Carlos Dada es fundador y director de ‘El Faro’ en El Salvador. Actualmente escribe un libro sobre el asesinato del arzobispo Oscar Romero.

Por cualquier lugar de Honduras donde uno camine, lo más probable es que se encuentre en territorio del narcotráfico. Este país ha sido, desde hace medio siglo, la base centroamericana del tráfico de drogas y el crimen organizado ha penetrado toda la institucionalidad. Si un hondureño se topa con alguna autoridad —policía, alcalde, diputado...— es muy posible que esta responda a intereses del crimen organizado. Aquí el narcotráfico se ha movido al ritmo de los intereses de Estados Unidos.

Una guerra fallida: América Latina y las drogas

Los recientes juicios celebrados en Nueva York contra traficantes de droga hondureños permiten dimensionar la penetración del crimen organizado: jefes militares y policiales, políticos, empresarios, alcaldes y tres presidentes han sido vinculados al tráfico de cocaína o señalados de haber recibido fondos del narcotráfico.

Pero los juicios tienen una subtrama que ha quedado enterrada ante los escandalosos testimonios de criminales: evidencian el choque de agendas entre distintas instituciones estadounidenses involucradas en América Central. La Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés), la Administración de Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) y el Departamento de Estado casi nunca han actuado en concierto.

Juan Antonio “Tony” Hernández, el hermano del actual presidente, Juan Orlando Hernández, fue encontrado culpable de conspirar para introducir 185 toneladas de cocaína a Estados Unidos y condenado a cadena perpetua. “En este caso, el tráfico (de drogas) fue patrocinado por el Estado”, dijo el juez Kevin Castel al dictar sentencia.

El jurado concluyó que “Tony” Hernández utilizó al Ejército y a la Policía hondureña para sus actividades delictivas y que de sus ganancias aportó grandes sumas a las campañas del expresidente Porfirio Lobo y de Juan Orlando Hernández.

Un jurado estadounidense concluyó que el hermano del presidente hondureño utilizó al Ejército y a la Policía para sus actividades delictivas.

El caso en su contra fue producto de años de investigación de la DEA y del Departamento de Justicia sobre las actividades delictivas de la familia Hernández. Mientras los agentes antidrogas seguían la pista del narcotraficante, el presidente —su hermano— recibía apoyo del Departamento de Estado, que incluso avaló su fraudulenta reelección en 2017, porque el líder opositor, el expresidente Manuel Zelaya, se alineó con el régimen venezolano. La prioridad de la DEA es cazar narcos. La del Departamento de Estado es debilitar al régimen bolivariano de Venezuela, incluso si eso significa avalar la fraudulenta reelección de la cabeza de la familia Hernández.

En la misma corte de Nueva York fueron condenados Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo, y el banquero Yani Rosenthal, hijo del hombre más rico de Honduras, encontrado culpable de lavar dinero en sus bancos para el cártel de “Los Cachiros”. Rosenthal pagó una condena de tres años de prisión y regresó a Honduras. Hoy es el candidato presidencial de la oposición.

En Honduras, uno de los países más violentos del mundo, 60% de las muertes son atribuidas al crimen organizado. Hay 37 homicidios por cada 100,000 habitantes y ninguna de las 18 provincias se libra de su control. Pero no es un fenómeno nuevo. El narcotráfico a gran escala en Honduras se remonta a la década de 1970. Ramón Matta Ballesteros, un hondureño nacido en la miseria, aprovechó las ventajas geográficas de su país y se alzó como enlace entre el Cartel de Medellín, del colombiano Pablo Escobar, y el Cártel de Guadalajara, del mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo. Operaba con la protección y complicidad de las Fuerzas Armadas, políticos y policías hondureños, y se convirtió en uno de los centroamericanos más ricos y poderosos.

Matta Ballesteros montó una aerolínea que tenía dos clientes: el cartel de Pablo Escobar y la CIA. Los vuelos subían hacia Estados Unidos desde Colombia cargados de cocaína y esmeraldas, y bajaban hasta Nicaragua con armas y municiones para los contrarrevolucionarios. En plena Guerra Fría, el interés de la CIA era terminar con el gobierno revolucionario que los sandinistas habían montado en Nicaragua, a pesar de que ya para entonces Estados Unidos había declarado la guerra al narcotráfico.

Para ello necesitaba no solo la aerolínea de Matta, sino también la participación del Ejército hondureño, que le brindaba protección a Matta. Años después, el Reporte Kerry sobre las operaciones de apoyo a los contras nicaragüenses confirmó la relación de Matta con el narcotráfico y con el transporte de pertrechos. También cuestionó que las operaciones de la DEA en Honduras se cerraran en 1983, a pesar de las evidencias de la participación de militares y del conocimiento sobre las actividades de Matta. La agenda antidrogas de la DEA chocaba con la agenda anticomunista de la CIA y la Casa Blanca. Pero los agentes antinarcóticos investigaban en México a los socios de Matta.

El capo hondureño siguió subiendo drogas y bajando armas. Acumuló tal fortuna que ofreció pagar la deuda externa de Honduras. Su suerte cambió en 1985, cuando visitó a sus socios mexicanos y participó en la tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena.

Matta Ballesteros, casi 40 después, aún está en prisión en Pensilvania, Estados Unidos, y las agencias estadounidenses aún chocan en Honduras, un narcoestado en el que Estados Unidos mantiene la principal base militar de la región.

El desafío para la administración del actual presidente estadounidense, Joe Biden, que apuesta a revertir el desprestigio heredado por su antecesor, Donald Trump, es mayúsculo. No es común que la lucha contra la corrupción y la consolidación democrática sean prioritarias en la agenda hacia Honduras. Pero si Washington está empeñado en una política exterior de principios, tendrá que arar en el desierto para encontrar interlocutores legítimos en un país penetrado desde la raíz hasta la cabeza por el crimen organizado.

En Honduras es difícil encontrar a algún político, jefe militar, policial o gran empresario que no esté vinculado al narcotráfico o a la corrupción. Todos lo saben, pero decirlo es peligroso. En noviembre de 2011, el analista hondureño Alfredo Landaverde denunció en un programa de televisión que 14 empresarios lavaban dinero para los cárteles y que los partidos políticos eran solo fachadas del crimen organizado: “Nueve diputados han muerto ametrallados y uno casi muere ametrallado la semana pasada (…) Esa no es una cifra común y corriente. Todos estos atentados están ligados al crimen organizado. El país está al borde de un desastre. Hay corrupción en el sistema judicial, la Policía, la Fiscalía, en la Corte y los partidos políticos. Hay empresarios narcos”. El narcotráfico estaba ya tan extendido que afectaba, de una manera u otra, a todos los hondureños. Lo sorprendente era que este hombre se atreviera a decirlo en televisión. Fue asesinado cinco semanas después.

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