El 5 de mayo, la representante de Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio, Katherine Tai, anunció por medio de Twitter que su país apoyaría el pedido de liberación temporal de los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas contra el COVID-19. “Estos tiempos y circunstancias extraordinarias exigen medidas extraordinarias”, aseguró la funcionaria.

La discusión sobre el acceso mundial a la vacuna contra el COVID-19 fue, desde el comienzo, una discusión económica además de una cuestión sanitaria. Los datos provistos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) revelan que, de las más de 700 millones de vacunas administradas hasta marzo de este año, los países ricos recibieron 87% de las dosis contra 0.2% que llegaron a las naciones de bajos ingresos. Esto plantea un debate económico por doble vía: por un lado, quiénes y por qué pueden acceder a la vacuna y, por otro lado, la apuesta a fortalecer la vacunación no sólo como método para salvar vidas, sino también para proteger al sistema económico. Por eso, la liberación de las patentes apunta al corazón del debate sobre la economía global y, en particular, sobre las desigualdades estructurales entre países.

La asimetría en la distribución de vacunas tiene varias explicaciones. Tomemos el caso emblemático de Israel. El país de Oriente Medio pagó alrededor de 50% más del precio al que accedió Estados Unidos por la vacuna de Pfizer, una de las pocas farmaceúticas que no renunció a obtener una ganancia con la venta de su vacuna durante la pandemia. La gigante estadounidense informó que gracias a ese desarrollo obtuvo ganancias por 154 millones de dólares en 2020 y proyectó beneficios por 15,000 millones extra este año.

No hay nada nuevo en todo esto: quien tiene los recursos económicos garantiza el acceso antes que el resto y las grandes compañías pujan siempre por obtener mayores niveles de rentabilidad. El problema es que, en esta pandemia, nadie se salva solo.

Los países de mayores ingresos, además de tener más recursos, también cuentan con otra ventaja: son las sedes de las principales industrias farmacéuticas del mundo. Según un reporte del sitio especializado Fierce Pharma, de las 20 principales empresas productoras de biotecnología del mundo, nueve tienen sede en Estados Unidos, dos en Suiza, dos en Inglaterra, dos Japón, dos en Alemania, una en Francia, una en Dinamarca y una en Israel.

Clarisa Giaccaglia, especialista argentina en Relaciones Internacionales, estima que los países del norte “albergan más del 90% de la producción mundial y el 97% de las actividades de investigación y desarrollo, lo cual demuestra la estructura oligopólica del sector”. Esto permite, de acuerdo a Giaccaglia, que el nivel de rentabilidad esté por encima del resto de las industrias, logro garantizado por el sistema de patentes que permiten “fijar los precios por encima de lo normal del mercado porque no establecen competencia alguna”. Son esas licencias las que bloquean el desarrollo de las industrias en países emergentes.

En mayo de 2020, Costa Rica fue uno de los primeros países en plantear la necesidad de revisar el régimen de patentes de la industria farmacéutica. El objetivo, tal como propuso la profesora de bioética Gabriela Arguedas Ramírez en Post Opinión, era crear “un acervo de tecnologías, datos e información de todo tipo” y que pudiera estar “al servicio de todos los países”. En octubre de 2020, India y Sudáfrica realizaron una presentación formal en la Organización Mundial del Comercio para que, de manera extraordinaria, se levantaran los derechos de propiedad intelectual para poder hacerle frente a la pandemia. No fue hasta la semana pasada que, sorprendentemente, Estados Unidos anunció que apoyará el reclamo iniciado por los dos países emergentes.

Pero hay otras barreras. Estados Unidos, por ejemplo, bloqueó exportaciones de insumos que puso en jaque —o directamente paralizó— la producción de vacunas en otros países.

En la India, por ejemplo, la política proteccionista de Estados Unidos causó un faltante de 37 insumos críticos que impidieron la fabricación de 160 millones de vacunas, algo que motivó el reclamo público del director del Serum Institute, Adar Poonawalla, al presidente estadounidense Joe Biden por medio de Twitter. “Si realmente queremos unirnos para vencer este virus, en nombre de la industria de las vacunas fuera de Estados Unidos, le pido humildemente que levante el embargo de las exportaciones de materias primas fuera de Estados Unidos para que la producción de vacunas pueda aumentar”, escribió el director de la mayor compañía de producción de vacunas del mundo.

En cuanto a América Latina, también hubo problemas con la vacuna de AstraZeneca. En un esfuerzo de producción conjunta, el proceso iniciaba en la empresa mAbxience de Argentina, que fabricaba el principio activo, y el laboratorio Liomont de México, que debía hacer el proceso de envasado. Según el diario El País, la producción sufrió retrasos debido al faltante mundial de insumos, lo que provocó que algunas vacunas terminaran siendo envasadas en las plantas que AstraZeneca tiene en Estados Unidos, ya que allí no se registraban problemas de falta de insumos, como sí sufrió el laboratorio mexicano.

Queda flotando una pregunta. ¿Es suficiente la liberación de las patentes para hacerle frente a la pandemia? El biotecnólogo argentino Ernersto Resnik asegura que, además de ello, es necesaria la transferencia de tecnología o el know how. Es decir, la receta de cómo se fabrican las vacunas. Pero además allí debemos apuntar también el nivel de desarrollo de la industria farmacéutica a escala global que, de nuevo, se concentra especialmente en los países desarrollados. De nada vale conocer los ingredientes y la receta si no tengo una cocina en donde armar el plato.

La liberación de las patentes nos abre a pensar la economía a escala global. El verdadero debate es la desigualdad, no la protección de los intereses de la economía de los países ricos. La liberación de los derechos de propiedad intelectual deben ser solo el comienzo del diálogo.

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