Hugo Alconada Mon es abogado, prosecretario de redacción del diario argentino ‘La Nación’ y miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Las tentaciones que ofrece el submundo del espionaje ilegal en Argentina son demasiado fuertes para los políticos. Todos sus gobiernos, desde el retorno de la democracia en 1983, cayeron bajo sus influjos, con consecuencias institucionales que llegan hasta hoy y que tornan aún más urgente la necesidad de encarar una reforma profunda, de raíz, del sistema de espionaje.

El último escándalo lo protagonizó el gobierno del expresidente Mauricio Macri con un video que salió a la luz a fines de diciembre. En la grabación se escucha una frase oprobiosa: el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas, expresa su ilusión de contar con una Gestapo contra los sindicatos.

Lo más importante de esa reunión, sin embargo, no fue esa frase. Fue que el encuentro lo presidieron tres altos funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Esos espías llevaron las riendas del encuentro, mientras quedaba claro que todo estaba coordinado por el gobierno nacional y, al parecer, con algunos jueces y fiscales. Es decir, una justicia cómplice de los desaguisados.

El escándalo le vino de perillas al gobierno actual de Alberto Fernández para desgastar a su antecesor, que ya acumula varios tropiezos con esas cloacas del espionaje. También en diciembre, la justicia procesó a Macri por el espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes que murieron al hundirse el submarino ARA San Juan.

Pero concentrarse en los delitos que pueden haber cometido Macri y sus acólitos es quedarse en la foto en vez de asimilar la película, mucho más incómoda, porque expone el interés de cada gobernante de turno de las últimas décadas en utilizar la maquinaria clandestina del Estado en contra de sus rivales. O, peor, el cómo los espías se mueven a menudo según sus propios intereses, sin importarles —o en desmedro de— lo que quiera su jefe nominal.

Con el retorno de la democracia, el presidente Raúl Alfonsín debió lidiar con una Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) que servía de refugio a genocidas de la dictadura. Así fue como el temido agente Raúl Guglielminetti se infiltró en su gobierno.

Luego vinieron más presidentes, como Carlos Menem, con quien la SIDE volvió a hacer de las suyas: el dinero para sobornar al testigo Carlos Telleldín en la causa AMIA —la explosión de una bomba en 1994— salió de las alforjas del espionaje, lo cual arruinó esa pesquisa. Durante la gestión de Fernando de la Rúa, en 2000, el dinero que utilizó el gobierno para sobornar senadores también salió de allí, lo cual inició el final de ese mandato. Y tras la gran crisis económica argentina de 2001, Eduardo Duhalde quedó en medio de las presiones que ejerció su jefe de Inteligencia sobre distintos jueces para que metieran preso al exministro de Economía, Domingo Cavallo.

Los Kirchner no se quedaron atrás. Puesto a elegir entre su ministro de Justicia, Gustavo Beliz, y un espía temido, Antonio “Jaime” Stiuso, Néstor Kirchner optó por este último en desmedro de su ministro, quien por televisión había denunciado las ramificaciones viciosas del espionaje y debió exiliarse.

No actuó mejor Cristina Fernández, sucesora y viuda de Kirchner, quien mantuvo su alianza con Stiuso hasta que rompieron lanzas por razones no aclaradas del todo. Pero lejos de limpiar e iluminar los sótanos, la hoy vicepresidenta solo prometió su reforma: cambió el nombre a la SIDE por Agencia Federal de Inteligencia (AFI), pero nombró al frente a uno de sus más fervientes colaboradores, Oscar Parrilli, y nombró a cientos de militantes como agentes.

Así llegamos a Macri, quien designó al frente de la AFI a un señor que de espionaje sabía solo lo que había visto en las películas: Gustavo Arribas. Junto a su número dos, Silvia Majdalani, quedaron bajo sospecha judicial de espiar a políticos rivales y de la coalición gobernante, a periodistas —entre ellos yo—, sindicalistas, obispos, familiares de marinos muertos, detenidos en cárceles y muchos más.

La oportunidad para Alberto Fernández quedó servida en bandeja para encarar una reforma definitiva de las cloacas. “Nunca más a una justicia contaminada por servicios de inteligencia”, prometió al asumir la presidencia, e intervino la AFI.

Pero sigue contaminada: las redes todavía llegan hasta el poder Judicial y al Consejo de la Magistratura en un entramado peligroso y mafioso, como ha alertado Carlos Pagni, uno de los periodistas más influyentes de Argentina.

Durante las últimas semanas, la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, terminó de redactar junto a un grupo de expertos un proyecto de ley para reformar el sistema de inteligencia nacional que el presidente Fernández debe enviar al Congreso para su discusión. Si bien es cierto que una nueva ley es indispensable, también es insuficiente. El espionaje debe contar con controles mucho más certeros, eficientes y ágiles —y menos politizados— que los que ofrece la Comisión Bicameral del Congreso de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. Y requiere, también, promover una formación más profesional, técnica y moderna —y menos politizada, también— de los nuevos agentes en la Escuela de Inteligencia Nacional.

Eso solo para empezar. Pero conviene también repasar los reclamos recurrentes de la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia para corroborar las fallas estructurales que se observan en el sistema nacional de inteligencia y, pese a los esfuerzos registrados en la buena dirección, lo mucho que queda pendiente.

Esta es una buena oportunidad para reformar las redes cloacales y convertirlas en un sistema moderno y útil de inteligencia nacional. Veremos si el presidente Fernández puede… o quiere.