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Opinión México tendrá un regreso improvisado a clases

Una madre y una estudiante limpian un salón de clase en la escuela Abraham Lincoln, antes de que los estudiantes regresen a clase en Ciudad de México, México, el 22 de mayo de 2021. (REUTERS/Edgard Garrido)

Alexandra Zapata Hojel es investigadora y activista mexicana.

Después de 14 meses de un cierre total de escuelas, estudiantes y docentes regresarán el 7 de junio a clases en México con un plan educativo improvisado e incompleto.

En marzo de 2020, ante la pandemia de COVID-19, el gobierno anunció el cierre de las escuelas y creó la estrategia “Aprende en Casa”, la cual ha traspasado la responsabilidad educativa del Estado a las familias. Los docentes que han mantenido contacto con sus estudiantes lo han hecho por convicción personal y sin apoyo presupuestal. A solo dos meses del inicio de la educación a distancia, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya reconocía que 20% de las y los maestros no seguían en contacto con sus estudiantes.

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Un año después, México es uno de los 23 países a nivel mundial que, hasta el 31 de mayo, mantenía cerradas sus escuelas. Desde el 3 de marzo el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) había hecho un llamado al gobierno mexicano para el regreso a clases presenciales, pues “desde antes de la pandemia, México ya enfrentaba una crisis de aprendizaje, puesto que alrededor de 80% de las niñas y los niños en primaria no alcanzaban los conocimientos esperados en comprensión de lectura y en matemáticas, cifra que podría agravarse dada la dificultad de mantener la calidad educativa con los recursos disponibles en casa”.

El regreso a clases presenciales en este ciclo escolar es fundamental, pero es inaceptable que sea improvisado. Las autoridades han tenido más de un año para planear el regreso a los planteles. Pretender que todo regrese a la normalidad en el momento que las y los alumnos crucen el arco de la puerta de la escuela es un error y una irresponsabilidad.

El cierre de escuelas no solo ha acentuado las brechas de desigualdad educativa, sino que para las familias más vulnerables ha desatado una crisis de abandono escolar. En febrero de este año, la organización Mexicanos Primero calculaba que la cifra de estudiantes en riesgo de abandono para educación básica y media superior ya alcanzaba los 5.6 millones. Sin una estrategia prioritaria nacional e interinstitucional, la cifra probablemente termine siendo mayor.

En las próximas semanas, estudiantes y docentes que sí tengan la oportunidad de regresar a las aulas seguirán enfrentando enormes desafíos para reestablecer verdaderas trayectorias de aprendizaje.

La brecha de aprendizajes de cada hogar durante el último año resultará en grupos de estudiantes que regresan al aula con conocimientos muy diversos. Algunos tal vez sí aprendieron en casa, la mayoría probablemente se desconectaron del plan de estudios y otros más olvidaron lo que ya habían aprendido el año pasado. Para efectos prácticos, cada uno de los salones del país será multigrado: cada docente tendrá que atender un grupo en el que cada estudiante tuvo una experiencia distinta en las últimas 44 semanas de clases desde casa. En el aula, las brechas de aprendizaje se suman a condiciones socioemocionales muy desafiantes.

Los futuros de millones de estudiantes están en juego. Sin medidas potentes de remediación, la pérdida de aprendizaje que ya se ha dado le va a costar a cada estudiante de México, en promedio, una pérdida de 8% de sus ingresos futuros por el resto de su vida, de acuerdo con el Banco Mundial.

Frente a la crisis educativa más importante de nuestra generación, la SEP centra su estrategia en promesas de agua, jabón, tapabocas, toma de temperatura y distancia entre personas. La falta de datos actualizados sobre las condiciones de las escuelas, el deterioro de la infraestructura y la ausencia de ampliaciones presupuestales ponen en seria duda que incluso estas promesas tan básicas se puedan cumplir. Hace más de un año el subsecretario Marcos Bucio admitió ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados que por lo menos 46,515 escuelas —23% de los planteles del país— no contaban con agua. Ni hablar de agua potable.

Al día de hoy el gobierno federal no ha anunciado ampliaciones presupuestales o un plan para dar mantenimiento a las escuelas. ¿Si no son las autoridades, entonces quién va costear los gastos? ¿Los padres de familia? Sin planes de aprendizaje ni de condiciones físicas dignas lo único que hay es un anuncio político en beneficio de las autoridades, no de las comunidades educativas.

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Antes de que termine el ciclo actual, el 9 de julio, las autoridades educativas deben hacer un levantamiento de tres series de datos fundamentales: un diagnóstico censal de nivel de aprendizaje y el estado socioemocional de cada estudiante en el sistema, la identificación precisa de quienes han abandonado sus estudios y las condiciones actualizadas del estado de la infraestructura escolar. Todos estos datos recolectados se deben publicar con total transparencia. Junto con los diagnósticos, la SEP tendría que estar anunciando un ambicioso programa y presupuesto enfocado en apoyo docente, vinculación con estudiantes, y equipamiento y mantenimiento escolar.

Si un gobierno autoproclamado de izquierda, como el de México, genuinamente quisiera cerrar la brecha de desigualdad y pudiera impulsar una sola acción para lograrlo, esa política pública tendría que ser una verdadera educación pública de calidad. Hoy, ante este regreso a clases, estamos muy lejos de ello.

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