Duncan Tucker es el jefe de medios para las Américas de Amnistía Internacional. El caso de Bernardo Caal Xol aparece en la edición de 2021 de ‘Escribe por los derechos’, la campaña global anual de redacción de cartas de la organización.

Encerrado en condiciones asquerosas y de hacinamiento en un sistema penitenciario notorio por sus motines mortales y decapitaciones, Bernardo Caal Xol está pagando el precio de hacerle frente a los intereses corporativos y a las autoridades que de manera habitual corrompen el sistema de justicia de Guatemala para silenciar a los defensores de los derechos humanos.

Caal, de 49 años, es maestro y líder comunitario de Santa María Cahabón, un territorio maya kekchí en la exuberante región norteña de Alta Verapaz. Desde 2015 ha presentado varios recursos legales contra el proyecto hidroeléctrico OXEC por supuestamente destruir 15 hectáreas de bosque y tres cerros sagrados, así como restringir el acceso a dos ríos sagrados donde la comunidad kekchí ha pescado y se ha bañado por generaciones, lo que viola una ley internacional que consagra los derechos de los pueblos indígenas al consentimiento previo, libre e informado sobre proyectos que afecten sus territorios.

Caal fue arrestado en enero de 2018 y está cumpliendo una sentencia de siete años y cuatro meses por supuestamente detener y robar a cuatro empleados de una subcontratista de OXEC durante una protesta de 2015. La Corte Suprema de Justicia de Guatemala rechazó su más reciente apelación en septiembre, pero Caal nunca debió pasar ni un día tras las rejas. En Amnistía Internacional descubrimos irregularidades, negligencia y falta de pruebas en el caso contra Caal, y lo declaramos un prisionero de conciencia que ha sido encarcelado únicamente por su activismo.

La defensa de Caal de los derechos humanos también ha provocado amenazas y campañas de difamación en su contra, lo que suscita serias preocupaciones sobre su seguridad. Guatemala fue el séptimo país más peligroso para los defensores de la tierra y el medioambiente en 2020, y al menos 11 activistas contra proyectos hidroeléctricos han sido asesinados en ese país en los últimos años.

Expertos de la Oganización de las Naciones Unidas advirtieron recientemente que la salud de Caal se está deteriorando en una prisión con “deficiente infraestructura, alimentación y saneamiento”. Las visitas han sido fuertemente restringidas durante la pandemia: solo se le ha permitido la entrada a su esposa de forma esporádica. Su anciana madre y dos hijas no han podido verlo.

Caal pasa gran parte de su tiempo tras las rejas escribiendo cartas, en las que a menudo denuncia a Florentino Pérez, el multimillonario español mejor conocido como el presidente del club de fútbol Real Madrid. Pérez también dirige la gigante constructora española ACS, cuya filial Cobra construyó Renace, otro proyecto hidroeléctrico en el río Cahabón. En una visita de 2014 para supervisar la construcción, Pérez le regaló al entonces presidente de Guatemala una camiseta del Real Madrid y se jactó de la “responsabilidad social ejemplar” de Renace, “que respeta a los demás, al medioambiente y las comunidades”.

Pero Caal asegura que ha causado un daño terrible. En una carta escrita a mano, acusa a Pérez de canalizar y desviar el río sin haberle consultado a las comunidades afectadas, lo que “ha dejado a miles de hermanos y hermanas mayas kekchí sin acceso al agua”. En otra, le implora a la afición del Real Madrid que le diga al presidente del club que “deje en paz y libertad al Sagrado Río Cahabón”. ACS y Cobra no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Al igual que con OXEC, los tribunales de Guatemala permitieron que el proyecto Renace prosiguiera, a pesar de reconocer la violación de los derechos de las comunidades locales al consentimiento previo. Renace ha negado haber cometido cualquier infracción, pero un organismo del gobierno español descubrió que había causado “cambios significativos a algunos tramos del río Cahabón(…) con posibles efectos negativos en las comunidades locales”.

El acceso a los ríos es vital en Alta Verapaz, una de las regiones más pobres de Guatemala, donde solo 28% de la población tiene agua corriente en sus casas. Restringir el acceso puede tener consecuencias terribles para las comunidades locales que durante mucho tiempo han dependido de los ríos como fuente de peces, cangrejos, caracoles y plantas comestibles. Renace y OXEC aseguran que han ayudado a reducir la desnutrición mediante sus programas locales de salud y desarrollo social, pero Alta Verapaz representó 75% de las muertes infantiles por desnutrición a nivel nacional este año, y al menos 137 bebés han muerto por desnutrición aguda desde 2016 en la región.

Para colmo, las comunidades afectadas rara vez obtienen los beneficios de los proyectos hidroeléctricos, ya que las zonas donde se concentran las represas tienen el menor acceso a la electricidad en toda Guatemala.

La indignación pública por el encarcelamiento de Caal ha coincidido con el descontento nacional por la desigualdad económica, el mal manejo de la pandemia por parte del gobierno y su desmantelamiento de los esfuerzos para combatir la corrupción y la impunidad. El descontento estalló en una huelga nacional en julio, en la que amplios sectores de la sociedad se unieron a los líderes indígenas para pedir una transformación completa en la forma en la que se está gobernando a Guatemala.

El respeto a los derechos humanos debe ser fundamental para avanzar. Cuando Guatemala represente a América Central en la conferencia COP26 en Glasgow, como uno de los países más afectados por la crisis climática global, se espera que aumente la necesidad de recuperar y proteger los ecosistemas afectados por los proyectos hidroeléctricos. Sin embargo, no puede seguir criminalizando a los defensores del medioambiente que desempeñan un rol vital en la protección de estos mismos ecosistemas.

Las autoridades de Guatemala deben comenzar por anular la condena de Caal y liberarlo de inmediato. En lugar de encarcelar a valientes defensores de los derechos humanos, deben protegerlos y garantizar los derechos de los pueblos indígenas para evitar mayores injusticias.