Hugo Alconada Mon es abogado, prosecretario de redacción del diario argentino La Nación y miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Han transcurrido ya tres semanas desde la publicación de las primeras investigaciones de los Papeles de Pandora (Pandora Papers), las cuales han expuesto cómo funciona el sistema de paraísos fiscales y cuentas de activos extraterritoriales (offshore) para delincuentes, empresas multinacionales, presidentes y expresidentes, altos funcionarios, y demás ricos y poderosos.

Las investigaciones que realizaron el equipo de reporteros —del cual formo parte— del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés) , apoyadas en casi 12 millones de documentos, sirven también para evaluar cómo reacciona el poder ante revelaciones como estas. A menudo la respuesta de los involucrados y de la sociedad se ha reducido a aplaudir que salga a la luz lo que es ilícito, pero criticar su publicación si los activos offshore están declarados ante las autoridades tributarias. ¿Por qué exponer nombres y activos en ese caso?, plantean. Desde el primer ministro checo, Andrej Babis o el expremier británico, Tony Blair, pasando por la cantante Shakira y el futbolista Ángel Di María argumentan —siempre por medio de voceros, nunca ellos mismos— que lo suyo es lícito.

La pregunta esconde cierto desconocimiento sobre el mundo de los activos offshore y su impacto global. Pero en muchos casos refleja hipocresía o cinismo. Porque los paraísos fiscales permiten a una élite elegir las leyes que deseen. Y si unos pocos pueden escoger qué leyes les aplican, vivimos en dos mundos: uno para privilegiados y otro más estricto para el resto.

Reducir el debate a si el beneficiario de una sociedad o una cuenta bancaria en un paraíso fiscal la declaró ante las autoridades tributarias del país donde reside es una oportunidad perdida. Hay que abordar qué debemos y podemos hacer ante los paraísos fiscales: ¿Sancionarlos? ¿Copiarlos? ¿Promover o imponer nuevas normas de transparencia societaria, financiera y bancaria? ¿Fijar una tasa tributaria mínima común de 15% a todas las naciones? Demasiadas preguntas para reducir el debate del offshore a una falsa y elemental dicotomía.

Un motivo central por el que muchos recurren a los refugios offshore es, por supuesto, esconder sus riquezas delictivas. Sobran los ejemplos: dictadores como Augusto Pinochet, narcotraficantes mexicanos y corruptos argentinos con fortunas escondidas. Ha sido así desde el siglo XVII, cuando los piratas surcaban los mares buscando islas donde ocultar su oro.

Sin embargo, el primer error es creer que solo ciertas islas caribeñas cumplen el propósito de ser paraísos fiscales. En los Pandora Papers se señala que Dakota del Sur, en Estados Unidos, es un destino cada día más preciado para esos fines, al igual que varios países asiáticos. También lo es Luxemburgo, que en 2019 recibió cinco billones de dólares de capital extranjero. El Ministerio de Finanzas señaló en un informe de 2018 que esto “supone la exposición a la creciente y cambiante amenaza del blanqueo de dinero y de la financiación del terrorismo”. Dos años después, ese mismo ministerio dijo que el lavado de activos era “la mayor amenaza” para ese país.

El segundo error es reducir el debate sobre los paraísos fiscales a la falsa discusión sobre si estos activos fueron declarados o no por el contribuyente al fisco de su país de origen o residencia. El dinero de, por ejemplo, un brasileño en una cuenta bancaria en las Islas Caimán engorda el sistema financiero de esas islas: posibilita créditos, genera empleos y alienta las finanzas, la producción y el desarrollo ahí, no en Brasil. Este es un costo indirecto, pero muy concreto, de los paraísos fiscales.

Además, estos paraísos fiscales ofrecen a las grandes empresas y a los más ricos que paguen muchísimo menos impuestos. Especialistas del Fondo Monetario Internacional, al que no se puede tildar de progresista, estimaron que los paraísos fiscales le cuestan entre 500,000 y 600,000 millones de dólares a los gobiernos de todo el mundo en impuestos corporativos no cobrados, de los que 200,000 millones de dólares deberían ir a las arcas de los países menos desarrollados.

La situación llega en ocasiones a tales niveles de inequidad que abundan los ejemplos de multinacionales y megamillonarios que eluden al fisco y terminan pagando, en comparación, menos impuestos que sus empleados. Ridículo y perverso, pero real, como expusieron los Paradise Papers, otra investigación de ICIJ.

Los paraísos fiscales son tan atractivos que acumulan al menos 11.3 billones de dólares, de acuerdo a un estudio de 2020 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Más allá de quienes buscan esconder sus fortunas criminales, hay otras motivaciones que exponen problemas estructurales.

Están, por ejemplo, quienes acuden a Panamá, las Islas Vírgenes Británicas o Bahamas, entre otros destinos, porque buscan reducir la carga fiscal sobre su patrimonio. Pero también quienes necesitan reducir al mínimo las trabas burocráticas asociadas a la apertura de nuevas empresas que les permitan generar negocios. En contraste, para quienes buscan abrir un comercio o enviar una transferencia bancaria en el resto de los países de nuestra región, los requisitos y formularios superan por mucho a los de estos paraísos fiscales.

Otros acuden al mundo offshore huyendo de la volatilidad política, económica o financiera que asola sus países, de acuerdo con los estudios de Gabriel Zucman, Annette Alstadsæter y Niels Johannesen. La necesidad de un refugio patrimonial ante las crisis recurrentes y la inseguridad jurídica puede explicar por qué Portugal, Grecia, Argentina, Rusia o Venezuela figuran entre los países cuya ciudadanía más acude a los paraísos fiscales.

Pero demasiados acuden a ellos porque pueden: porque desean escoger las leyes que los rigen, ya sean tributarias, de trámites hereditarios o de responsabilidad patrimonial. Esto atenta contra los principios de igualdad ante la ley y contra la democracia, como bien recuerdan los dos periodistas alemanes que lideraron los Panama Papers.

Si no encaramos un debate profundo sobre el tema solo acentuaremos la ya enorme brecha que separa a la amplísima mayoría de nuestros ciudadanos y ciudadanas de una pequeña y consolidada élite política, económica y social que actúa como una casta que pregona el bien común, pero que a puertas cerradas busca maximizar sus beneficios en deterioro del resto.