La Fiscalía General de la República (FGR) en México es un órgano público autónomo que debe regirse por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez. En teoría. En la realidad, la FGR ha demostrado ser una suerte de ministerio de las vendettas que procesa judicialmente los odios personales de su titular, Alejandro Gertz Manero, y de su jefe político, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el más reciente escándalo, Gertz solicitó órdenes de aprehensión en contra de 31 científicos, investigadores, académicos y personal administrativo, a quienes acusa de lavado de dinero y delincuencia organizada a partir de una denuncia de la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez-Buylla. El fiscal pidió que los investigadores fueran llevados al penal de máxima seguridad de El Altiplano, donde estuvo recluido en su momento el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El caso no es una simple exageración: es una venganza. En junio, Álvarez-Buylla impulsó y defendió el ingreso de Gertz Manero al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Lo había intentado cinco ocasiones, durante 11 años, pero sin éxito por no tener las credenciales académicas suficientes. Pero tan pronto asumió el cargo de fiscal, el gobierno se encargó de despejarle el camino: se le otorgó el Nivel III como investigador, el más alto, al que han ingresado menos de 8%. El gremio científico protestó públicamente al considerar que Gertz no tenía los méritos. Hasta denunciaron plagios en sus publicaciones.

Gertz los contraatacó y judicializó su rencor: usó la institución a su cargo para su vendetta personal y lanzó una treintena de órdenes de aprehensión contra el gremio que lo contradijo. Los casos de desvíos de dinero y corrupción deben castigarse, pero aquí sorprende la saña contra un grupo de académicos en un país en donde la FGR ha hecho nada contra dos hermanos del presidente grabados en video recibiendo clandestinamente dinero en efectivo, o donde se sigue una política de “abrazos, no balazos” que ha permitido la operación impune de los grandes capos de la droga.

Ante el creciente escándalo por las órdenes de aprehensión contra los científicos, hasta la propia Álvarez-Buylla trató de deslindarse diciendo que no sabía de dónde había salido la acusación, pero el presidente le recordó al día siguiente el documento donde ella pidió la indagatoria.

La abyecta persecución ha sido repudiada incluso por varias figuras del propio gobierno federal, como la gobernante de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el líder de la bancada del partido oficialista Morena en el Senado, Ricardo Monreal; y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto.

Sin embargo, alguien sí aplaudió a Gertz: el presidente López Obrador. Este aplauso está bien explicado por un dicho que repite mucho el primer mandatario: “Amor con amor se paga”. En los casi tres años que lleva Alejandro Gertz al frente de la FGR, ha estado sometido a las instrucciones del presidente. Cada que López Obrador en sus conferencias cotidianas emite una “opinión” sobre algún tema, el fiscal actúa en consecuencia. López Obrador dice que sus opiniones “no son instrucciones”, pero sabe que, cuando las emite, el fiscal las acata como tales. El fiscal se ha prestado hasta de comparsa para los más rebuscados disparates del presidente, como la supuesta rifa del avión presidencial.

Por eso Gertz ha ido acrecentando el uso de la fiscalía para sus fines privados. No solo es el caso de los científicos: hace unos meses fue detenida su sobrina política, Alejandra Cuevas Morán, acusada del homicidio de su padrastro, el hermano del fiscal, Federico Gertz. El pleito legal de la familia inició desde 2015, pero el tema había sido archivado hasta que el fiscal lo revivió y fue encarcelada su sobrina política. Por esto, Gertz ha sido acusado por la familia de abuso de poder, fabricación de pruebas y violaciones al debido proceso.

Está también el escándalo de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). A finales de junio, la policía estatal poblana entró al campus con una orden de recuperación del patrimonio, derivada de un añejo pleito entre Gertz y la familia Jenkins por la propiedad y uso de la marca de la UDLAP. El caso estaba estancado en los lentos pasillos de la justicia mexicana, pero el fiscal lo revivió y no dudó en girar orden de aprehensión contra el exrector de la universidad.

¿Alguien va a llamar a cuentas a Gertz? ¿El Congreso que lo nombró no es capaz de frenar este obsceno uso personal de una institución? Está arrojando al basurero la aspiración de la sociedad civil mexicana de contar con una Fiscalía independiente, cuyo titular no esté sometido al jefe del Ejecutivo, que pueda investigar y actuar sin cálculos políticos. Ese fue el objetivo cuando la desprestigiada Procuraduría General de la República se volvió Fiscalía. Pero salió peor el remedio que la enfermedad.