Roberto Valencia es periodista y escritor salvadoreño nacido en Euskadi. Su libro más reciente es ‘Carta desde Zacatraz’.

El Salvador, país de poco más de seis millones de habitantes y con una limitada penetración de internet, será el primero del mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal. Este 7 de septiembre entrará en vigencia la llamada Ley Bitcoin, aprobada por la Asamblea Legislativa el 8 junio, apenas tres días después de que el presidente Nayib Bukele sorprendiera a la ciudadanía —y al mundo entero— con el anuncio histriónico.

La ocurrencia del presidente ya ha logrado que se vuelvan a clavar las miradas en el diminuto país centroamericano. Sin duda, todo un logro desde el punto de vista publicitario y propagandístico —en sintonía con los orígenes de Bukele como publicista— pero que deja de resultar simpático cuando son el salario, los ahorros o las deudas de las personas las que pueden verse afectadas.

En los próximos días internet se saturará de opiniones, discusiones y reportajes que analizarán las implicaciones en la macro y microeconomía que tendrá la decisión de que en El Salvador una criptomoneda se ponga a la par del dólar estadounidense, nuestra moneda nacional desde 2001. Así que me centraré en dos aristas puntuales.

La primera es qué tan preparada recibirá la sociedad salvadoreña su bautismo forzoso —“Todo agente económico deberá aceptar bitcoin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio”, dice la ley— en el mundo del bitcoin.

Hablé con cuatro personas que son “agentes económicos” que ofrecen bienes o servicios. A una semana de que el bitcoin irrumpa en sus negocios y en sus vidas, las cuatro (tres mujeres, un hombre) coincidieron en que no han recibido del gobierno ninguna capacitación, orientación, reglamento o siquiera un instructivo elemental con el cual poder informarse sobre qué hacer. Su rechazo no es por desidia, o por animadversión hacia Bukele o hacia las criptomonedas: simplemente no saben qué hacer ante lo que viene.

En función del tamaño del negocio, sus preocupaciones van desde cómo asignar una billetera digital (la mentada wallet) a un comercio que tiene su propia personería jurídica, a cómo llevar la contabilidad cuando hay flujos de dos monedas independientes, pasando por los temores lógicos a la volatilidad de esta.

En los tres meses transcurridos desde el anuncio, un bitcoin pasó de cotizarse en 35,500 dólares a 47,000. Esta alza de 32% puede ser positiva para los propietarios de bitcoins pero, ¿y si ocurriera al revés? ¿Si en cuestión de días o semanas —incluso horas— se depreciaran los bitcoins que uno tiene en su wallet para llegar a fin de mes? Es algo que ya ocurrió en mayo de este año.

Les pregunté qué harán si el 8 de septiembre un cliente les dice que quiere pagar en bitcoins, dado que la ley vigente se lo permitirá, y los cuatro respondieron lo mismo: amablemente le dirán que no pueden aceptar esos pagos, al menos hasta que sepan cómo hacerlo.

La que seguramente sea la política pública de índole económica que más impacto tendrá en el día a día de las y los salvadoreños en años supura improvisación, incertidumbre y caos, adjetivos que no suelen gustar cuando se habla del bolsillo propio.

A pesar de que Bukele aún mantiene niveles de popularidad absurdamente altos, una encuesta elaborada en julio por la Universidad Francisco Gavidia expresó un profundo rechazo (77.5%) de la ciudadanía a la medida impulsada por el presidente.

Por eso la segunda de las aristas, y la más relevante, es: ¿por qué Bukele, hoy por hoy uno de los presidentes mejor evaluados del mundo, se querría meter motu proprio en un berenjenal del que puede salir trasquilado? Se ha especulado con que el bitcoin es un paso previo a la desdolarización de la economía, con que hay negocios y comisiones (cajeros, cabinas, software…) que irán a manos de personas y empresas del círculo cercano al presidente, o con que detrás está un interés genuino por ahorrar a los salvadoreños los pellizcos que las instituciones financieras dan a los miles de millones de dólares en remesas que la diáspora envía cada año. Pero eso, de momento, son especulaciones.

Hablé sobre el tema con un alto funcionario de la administración Bukele, bajo condición de anonimato. Me admitió que sus propias encuestas señalan la impopularidad del bitcoin. También que están convencidos de que eso no tardará en revertirse y que los beneficios que se sentirán diluirán rápido los miedos. Y, quizá lo más significativo si se analiza desde un plano estrictamente político, que el bitcoin será un termómetro para medir si la sociedad salvadoreña termina aceptando o incluso defendiendo políticas públicas que de entrada rechazó. Una enseñanza para lo que pueda venir después con otras propuestas, en otros temas.

Sin embargo, el bitcoin tiene potencial para convertirse en el primer pedrusco en el zapato de Bukele. “La Ley Bitcoin golpea el estómago y el bolsillo de la población”, me dijo René Portillo Cuadra, el jefe de la fracción en la Asamblea Legislativa de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), el principal partido opositor.

El presidente está jugando con fuego, y puede quemarse él e incendiar la enclenque y endeudada economía salvadoreña, pero la oposición política le ha apostado tanto al bitcoin como ariete contra el bukelismo que también podría salir escaldada. En El Salvador llevamos semanas escuchando de boca de los opositores escenarios tan apocalípticos para la era bitcoin que, si no se concretan a corto o medio plazo, todas esas voces críticas no habrán hecho más que ayudar a consolidar el proyecto político de Bukele. Una vez más.