Tres fechas clave definen los parámetros de la persistente crisis política de Nicaragua. La primera es abril de 2018, el momento en el que los manifestantes salieron a las calles a protestar contra el gobierno dictatorial del presidente Daniel Ortega y recibieron una violenta oleada de represión durante los siguientes seis meses. Esa represión causó al menos 325 muertos; 2,000 heridos; cientos de detenidos de manera ilegal, torturados y desaparecidos; y miles en el exilio, según el último informe de derechos humanos del Departamento de Estado estadounidense. Todavía había más de 100 presos políticos en diciembre de 2020.

La segunda fecha es noviembre de 2021, cuando Ortega, de 75 años, buscará perpetuar su gobierno, el de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, y el de sus hijos a través de unas elecciones, las cuales, si son como las que ya se han realizado durante sus años en el poder, no serán libres ni justas.

La tercera fecha clave es mayo de 2021 —dentro de unos días—, que es cuando se cumplirá el plazo para reformar el sistema electoral nicaragüense que la Organización de los Estados Americanos (OEA) le dio a Ortega en una resolución que adoptó en octubre del año pasado.

Desafortunadamente, aunque de manera predecible, el gobierno de Ortega propuso una ley electoral el 12 de abril que con bastante probabilidad consolidaría el control que él y su partido sandinista ya ejercen sobre la maquinaria política del país. El plan respaldado por Ortega, que probablemente será aprobado por la asamblea dominada por los sandinistas, deja al Consejo Supremo Electoral bajo el control de facto del partido de Ortega y, por primera vez, coloca a la Policía Nacional —responsable de gran parte de la represión reciente— a cargo de la autorización de las actividades de campaña de la oposición en la vía pública. Esto es un desafío descarado a la resolución de la OEA, la cual le pidió a Managua que aplicara “medidas de reforma electoral significativas”, en cooperación con los partidos de oposición, para garantizar “un proceso político pluralista que conduzca al ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos, incluidos los derechos de reunión pacífica y libertad de expresión, y al registro abierto de nuevos partidos políticos”.

En parte, Ortega manipula el proceso porque le sería difícil ganar en unas elecciones libres y justas, dado su historial. Ese historial incluye no solo su brutal represión contra el movimiento a favor de la democracia, sino también una de la peores actuaciones de salud pública del mundo en respuesta a la pandemia del coronavirus. El total de muertes en Nicaragua estuvo más de 60% por encima de lo normal entre el inicio de la pandemia en marzo de 2020 y agosto de 2020, según The Financial Times. Ese incremento en el exceso de mortalidad contradice las cifras oficiales relativamente bajas de muertes por COVID-19.

Sin duda, las diferencias dentro de la oposición de Nicaragua podrían facilitarle el trabajo a Ortega; no menos de 10 figuras importantes ya han declarado su interés en postularse a la presidencia este noviembre. Sin embargo, todavía hay tiempo para que forjen el frente único necesario para aprovechar el espacio político que incluso unas elecciones manipuladas podría crear. En cualquier caso, no estamos dispuestos a criticar a aquellos que buscan dar un paso al frente para desafiar a la que posiblemente sea la dictadura más cruel de Centroamérica. Por el contrario, los demócratas de Nicaragua merecen el apoyo y estímulo de Estados Unidos y la región. Teniendo en cuenta el calendario electoral, lo mejor es que obtengan ese respaldo lo más pronto posible.

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