarios de ministros durante las ruedas de prensa en los que desacreditan a medios y reporteros críticos con la gestión de Piñera, acusándolos de conspiración o de mentir, sin aportar pruebas que respalden sus imputaciones.

Este 2021 el país enfrenta un año crucial para su democracia, con una serie de elecciones populares, incluyendo las presidenciales y la definición del órgano encargado de redactar una nueva Constitución, en el que el derecho a la información y el ejercicio libre del periodismo deben ser garantizados.

El gobierno, y quienes asuman los próximos liderazgos, debe entender que el periodismo no complaciente y las críticas no son las culpables de la peor crisis de los últimos 30 años, como tampoco de la aprobación más baja que ha tenido Piñera en su segundo mandato, con apenas 9% según la plataforma Plaza Pública - Cadem. La prensa apenas refleja las causas y consecuencias de las malas decisiones políticas y su falta de conexión con la realidad que ha afectado a millones de personas.

De parte de los medios, en general, y de la responsabilidad individual de los periodistas también hace falta una autocrítica urgente. No han sido pocas las veces que se ha hecho eco de información no verificada que ha contribuido al poder. Un eventual llamado de atención desde la sede oficial de La Moneda no puede convertirse en una excusa para dejar de hacer las preguntas necesarias.

El cambio de giro de La Red recordó la extraordinaria reacción de varios canales de televisión estadounidense que decidieron cortar en vivo las mentiras del expresidente Donald Trump durante su discurso postelectoral asegurando que el triunfo de Joe Biden era un fraude. Se trata de mensajes potentes que nos recuerdan que los líderes deben conocer los límites de su poder tanto como los periodistas deben defender el mandato de su oficio.

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