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Opinión La COP26 busca la salida del carbón, México se resiste a dejar un combustible que mata

Un minero en la mina de carbón Santa Bárbara, en San José de Aura, Coahuila, México, en octubre de 2021. El fin del uso del carbón fue de los ejes centrales de la COP26 para paliar la crisis climática. (Felipe Luna Espinosa)
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Rafael Fonseca y Ana Sofía Tamborrel trabajan en la organización Iniciativa Climática de México.

La industria carbonífera mata personas y daña ecosistemas desde la extracción hasta su uso para alumbrar nuestras casas. El carbón es la principal fuente de energía —un tercio de la demanda— y también la principal fuente de los gases de efecto invernadero en el mundo. El calentamiento global que hemos experimentado es de 1 grado Celsius, del cual 0.3 grados se lo debemos al carbón.

Este combustible es hoy un símbolo de un modo de vida insostenible, tanto para los pueblos mineros como para el bien común del planeta. La salida del uso del carbón implica una transición hacia formas de energía renovables y que ponga en el centro el bienestar de las comunidades más afectadas. Esto se ha planteado desde esas comunidades y hoy está ya en los acuerdos de la más reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26). Es una oportunidad que ya no podemos desaprovechar.

El fin del uso del carbón fue uno de los ejes centrales de la COP26 para paliar la crisis climática. Su presidente, Alok Sharma, hizo un llamado para ello y, el 4 de noviembre, 47 países y 26 organizaciones firmaron la declaración para la transición global hacia energías limpias. También 28 miembros se sumaron a la Alianza para la energía más allá del carbón (PPCA, por su sigla en inglés) que busca eliminarlo hacia 2030. La firmaron países con alta dependencia como Sudáfrica, Polonia e Indonesia, pero México, integrante de la PPCA, no lo hizo.

México parece ir a contracorriente del mundo. “Ya basta de modas e hipocresía”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador para justificar su ausencia en la COP26. Los acuerdos globales que ahí se firmaron no son vinculantes, pero sí un precedente y un compromiso para coordinar soluciones globales conjuntas. En términos prácticos, no estar en ellos limita el acceso a recursos internacionales para llevar a cabo una transición energética que beneficie, sobre todo, a las comunidades más afectadas. México debe aprovechar la oportunidad que deja la COP26 para diseñar una salida del carbón coordinada, sustentable y socialmente incluyente.

Durante 2020, en el país el carbón generó 4% de la energía eléctrica, pero fue responsable de 10% de los gases de efecto invernadero del sector. Los habitantes de la Región Carbonífera de Coahuila —cinco municipios donde se extrae 99% del carbón y cerca de 50% de la energía se genera con este combustible— son los que más sufren las consecuencias de esta industria.

Desde que a finales del siglo XIX se empezara a extraer carbón de esta región, han muerto 3,130 mineros en las minas. Entre 2006 y 2017 se registraron 180 muertes. De 2018 a 2020, ocurrieron 502 accidentes. Entre los trabajadores y los habitantes que viven cerca de las minas existe una alta incidencia de enfermedades potencialmente mortales como la silicosis y el cáncer. Al menos 430 personas mueren al año en Coahuila por la mala calidad del aire.

La actividad minera también impacta significativamente en los ecosistemas locales y ha fragmentado los frágiles ciclos naturales de la región. No existen acciones coordinadas para atender las afectaciones y los residuos de la minería se han acumulado por décadas a la intemperie, lo cual contamina el agua y acidifica los suelos. A esto se suman los 1,700 kilos de mercurio que las centrales carboeléctricas emiten al año y se depositan en la vegetación y cuerpos de agua.

A pesar de la enorme contribución a la crisis climática y los trágicos impactos sociales y ambientales que provocan, ningún gobierno ha logrado implementar una ruta justa de salida de las carboeléctricas en México.

El actual gobierno federal incluso ha asumido, por medio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el compromiso de mantener la compra de este combustible a empresas mineras pequeñas y medianas, más precarias e inseguras. La propuesta de reforma eléctrica de esta administración sugiere un cambio que privilegiará a las centrales de generación de la CFE, independientemente de la tecnología y los costos. En la práctica signfica que las carboeléctricas, aunque con menor prioridad que las renovables, seguirán participando en la generación eléctrica.

Mantener este combustible va en contra de los compromisos internacionales asumidos por México y de las propias metas establecidas en la legislación nacional, como la Ley General de Cambio Climático y la Ley de Transición Energética. Incrementa, además, los costos derivados de los impactos en la salud y las afectaciones ambientales. Sobre todo, a las miles de familias de la región carbonífera de Coahuila, que enfrentan el ocaso de la razón de existir de sus pueblos mientras dependen de una industria que les ha dejado un profundo dolor.

Más allá de la voluntad política, la realidad es que la vida útil de las carboeléctricas de Coahuila terminará en 2022 y 2033 y su generación ha ido en declive durante los últimos años. La región cuenta con un alto potencial para energías renovables —por ejemplo, la solar— y existen incentivos internacionales para impulsar políticas de transición energética.

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Los acuerdos mundiales firmados en la COP26 y las manifestaciones en decenas de ciudades pidiendo acciones a los gobiernos dejaron un mensaje claro: la era del carbón tiene que acabar de manera inminente. Sin el fin de esta industria será imposible alcanzar las metas para paliar el calentamiento global, y se seguiría perpetuando una cadena de producción contaminante y sustentada por trabajos precarios y peligrosos.

Su sustitución, además, es económica y técnicamente viable. Apagar el carbón en México no solo significaría mitigar emisiones de gases de efecto invernadero y que el país se comprometa con la lucha contra la crisis climática, sino crear las condiciones para el bienestar de los pueblos mineros, quienes durante más de un siglo han dado la vida para poder alumbrar nuestras casas.

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