Ignacio Rodríguez Reyna es periodista mexicano. Asociado fundador de Quinto Elemento Lab. Ha sido director editorial de medios como ‘emeequis’, ‘El Universal’ y ‘Milenio Semanal’.

Apenas desperté, vi que tenía un mensaje de texto. Aún adormilado, alcancé a leer algo que decía más o menos así: “Nacho, ya viste lo que publicó Marín de ti en su columna?”. Automáticamente, sin pensarlo, hice click en el enlace adjunto. La pantalla se fue a negros y poco después el teléfono se apagó. Duró unos pocos segundos así y se encendió solo, de nuevo.

Ya estaba infectado. Solo que yo no lo sabía aún. El software Pegasus se había incrustado en mi celular y desde ese momento los espías de alguna agencia del gobierno federal mexicano —el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el Ejército o la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR)— habían tomado el control del aparato.

Por supuesto, el hecho me desconcertó, pero no tenía ninguna certeza de qué había pasado. Antes había visto el documental Citizenfour, en el que se narra la odisea vivida por Edward Snowden, el analista de inteligencia que trabajaba como contratista de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, para revelar el espionaje masivo e ilegal del gobierno de Estados Unidos sobre sus ciudadanos.

Leí después algunos de los miles y miles de documentos, gráficas y esquemas que Snowden había logrado sacar de Estados Unidos y habían sido publicados por The Guardian y The Washington Post.

No entendí por completo las sofisticadas explicaciones técnicas de cómo funcionaban los sistemas de vigilancia y espionaje, pero sí me quedó una sensación de desasosiego y de desamparo ante lo que Snowden denunciaba.

Como cientos de periodistas en México, suponía que estaba expuesto a que escucharan ilegalmente mis conversaciones. Durante muchos años, en llamadas con colegas bromeábamos y les mandábamos “saludos a nuestros amigos del Cisen”.

No era un secreto que el gobierno mexicano había espiado durante décadas a periodistas, políticos e intelectuales. Los archivos de la Dirección Federal de Seguridad que se dieron a conocer en 2002 mostraron algunos de los detalles de cómo operaba una Policía política que recurría, en casos extremos, al secuestro y desaparición de opositores al régimen. Años antes ya había tenido acceso a la ficha que había elaborado sobre mí el Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El incidente con el teléfono y Pegasus ocurrió a principios de 2017. Alejandra Xanic y yo trabajábamos en ese momento en la investigación de las operaciones de la constructora brasileña Odebrecht en México, acusada de corrupción en distintos países del continente. En agosto de ese año documentamos que Emilio Lozoya Austin, director de la empresa petrolera estatal Pemex, había sido sobornado con decenas de millones de dólares.

Xanic me contó después que le había ocurrido algo raro: había recibido un mensaje de texto que decía “¿Ya viste la nota que salió en Milenio? Involucran a Nacho en corrupción o lavado de dinero?”. Al igual que yo, ella también mordió el anzuelo y dio click a uno de esos mensajes.

En junio de ese año se publicó en The New York Times la investigación realizada junto con el Citizen Lab de Toronto y la Red en Defensa de los Derechos Digitales, en la que se revelaba que un grupo de periodistas, personas defensoras de derechos humanos y activistas habían sido atacados con Pegasus, el malware adquirido por el gobierno mexicano.

Supimos que la periodista Carmen Aristegui, su hijo y el equipo de periodistas que hizo la investigación sobre una casa del expresidente Enrique Peña Nieto habían sido espiados, junto con activistas sociales y defensores de derechos humanos.

Nos enteramos de que el gobierno mexicano prefería investigar a periodistas que intentaban develar las tramas de corrupción de un gobierno que investigar y sancionar a los funcionarios corruptos.

Cuatro años después Proyecto Pegasus, una mega investigación coordinada por la organización Forbidden Stories, ha revelado la magnitud real del espionaje. Se trata de una enorme operación ilegítima e ilegal del Estado mexicano en contra de 15,000 de sus ciudadanos, incluyendo al ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, su familia y su círculo cercano. Y también a al menos 25 periodistas, entre ellos Xanic y yo. Los reportajes documentan que Pegasus fue utilizado de manera masiva e indiscriminada, sin ninguna orden judicial.

En 2017 tanto Xanic como yo normalizamos el hecho y simplemente descartamos los aparatos que usábamos. Estábamos equivocados, al menos yo.

Hoy soy consciente de que la intromisión en mis comunicaciones profesionales y privadas es un hecho atroz. Tuvieron acceso a todo: mis llamadas, mis mensajes en aplicaciones como Telegram o Whatsapp, mis fotos. Pudieron encender el aparato cuando quisieron y tomar fotos o grabar momentos privados o de intimidad. Nos dejó en absoluta indefensión a los afectados.

Por la gravedad del tema no basta con decir, como ha dicho el presidente López Obrador, que este gobierno ya no espía. No lo sabemos. No tenemos por qué creer en sus palabras sin que ello venga acompañado de una transparencia total: los contratos para adquirir Pegasus, quiénes autorizaron la compra, quiénes operaban y ordenaban las intervenciones, dónde se almacenó la información, por ejemplo.

Es un momento clave: necesitamos saber qué se hizo con la información que se sustrajo ilegalmente de los teléfonos y quién tuvo acceso a ella. Es más, debemos tener constancia de que esa información, que no pertenece al Estado, se destruya.

El espionaje a periodistas es inadmisible y compromete la libertad de expresión. Tiene además un efecto intimidatorio no solo en el periodismo sino, lo que es más importante, en los entrevistados y las fuentes de información que pueden ver comprometida su integridad física.

No es una fantasía, Proyecto Pegasus sacó a la luz un dato fundamental: el periodista Cecilio Pineda, que ya había sido amenazado, fue atacado con el malware unos días antes de que lo asesinaran. El Ejército mexicano pidió que se infectara su celular y no ha dicho nada de por qué lo hizo.

López Obrador no puede evadir la responsabilidad que le corresponde: transparentar de manera absoluta la información, investigar a fondo de manera integral a los funcionarios del gobierno de Peña Nieto que espiaron, y proceder legalmente contra el expresidente y esos funcionarios.

Hacer justicia en este caso, para todas las personas espiadas, no se trata de “venganza” alguna, como acostumbra decir el presidente. Tampoco debe realizarse una consulta “al pueblo”, como la que su gobierno hará en agosto, para saber si debe investigarse este caso. La justicia no se pone a votación.

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