Alberto Pradilla es reportero en el sitio Animal Político y autor del libro ‘Caravana: cómo el éxodo centroamericano salió de la clandestinidad.

Viridiana Promotor, de 35 años, recibió una visita cuando fue a recoger el cuerpo de su esposo, Jorge Alberto Rivera Cardoza, asesinado de un balazo en la cabeza por elementos de la Guardia Nacional en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Mientras todavía estaba asimilando que la habían convertido en viuda, un representante de la dependencia que mató a su marido le hizo una oferta: si firmaba unos documentos por los que renunciaba a denunciar el homicidio, sería compensada con algo más de un millón de pesos (unos 50,000 dólares).

Las circunstancias de la muerte de Rivera Cardoza están por aclarar. El hombre trabajaba como tramitador de permisos de aduanas y manejaba su vehículo a pocas cuadras del puente internacional con Estados Unidos cuando se vio en medio de una persecución. Una bala lo mató en el acto. Al perder el control del volante chocó contra otro auto, aplastando a Martha Leticia Salinas Arriaga, quien también murió.

En días posteriores, con los cuerpos todavía en poder de la Fiscalía General de la República, las familias de ambas víctimas recibieron la misma oferta: dinero a cambio de no seguir adelante con la investigación. Ambas firmaron los papeles, aunque luego Promotor se echó para atrás. Ella quiere justicia y, aunque esos pesos le vendrían muy bien tanto a ella como a sus dos hijos, decidió no recibir el cheque. No quiere que el gobierno utilice este acuerdo para no castigar a quien disparó contra su esposo.

Este tipo de ofertas desde el Estado profundizan una lógica perversa basada en dos pilares: la necesidad y la impunidad. Según el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, 62 millones de mexicanos —la mitad— están en situación de pobreza. Al mismo tiempo, 93% de los delitos no llegan nunca a castigarse, según datos de la organización México Evalúa. ¿Cómo no aceptar el trato monetario si, de todos modos, es prácticamente imposible que el militar que apretó el gatillo se siente ante un tribunal?

Los mecanismos de compensación están incluidos en las leyes mexicanas. Tanto el Ejército como la Guardia Nacional disponen de unidades especializadas para atender a sus posibles víctimas. Es un sistema que va más allá de las muertes violentas y que se aplica a una gran variedad de casos, desde negligencias médicas hasta accidentes. El problema es cuando se confunde indemnización con chantaje para hurtar el derecho a la justicia.

Es la situación en que se encontró la viuda de Rivera Cardoza y no parece una excepción. Solo entre febrero y abril los familiares de dos personas asesinadas en Nuevo Laredo y otra en Chiapas recibieron la visita de los oficiales proponiendo un pacto, según documentamos en el sitio Animal Político. En dos de ellos, los militares separaron esta compensación del proceso judicial, mientras que en otro, el agente del Ministerio Público le dijo a la madre de una víctima: “O encerramos al soldado responsable o te pagamos 300,000 pesos”.

Es probable que este tipo de negociaciones se hayan repetido: solo en 2020, el Ejército mató a 237 personas y provocó heridas a otras 50 en supuestos enfrentamientos. En 71% de ellos los militares resultaron ilesos, según datos de la organización Intersecta.

Uno de los problemas a la hora de denunciar estas prácticas es que no existe prueba documental. Se firmen o no los papeles, las víctimas no reciben una copia. Existen reglamentos que regulan el pago de indemnizaciones, pero nunca deberían estar condicionados a la disyuntiva entre dinero y justicia.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que las Fuerzas Armadas “ya no violan los derechos humanos”. La última, el viernes 14, cuando fue preguntado por un caso de ejecución extrajudicial reportado en 2020 también en Nuevo Laredo. Las cifras, sin embargo, desmienten sus afirmaciones.

Desde que López Obrador asumió el cargo, en diciembre de 2018, hasta abril de este año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos registró 914 quejas contra la Secretaría de la Defensa (Sedena), 314 contra la Secretaría de Marina y 487 contra la Guardia Nacional.

No es ningún secreto la cercanía del presidente con las Fuerzas Armadas. Cuando era candidato enarboló la bandera de “regresar a los soldados a los cuarteles” frente a la militarización iniciada por el expresidente Felipe Calderón en 2006. Sin embargo, al llegar al poder entregó al Ejército grandes cuotas de poder político y económico.

No solo dio sustento legal al despliegue de tropas en labores de orden público que anteriormente rechazó. También puso al Ejército al frente de los grandes proyectos del país. La creación de la Guardia Nacional buscaba contar con un cuerpo civil para sustituir a la Policía Federal, pero solo fue un espejismo: la mayoría de elementos y mandos llegaron desde la Sedena e incluso sus mandos forman parte del estamento militar.

En este contexto de militarización, el mecanismo de compra de impunidad parece pensado para mantener la ficción de que el Ejército o la Guardia Nacional ya no violan los derechos humanos. Que las muertes a manos del Estado son algo del pasado. En realidad, se trata de un sistema que aprovecha las carencias de México para perpetuar la impunidad de sus oficiales.

No se trata de criminalizar a todo el estamento militar ni de obviar que los soldados también son víctimas de la violencia, como los dos soldados muertos que hubo la semana pasada en Michoacán tras un enfrentamiento con el Cartel Jalisco Nueva Generación. Para alcanzar la paz en México es imprescindible garantizar que las víctimas obtengan verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Pagar para evitar investigaciones es justo lo contrario.

Ahora que se cumplen 15 años desde que Calderón inició lo que llamó “Guerra contra el narcotráfico”, que ha dejado un saldo de más de 300,000 muertos y más de 87,000 desaparecidos, López Obrador tiene la oportunidad de apostar por la justicia transicional con la que se comprometió al inicio de su mandato. Un paso indispensable es acabar con prácticas que pongan precio a la vida de las víctimas y que garantizan la impunidad de soldados y altos mandos militares.

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