María Sol Borja es periodista ecuatoriana y editora política en el sitio gk.city.

El 28 de abril la Corte Constitucional de Ecuador —el máximo tribunal del país— dio paso a la despenalización del aborto por violación. Ese mismo día Guillermo Lasso, el presidente electo, dijo que respetaría la decisión de la Corte. La respuesta de Lasso, que deberá posesionarse como nuevo presidente de Ecuador el 24 de mayo, no tendría que ser causa de sorpresa o felicitación alguna. Sin embargo, en un país con una frágil institucionalidad y en donde la justicia ha tendido a responder a intereses políticos por encima de los derechos ciudadanos, esto es una buena noticia.

Lo es, aún más, cuando Guillermo Lasso ha sido un activo defensor de la vida desde la concepción. Sus creencias personales no han cambiado y seguirá viviendo de acuerdo a ellas, dice en el comunicado que emitió tras la decisión de la Corte. Pero como presidente electo, añade, su compromiso con la democracia es “inquebrantable” y, por lo tanto, la decisión de la Corte Constitucional será respetada por él y por quienes conformen su gabinete.

Las palabras del presidente electo cobran aún más valor cuando recordamos de dónde vienen. Lasso es un hombre católico y cercano al Opus Dei que desde que cobró mayor visibilidad en la vida pública ecuatoriana, en 2013, cuando fue candidato presidencial por primera vez, ha tenido posturas conservadoras y públicamente contrarias a la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia. En 2019, cuando la Asamblea Nacional debatía la posibilidad de levantar la penalización al aborto en casos de violación, se supo de presiones por parte de Guillermo Lasso a los legisladores de CREO, la organización política que lidera, para que votaran en contra. Al final, faltaron cinco votos, tres de ellos de asambleístas de CREO que previamente habían anunciado que votarían a favor pero que, a última hora, cambiaron de opinión.

Un año después, se reveló nuevamente la cara más conservadora de Lasso cuando hizo pública una carta abierta al presidente Lenín Moreno en la que le pedía el veto total del Código Orgánico de la Salud, que se debatía en la Asamblea Nacional. El artículo que a Lasso le generaba malestar, y que mencionaba en su carta abierta, era el 201, que hablaba de la obligatoriedad de todo médico o médica de atender emergencias obstétricas, incluidos abortos en curso. Decía que el artículo “ignora el derecho a la vida del niño por nacer”. Cuestionaba también un artículo que hacía referencia al derecho de adolescentes de acceder a información y atención relativa a salud sexual y reproductiva, y a que se garantice su confidencialidad. Decía que era un ataque directo a la responsabilidad de los padres de educar a sus hijos.

Siete meses después de esas declaraciones, y tras varios años de haber construido una imagen de hombre conservador, desinteresado en abordar asuntos de derechos humanos y salud reproductiva, Lasso parecía quedarse rezagado en su tercer intento de llegar a la presidencia. La primera vuelta electoral le dio una temprana victoria a dos de sus rivales y, en apariencia, él quedaría fuera de la contienda. Finalmente, en el recuento de votos, volvió a subir y pasó raspando a segunda vuelta con menos de un punto de diferencia con el otro candidato. Entendió entonces que si quería ganar debía empezar a escuchar a quienes querían hablar de economía pero también de derechos. El 8 de marzo, a un mes de la segunda vuelta y en el Día Internacional de la Mujer, por primera vez rechazó públicamente que una mujer violada fuera a la cárcel tras practicarse un aborto. En campaña, sin embargo, podía pensarse que eran solo palabras.

En un país en el que según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos cada día de 2015 aproximadamente siete niñas menores de 14 años fueron madres, la decisión de la Corte Constitucional es histórica. Significa, además, que el Estado empieza a hacerse cargo de la deuda mínima que por años ha mantenido con las niñas y mujeres que han sido criminalizadas y doblemente victimizadas. Especialmente con las más jóvenes, las más pobres y las más vulnerables.

El escenario es descarnado pero, uno tras otro, los mandatarios han evitado hacerse cargo. En la década que gobernó Rafael Correa, el tema se vetó incluso para la discusión. Las asambleístas oficialistas que quisieron tratarlo en la Asamblea fueron sancionadas por el comité de ética de su movimiento político y Correa amenazó con renunciar si se insistía en el tema. Su sucesor, Lenín Moreno, vetó el Código de la Salud en 2020, que contenía algunos articulados que avanzaban hacia el respeto a los derechos reproductivos.

Que un presidente electo autodefinido como de derecha, católico y provida, cuya base de votantes más dura encarna esas mismas características, diga públicamente que respetará el fallo, se convierte entonces en una esperanza. No debería ser así; deberíamos, al contrario, dar por sentado que un mandatario respetará los derechos humanos y la división de poderes. Que sus creencias personales se mantendrán en su casa y que sabrá gobernar para toda la población: tanto para quienes votaron por él cuanto para quienes no. Tiene frente a sí el desafío de sostener su discurso con sus acciones. Aunque las primeras señales —nombrar un gabinete diverso, que incluye personas que luchan por los derechos de las mujeres— han sido alentadoras, tendremos que esperar a ver si esta versión de Lasso se sostiene después del 24 de mayo, cuando empiecen los cuatro años que definirán su legado.

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