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Opinión Salgado Macedonio: un violador (de la ley electoral) no será gobernador

El candidato postulado por el Movimiento de Regeneración Nacional para gobernador del estado de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, participa en una protesta frente al Instituto Nacional Electoral, en Ciudad de México, México, el 12 de abril de 2021. (Carlos Ramírez/EPA-EFE/Shutterstock)
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Juan Jesús Garza Onofre es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Javier Martín Reyes es profesor asociado de la División de Estudios Jurídicos del CIDE.

En momentos en los que el poder Judicial en México se encuentra bajo ataque por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió uno de los casos más polémicos que ha enfrentado: la cancelación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, un senador acusado de violaciones y abusos sexuales que buscaba ser gobernador del estado de Guerrero en las próximas elecciones de junio.

Como si buscara repentinamente mejorar una imagen ya de por sí mermada por sus escándalos administrativos y sus contradictorias sentencias, el martes 27 de abril la mayoría de los magistrados que integran el TEPJF decidieron —con una votación de seis contra uno— confirmar la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) que canceló la candidatura de Salgado y de otros aspirantes que no informaron sobre el dinero y recursos que utilizaron en sus precampañas. La gran interrogante ahora es ver cómo reaccionará Morena y, sobre todo, Salgado Macedonio. Queda claro que aún no hay que echar las campanas al vuelo.

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El camino para llegar a esta decisión fue innecesariamente largo y complicado. En un primer momento, el INE aplicó la ley electoral, que establece con claridad que quienes no presenten ese informe no podrán ser candidatos. Luego, en una primera sentencia que siguió la lógica de decidir el caso pero no resolver el conflicto, el Tribunal regresó el asunto para que el INE analizara las particularidades del asunto y decidiera si se mantenía la sanción o si solo se imponía una multa. El INE repitió la dosis, pese a las presiones de Salgado y los dirigentes, quienes amenazaron con desaparecer al INE, iniciar juicios políticos contra sus integrantes, impedir las elecciones e incluso ir tras los consejeros a sus domicilios particulares.

Después de la decisión del INE, el balón regresó a la cancha del Tribunal Electoral. Las presiones no cesaron e incluso contaron con la complicidad del magistrado presidente, José Luis Vargas. Aunque el proyecto de sentencia del caso estuvo listo desde la semana pasada, Vargas decidió aplazar unilateralmente la sesión —quizá intentando ganar tiempo para poder negociar el sentido del fallo y conseguir apoyos tanto dentro como fuera del Tribunal— y cinco de sus siete compañeros tuvieron que denunciar públicamente sus actos, invitándolo a actuar con ética y cumplir con la Constitución.

Al final, la sesión se llevó a cabo y el magistrado Indalfer Infante propuso confirmar la decisión del INE. Entre otras cosas, alegó que Salgado buscó engañar a las autoridades cuando dijo que jamás había sido precandidato y que no demostró haber presentado su informe. Enfatizó que esta obligación no era un mero trámite o formalismo, y que la rendición de cuentas era un aspecto fundamental para la democracia.

Cinco de sus pares se sumaron a la propuesta. La magistrada Janine Otálora, quien desde la primera sentencia propuso cancelar la candidatura de Salgado, sintetizó con claridad la solución al dilema que enfrentó el TEPJF: “El Derecho debe prevalecer sobre la política y no la política sobre el Derecho”. Otros cuatro magistrados —Fuentes, De la Mata, Rodríguez y Soto—, quienes hace dos semanas dejaron pasar la oportunidad de resolver por fin el asunto, se sumaron a la cancelación. Solo Vargas insistió en la defensa de Salgado Macedonio, con argumentos tan absurdos como que el candidato ni siquiera sabía que estaba obligado a cumplir con la ley.

Ahora vendrá la respuesta de Morena y Salgado Macedonio. Por un lado, el aún senador aseguró hace días que respetaría la decisión del Tribunal porque “es un compromiso con la democracia y con nuestra patria”. Por el otro, se ha dicho que posiblemente busque burlar las reglas con una estrategia tan escandalosa como cuestionable: Morena podría postular como candidata a la hija de Salgado, quien tendría altas posibilidades de ganar. Pasados dos años, la entonces gobernadora renunciaría, lo que abriría la posibilidad de que su padre sea postulado nuevamente para el cargo. Se trataría de un fraude a la ley, pero lo cierto es que la Constitución de Guerrero permite esas y otras posibilidades. Después de lo que hemos visto, ya todo se puede esperar.

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Bien se suele decir que “una golondrina no hace verano” y el trabajo del Tribunal Electoral no se debe juzgar por una sola sentencia. Es imposible olvidar las erráticas sentencias de esta integración, así como la irresponsabilidad de otros actores políticos como el propio presidente López Obrador, quien propuso resolver el caso mediante una encuesta telefónica. O las imprudentes actitudes del dirigente de Morena, Mario Delgado, y altos funcionarios como Julio Scherer, quienes se han empeñado en defender políticamente lo jurídicamente indefendible. Durante esta administración, son muchos casos en los que la política le ha ganado la partida al Derecho.

El protagonismo que hoy más que nunca ha adquirido el Tribunal Electoral revela que la judicialización de las elecciones en México ha dejado de ser una excepción para convertirse en la regla. De ahí, precisamente, que frente al proceso electoral más grande en la historia de la democracia mexicana, resulte indispensable seguir vigilando a los vigilantes.

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