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Opinión Nicaragua: no es así como funcionan las democracias

Foto de archivo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, durante la conmemoración del 51 aniversario de la campaña guerrillera Pancasana en Managua, el 29 de agosto de 2018. (Inti Ocon/AFP)
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Alberto Brunori es representante de la OACNUDH Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y el Caribe (OACNUDH).

Nicaragua se dispone a celebrar elecciones generales el próximo 7 de noviembre, y las señales que la OACNUDH Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y el Caribe (OACNUDH) viene detectando en las últimas semanas no podrían ser más preocupantes.

Entre el 2 y el 13 de junio, la Policía Nacional detuvo a tres precandidatos y una precandidata presidenciales, quienes se habían propuesto públicamente como alternativas al actual gobierno. También fueron detenidos otros nueve líderes políticos de la oposición (cinco mujeres y cuatro hombres), un exdirigente gremial y dos exempleados de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Esta ola de detenciones ha sido sustentada en leyes aprobadas a partir de octubre de 2020, que han sido criticadas por OACNUDH y otros órganos internacionales de derechos humanos.

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A ello se suma la cancelación de la personalidad jurídica de dos partidos políticos, y las declaraciones públicas por parte de autoridades y periodistas afines al gobierno de Daniel Ortega, estigmatizando como “ladrones”, “tranqueros” o “terroristas” a las voces disidentes. Además de los mensajes amenazantes en las redes sociales en contra de personas defensoras de derechos humanos, así como líderes y lideresas sociales y políticos.

La primera detención se produjo el 2 de junio, cuando la Policía irrumpió en el domicilio de Cristiana Chamorro, precandidata presidencial e hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, a quien sometió a un régimen de arresto domiciliar y a la inhabilitación para ocupar cargos públicos, entre otras medidas.

Hasta febrero de este año, Chamorro había presidido la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que realizaba un trabajo reconocido nacional e internacionalmente en favor de la libertad de expresión en el país. La fundación cesó sus actividades, al igual que otras organizaciones, debido a la Ley de Agentes Extranjeros que promulgó el gobierno, la cual introdujo controles y condiciones arbitrarias a quienes reciben cooperación internacional.

Chamorro enfrenta hoy acusaciones con base en una ley contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo que ya en 2018 OACNUDH había advertido que “podría ser utilizada contra individuos y organizaciones que han expresado opiniones disidentes, incluyendo a través del control de sus finanzas”.

A pocos meses de las elecciones generales, los señalamientos públicos, acciones de hostigamiento y el involucramiento de un grupo de periodistas y personas percibidas como opositoras en investigaciones penales, tiene efectos especialmente preocupantes. No solo se violan los derechos humanos de las personas afectadas, sino que se busca un efecto disuasorio sobre quienes quieran expresar posturas críticas con el gobierno.

Por si no bastara, el 8 de junio fueron privados de libertad Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, dos precandidatos presidenciales de las mayores agrupaciones de la oposición que surgió después de las protestas de abril de 2018. El mismo día también fueron detenidos el directivo gremial José Adán Aguerri y la lideresa política Violeta Granera. El 9 de junio, fue detenido el abogado José Pallais.

Todas estas personas están siendo investigadas bajo la reciente Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz y, según la Policía Nacional, habrían sido detenidas por “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, e incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”. Coincidentemente, esa ley también establece la prohibición de presentarse a cargos de elección popular.

En la mayoría de los casos nuestra OACNUDH recibió información de que se mantuvo a las personas incomunicadas, sin poder reunirse siquiera con sus abogados de confianza y se habrían realizado allanamientos sin exhibir la orden judicial.

Finalmente, gracias a una reforma del Código Penal aprobada en febrero de 2021, que la OACNUDH considera violatoria del debido proceso, la Fiscalía solicitó y obtuvo una extensión, de 48 horas a 90 días, del plazo para investigar y reunir pruebas contra las personas detenidas. En el caso de la y los precandidatos, estos no podrán continuar sus campañas y probablemente tampoco presentar sus candidaturas una vez se abra el período oficial de inscripción, el 28 de julio. A menos de cinco meses de las elecciones, las cuatro opciones potencialmente con mayores perspectivas estarían fuera de juego.

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Ante semejante escenario, no podemos dejar de insistir al gobierno de Nicaragua que cambie de manera urgente y radical la forma en que está afrontando el proceso electoral: debe liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente y restablecer el goce pleno de todos los derechos humanos que han sido indebidamente restringidos. La persistencia de violaciones de derechos humanos de esta naturaleza no resultaría compatible con la realización de elecciones libres y genuinas.

A fin de superar la crisis que afecta al país, este necesita las ideas, la energía y las contribuciones de todos los sectores de la sociedad nicaragüense, incluyendo a los diversos liderazgos sociales y políticos, a los y las periodistas, y a las personas defensoras de los derechos humanos. Nicaragua no puede salir adelante persiguiendo y apartando del debate público y de las elecciones a quienes discrepan con el gobierno y con su idea de país. No es así como funcionan las democracias.

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