El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, acertó en todo lo que dijo. Su discurso en el aniversario de la insurrección del 6 de enero fue un llamado premeditado a la paciencia y una promesa de justicia plena. Garland explicó la manera en que proceden las investigaciones criminales masivas y complejas: los fiscales trabajan de abajo hacia arriba, desde los peces pequeños hasta los grandes.

Pero sobre todo, prometió que el Departamento de Justicia “no tiene mayor prioridad” y hará “todo lo que sea necesario para que se haga justicia, de conformidad con los hechos y la ley”. Más importante aún, dejó claro que “el Departamento de Justicia sigue comprometido a lograr que todos los perpetradores de los sucesos del 6 de enero, en cualquier nivel, rindan cuentas ante la ley, ya sea que estuvieran presentes ese día o que de cualquier otra manera hayan sido responsables penalmente del asalto a nuestra democracia” (el énfasis es mío).

Si Garland tiene intenciones de cumplir lo que ha afirmado, entonces el camino de la investigación debe conducir a los fiscales al individuo con mayor responsabilidad en los eventos del 6 de enero: el expresidente de Estados Unidos Donald Trump. Sin duda, el Departamento de Justicia merece un reconocimiento por lo que ya ha hecho: más de 725 personas han sido acusadas, y 165 se han declarado culpables; 70 acusados han sido sentenciados, 31 de ellos a prisión.

Sin embargo, por muy culpables que puedan ser, estos acusados no tienen ni deberían cargar con la responsabilidad máxima por el ataque al Congreso y la Constitución. Como bien le dijo el juez Amit B. Mehta al acusado John Lolos durante su sentencia: “Creo que eres un peón. Eres un peón en un juego organizado y creado por personas que deberían ser más conscientes”.

Mientras los peones se enfrentan a su destino, el hombre que los guió para que intentaran detener la transferencia pacífica y democrática del poder permanece resguardado y a salvo en su palacio de Palm Beach. Como dijo Mehta: “A personas como Lolos les dijeron mentiras, falacias, les aseguraron que las elecciones habían sido fraudulentas cuando en realidad no fue así”. Esas mentiras fueron de Trump.

Además, Trump no solo engañó a la turba, sino que también la dirigió. Trump instó a los alborotadores a ir a Washington el 6 de enero, y les prometió que el evento sería “¡una locura!”. Ese día le dijo a sus seguidores que marcharan hacia el Capitolio, para que “lucharan con todo”, y les advirtió que “si no luchan con todo, se quedarán sin país”. Le dijo a la muchedumbre que “nuestro país será destruido” si Joe Biden asumía el cargo, y que “no vamos a tolerar eso”.

La intención de Trump era evidente desde mucho antes del 6 de enero. El 26 de diciembre de 2020, tuiteé: “Ya quedó bastante claro que la próxima jugada desesperada de @realDonaldTrump es fomentar la disrupción, por no decir violencia, en Washington el 6 de enero”. No estaba siendo profético; simplemente había escuchado lo que Trump había estado diciendo. Como dijo la representante Liz Cheney (republicana por Wyoming) al anunciar su voto a favor del juicio político: “El presidente de Estados Unidos convocó a esta turba, reunió a la multitud y encendió la mecha de este ataque”. Lo hizo todo a plena vista.

Entonces, la pregunta hoy es: ¿Responsabilizará el Departamento de Justicia a Trump por su papel en el ataque? Si Garland realmente habla en serio cuando dice que los perpetradores a cualquier nivel serán responsabilizados, y que “los poderosos y los indefensos no pueden tener reglas diferentes”, entonces el Departamento puede y debe hacerlo.

A Garland no debe preocuparle que el hecho de procesar a Trump sea visto como un acto partidista. Solo tiene que recordar las palabras del líder de la Minoría en el Senado, Mitch McConnell (republicano por Kentucky), quien, tras votar en contra de una condena de juicio político sobre la base (sin fundamento) de que Trump había dejado el cargo, prácticamente solicitó el enjuiciamiento de Trump. “En este país tenemos un sistema de justicia penal”, dijo McConnell. “El presidente Trump sigue siendo responsable de todo lo que hizo mientras estuvo en el cargo”, añadió. “No se ha salido con la suya todavía. Todavía”.

El Departamento de Justicia tiene muchas herramientas legales a la mano para garantizar que Trump no quede impune por sus actos. En particular, podría invocar una de las mismas disposiciones que ha aplicado en los casos individuales de los alborotadores: el Título 18, sección 1512(c)(2) del Código de Estados Unidos condena a “todo aquel que de manera corrupta obstruya o impida cualquier procedimiento oficial”. El estatuto deja claro que un “procedimiento oficial” incluye cualquiera realizado “ante el Congreso”. Al menos uno de los jueces que maneja los casos del 6 de enero ya ha sostenido que eso incluye la sesión conjunta del Congreso para contar los votos electorales.

El hecho de que Trump no estuviera físicamente presente en el Capitolio no lo protege de la responsabilidad de obstruir el conteo de votos electorales o de cualquier otro delito cometido ese día. El código penal establece que quien “ayude, incite, aconseje, ordene, induzca o provoque” la perpetración de un delito, o “con intención cause que otro” cometa un delito, “es considerado actor principal”, es decir, como si hubiera cometido él mismo el hecho.

Varios expertos en derecho penal han señalado que se puede ayudar e instigar un delito simplemente al no hacer nada, si en ese caso tienes el deber de intervenir pero decides no hacerlo. Un transeúnte que observa el robo de una tienda y no hace nada no ha cometido un delito. Pero el guardia de seguridad de la tienda que ve el robo y no hace nada, sabiendo que su negligencia está permitiendo que el delito proceda, sí ha cometido un delito.

Como presidente, Trump tenía el deber de intervenir. En cambio, como se está dando cuenta el comité selecto del Congreso encargado de investigar el ataque del 6 de enero, pasó horas viendo el caos por televisión. Ese incumplimiento del deber, junto con su deseo abierto y manifiesto de detener el conteo de votos electorales, deberían ser más que suficientes para hacerlo culpable del delito. La evidencia ya es bastante negativa para él, y de aquí en adelante solo puede empeorar.

Si el fiscal general habla en serio, el día de Trump en el banquillo de los acusados llegará, más temprano que tarde.