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Opinión Jineth Bedoya: El silencio ya no es una opción para las mujeres que informan

En la bautizada 'Glorieta de las mujeres que luchan' ubicada en la Ciudad de México se leen nombres de periodistas asesinadas. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se esperan diversas protestas feministas en el mundo. (Cristina Salmeron/TWP)
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Jineth Bedoya Lima es periodista, escritora y activista colombiana contra la violencia de género.

Comunicar es una palabra tan normal, y usada de tantas formas, que ha perdido el fondo de su sentido. Porque comunicar va más allá de generar una conexión de realidades: es aportar sustancialmente a transformarlas.

Eso es lo que hacen centenares de mujeres periodistas en el mundo a diario. Sus letras y palabras, en muchos casos, son la única posibilidad de reconocimiento que tienen comunidades anónimas y olvidadas. Y ellas, poniendo de por medio sus propias historias, dejan trozos de vida en su trabajo.

No es porque quieran ser heroínas; simplemente es ese sentido adicional que tienen las mujeres que informan y —con mucho respeto por el trabajo de mis colegas hombres— marcan la diferencia a la hora de plasmar sus investigaciones, crónicas y reportajes. Y seguramente, con mayor esfuerzo, porque se nos cobra el hecho de ser mujeres.

Lo deja claro la encuesta realizada por la Unesco presentada el 2 de noviembre, Día internacional para poner fin a la impunidad de crímenes contra periodistas: 73% de las 625 mujeres periodistas consultadas a nivel global dijo haber sufrido acoso o alguna violencia en línea, y 20% dijo que esa violencia se materializó con ataques o maltrato.

La violencia sexual verbal en redes contra las periodistas ha llevado a una creciente autocensura que no solo las afecta a ellas: golpea directamente a esas comunidades olvidadas y las historias anónimas que necesitan una voz y un rostro para encontrar justicia o soluciones. Es claro que las mujeres comunicadoras, además de ser periodistas, son defensoras..Y eso es lo que más se castiga por parte de los violentos en América Latina.

México, Guatemala, El Salvador, Colombia, Brasil y Perú son los países en los que con mayor frecuencia se estigmatiza y presiona a las mujeres para que dejen de denunciar actos de corrupción de funcionarios públicos locales, redes de mafias y narcotráfico, y problemas medioambientales. Así lo revelan los informes de organizaciones defensoras de la libertad de expresión, al igual que los colectivos de mujeres que han tenido que empezar a poner sus ojos y sus esfuerzos en respaldar a quienes antes las respaldaban a ellas, porque el silenciamiento por medio del acoso digital y la agresión física son una realidad inocultable.

Informar en nuestros países es, de por sí, todo un reto que nos impone el sistema patriarcal generalizado. Y se nota claramente en la distribución de responsabilidades, porque siguen siendo pocos los cargos de poder que ostentan las mujeres en los medios de comunicación. Global Report on the Status of Women in the News Media reporta que 73% de los puestos de alta dirección están ocupados por hombres y solo 27% por mujeres, y aumenta cada vez el número de reporteras de calle que reciben un salario bajo y poco apoyo.

Ni siquiera existe un protocolo estándar que permita acceder a una ruta de atención de urgencia en casos de acoso o violencia sexual —que hay muchos— ya no por parte de los internautas, si no por los mismos compañeros de redacción, por las fuentes y hasta por algunos jefes. Ese peligro también lo enfrentan las periodistas e igual se naturalizó como “un acto indispensable” para conservar el puesto. Un tema que tímidamente se tocó a nivel regional antes de que iniciara la pandemia, tras las publicaciones de The New York Times sobre acoso sexual y el estreno de la película Bombshell (El Escándalo). Un frío Me Too para las periodistas.

En Colombia, un estudio de la campaña “No es hora de callar” y la Universidad de Los Andes, reveló que seis de cada 10 periodistas ha sufrido algún tipo de acoso o violencia sexual en medio de su trabajo. Su condición de mujeres siempre les deja en una posición de desventaja, pero les suma valor a su día a día.

Por todo lo anterior es que urge que los gobiernos, las procuradurías y las fiscalías de nuestros países investiguen y persigan las amenazas y el acoso, como lo ha pedido Unesco. Si estas intimidaciones se previnieran y neutralizaran a tiempo, no tendríamos a las periodistas mexicanas Lydia Cacho, en el exilio, y a Miroslava Breach, asesinada.

El valor de las mujeres que sobreviven en medio de tanta violencia debería eclipsar a sus victimarios, pero los sistemas de justicia ciegos para los casos de crímenes contra la prensa siguen dejando unos márgenes de impunidad devastadores, que alcanzan 87% en toda la región, según los datos de Unesco.

Esta impunidad muchas veces tiene la complicidad de funcionarios gubernamentales por acción u omisión. Quizá por eso sea una luz de esperanza la sentencia que acaba de emitir la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano en mi caso.

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Formo parte de esas cifras de mujeres periodistas violentadas. Un secuestro, torturas y violencia sexual masiva ocurridos hace 21 años, cuando no existían las redes sociales y el silencio era la mejor opción. La Corte, por primera vez en una sentencia que sienta un precedente para el hemisferio, habla abiertamente de la violencia que se ejerce contra las periodistas por su condición de género.

Que los gobiernos tomen nota, porque ya no vamos a callar más. Silenciar a una mujer que informa es silenciar a las y los protagonistas de sus historias. Pero acosarla y estigmatizarla es vulnerar los derechos fundamentales de una sociedad entera. Por ellas y por todas las mujeres y niñas, no es hora de callar.

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