Ricardo Raphael es periodista, académico y escritor mexicano. Su libro más reciente es 'Hijo de la guerra’.

El estado mexicano de Sonora vive una guerra cruel por los recursos naturales. La lista de las víctimas de esta confrontación crece todos los meses. El 27 de mayo desapareció el vocero del pueblo yaqui Tomás Rojo Valencia. Dos semanas después fue acribillado en Cajeme Luis Urbano Domínguez, activista también a favor de los derechos del pueblo yaqui. El 3 de mayo, en ese mismo municipio, perdió la vida Abel Murrieta Gutiérrez, candidato a presidente municipal, exprocurador general de la entidad y abogado de la familia LeBarón, cuyos integrantes también son víctimas de esta guerra. El común denominador de todos estos casos es la lucha por el territorio.

A principios de noviembre de 2019 fueron asesinados tres mujeres y seis niños de la familia LeBarón en una emboscada en el municipio de Bavispe. Alfonso Durazo, entonces secretario de Seguridad Pública federal, afirmó que esta tragedia pudo ser la consecuencia de una disputa por el territorio entre organizaciones criminales.

Adrián LeBarón, padre y abuelo de las víctimas, aseguró que detrás de este sangriento episodio estaba el Cártel de Caborca, encabezado por el viejo narcotraficante Rafael Caro Quintero. Explicó que el control del agua pudo haber sido el móvil detrás de la masacre. También se especula que la disputa por el litio es parte del problema.

Abel Murrieta Gutiérrez fue consejero legal de la familia LeBarón. Además de asesorarla en su reclamo para obtener justicia, también habló fuerte en contra de las empresas criminales que disputan el territorio sonorense. Días antes de ser acribillado, quien también fuera candidato a presidente municipal de Cajeme arremetió contra los intereses delictivos que azuelan la región desde hace más de tres años.

Es difícil desvincular los asesinatos de estas personas de la pugna por el agua y otros recursos naturales de la región. Sobre todo cuando a las víctimas se sumaron después Tomás Rojo Valencia y Luis Urbano Domínguez. Rojo Valencia es uno de los voceros más importantes del pueblo yaqui. Labró su reputación en 2014 cuando, junto con Mario Luna Romero, encabezó la lucha contra la construcción del Acueducto Independencia, que terminó desviando agua del río Yaqui hacia la ciudad de Hermosillo, a pesar de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de las comunidades yoremes (yaquis y mayos).

“El común denominador de todo es el despojo, la criminalización e incluso la desaparición”, solía decir Rojo Valencia antes de su propia desaparición. Desde diversos países se han hecho llamados al Estado mexicano para que este vocero del pueblo yaqui regrese con su familia. También en México, líderes políticos e intelectuales han manifestado preocupación por el hecho.

En un primer momento la Fiscalía General de Justicia de Sonora especuló que Rojo Valencia podía haber sido secuestrado con el propósito de influir en las elecciones del 6 de julio. Sin embargo, conforme los días transcurren, prevalece como móvil principal de la desaparición los intereses del crimen organizado en la zona. Esta hipótesis tiene coincidencia con la de la masacre de la familia LeBarón y el asesinato de Abel Murrieta.

El homicidio de Luis Urbano, el 12 de junio, confirmaría la autoría del crimen organizado en la desaparición de Rojo Valencia. No solo se trataba de otro activista a favor de los derechos al agua del pueblo yaqui, sino de un hombre muy cercano a él.

Esta última tragedia impone una duda grande sobre la posibilidad de que el vocero yoreme regrese a Vicam, la comunidad donde habita su familia. Esta guerra por los recursos naturales de Sonora cuenta con el silencio cómplice de algunos actores relevantes. Sorprende, por ejemplo, que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, cuyo titular es el antropólogo Adelfo Regino Montes, no haya emitido ningún comunicado y tampoco haya acudido a prestar auxilio a las familias asediadas.

También es sintomático el discurso parco del presidente, sobre todo cuando Andrés Manuel López Obrador se comprometió en 2019 con un Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui que, a la fecha, sigue sin cumplirse.

Podría decirse que el gobierno de México está dispuesto a enfrentar cualquier injusticia siempre y cuando esta no sea impuesta por las organizaciones criminales que están disputando los recursos de las comunidades. La reiterada convicción del presidente de no combatir a estas empresas ilegales está cobrando demasiadas víctimas.

Con el rostro cubierto para ocultar su identidad, varios familiares de Tomás Rojo Valencia emitieron un videocomunicado el 3 de junio. Ahí dejaron en claro que la guerra por los recursos naturales ha impuesto terror en la zona: “Sabemos que este atentado contra la libertad y la vida es una reprimenda para que nos quedemos callados (…) Es un acto más de intimidación y de hostigamiento, puesto que este crimen en contra de nuestro ser amado Tomás no es el único. Hay muchos más (…) y nuestros hermanos yoremes han callado hasta este momento por temor a las represalias”.

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