Témoris Grecko es periodista mexicano. Autor de los libros ‘Ayotzinapa. Mentira histórica’ y ‘Killing the Story’, y guionista de los documentales ‘MirarMorir. El Ejército en la noche de Iguala’ y ‘No se mata la verdad’.

El periodista Cecilio Pineda dormitaba en una hamaca mientras esperaba a que lavaran su camioneta en Ciudad Altamirano, en la región de Tierra Caliente del estado de Guerrero, el 2 de marzo de 2017. Dos sujetos en una motocicleta llegaron directamente a él y lo asesinaron a balazos. En aquel momento, la precisión del atentado parecía difícil de explicar.

El Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, perteneciente al gobierno federal, supuestamente vigilaba la seguridad de Pineda porque había recibido varias amenazas de muerte. Cuatro días más tarde Roberto Campa, entonces subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, responsabilizó al reportero de su destino pues, aseguró, “tres veces intentamos sacarlo” pero “la realidad es que él no quiso dejar Ciudad Altamirano”.

La realidad era que el periodista había sido espiado mediante el software Pegasus, un sistema adquirido por la administración del entonces presidente Enrique Peña Nieto, al que Campa pertenecía, para uso exclusivo en contra de probables criminales, pero que se empleó contra periodistas, activistas, políticos y ciudadanos comunes. Los investigadores de Pegasus Project, la alianza internacional de prensa que está desentramando los usos políticos de esa plataforma, revelaron que la intervención del celular de Pineda inició justo en las semanas previas al crimen y probablemente facilitó que lo ubicaran para matarlo. ¿Qué sabía Campa de esto?

Del año 2000 a julio de 2021, en el país fueron asesinados 141 comunicadores en posible relación con su actividad periodística, de acuerdo con Artículo 19. En los dos años y medio del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la cifra es de 21 informadores. En 2020, México fue el país donde mataron más periodistas, según Reporteros sin Fronteras.

Los periodistas de Guerrero, como los de otros estados de México, ya se sentían amenazados por los poderes políticos, económicos y criminales que pretenden controlar o limitar sus actividades. Además, ahora les siguen los pasos con uno de los sistemas más avanzados del mundo.

Este espionaje digital agrava una situación que ya era extremadamente peligrosa e insostenible, pero que las autoridades no han enfrentado. En octubre del año pasado, periodistas de la ciudad de Iguala, en Guerrero —conocida por la desaparición de 43 estudiantes de la escuela de Ayotzinapa, en 2014—, lanzaron un llamado de auxilio en una carta abierta al presidente López Obrador. Denunciaron que varios de ellos recibieron mensajes de WhatsApp en sus cuentas personales, con fotografías suyas y advertencias de que “estaban ubicados” y que los “harían pedacitos” junto a sus familiares. También de que correrían la suerte de uno de sus compañeros, Pablo Morrugares, asesinado unas semanas antes, en agosto de 2020. Les exigieron dejar de cubrir las acciones de los grupos criminales locales y otros eventos.

En octubre, una marcha por la paz en esa ciudad, por ejemplo, se desvaneció en la oscuridad porque ningún reportero quiso arriesgar la vida informando sobre ella. Iguala se ha convertido en una zona de silencio: se conocen los nombres de al menos seis periodistas que la han abandonado para refugiarse en otros sitios. Otros pueden haber optado por marcharse con discreción.

Hay más áreas opacas, reporta el corresponsal del diario La Jornada Sergio Ocampo: en la Montaña Baja, en las poblaciones de Chilapa y Tixtla, ni siquiera se permite la venta de diarios editados en otras partes del estado y del país; de los 14 municipios de Tierra Caliente, solo en el más habitado, Ciudad Altamirano, circula el periódico El Despertar del Sur, y los demás han cerrado; varios periodistas de la Costa Grande fueron amenazados; en la Montaña Alta hay municipios vedados para la prensa y no se imprime ni una sola publicación; y algunos reporteros han sido obligados a huir del famoso puerto de Acapulco.

El 16 de julio de este año, Sergio Ocampo y otros periodistas de la capital estatal, Chilpancingo, interceptaron la camioneta que transportaba al presidente López Obrador y, tras algunos empujones con su personal de apoyo, lograron entregarle una segunda carta en la que denunciaron que una decena de reporteros de las ciudades de Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo, Acapulco, Taxco y Chilapa han tenido que escapar de ellas.

La causa, señalaron, es la colusión de autoridades municipales, estatales y federales y del Ejército con grupos paramilitares. También escribieron que “en los últimos 18 años han sido asesinados 19 periodistas y uno más de encuentra desaparecido”, con plena impunidad en todos los casos. Le informaron que hay “zonas silenciadas”. En el momento, de acuerdo con Ocampo, el presidente dijo que el abordaje era “una provocación”.

Tres días más tarde, en su conferencia diaria, el presidente se comprometió con la hermana de Olegario Aguilera, periodista guerrerense desaparecido hace 17 años, a promover su búsqueda pues “vamos a seguir garantizando la seguridad, la paz, la protección de todos, de (los) periodistas”.

Son buenas intenciones que, sin embargo, se ven muy lejanas desde las calles y los campos donde los reporteros arriesgan la vida cada día en muchas regiones de México. Porque Guerrero es solo un caso. En Sonora, en la frontera norte, periodistas protestaron el 24 de julio por el asesinato de Ricardo López, director del portal Infoguaymas. Había responsabilizado de lo que pudiera sucederle al director de Seguridad Pública municipal, el capitán de la Marina Andrés Cano Ahuir, quien ya es investigado.

Desde 2018, Sonora se ha colocado a la cabeza de los estados donde matan más periodistas, con cuatro, producto de un aumento en la violencia. Pero los demás estados no se salvan de ella. En los últimos tres meses, además de Ricardo López, han sido asesinados Benjamín Morales (3 de mayo, Sonoyta, Sonora), Gustavo Sánchez (17 de junio, Tehuantepec, Oaxaca) y Saúl Tijerina (22 de junio, Ciudad Acuña, Coahuila), según el Comité para la Protección de Periodistas. Hay más casos en los que no se ha confirmado que el motivo sea su trabajo periodístico.

La seguridad, la paz y la protección de los periodistas no están de ninguna manera garantizadas, como se manifiesta con desesperación en cartas y en protestas, aunque el presidente pueda percibirlas como provocaciones. López Obrador ha reivindicado su compromiso con la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a ser informada. Pero hace falta verlo reflejado en el terreno: a casi medio sexenio, no se ven las acciones gubernamentales, ni siquiera los planes que apunten a garantizar que el periodismo pueda ser ejercido sin dar la vida.