Ricardo Raphael es periodista, académico y escritor mexicano. Su libro más reciente es 'Hijo de la guerra’.

En agosto del año pasado el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, encargó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que investigara las acusaciones de presunto fraude detrás del conflicto que, durante más de seis meses, ha impedido la celebración de actividades presenciales en la Universidad de las Américas cuyo campus se encuentra en el estado de Puebla (UDLAP).

Desde entonces, una comunidad de más de 10,000 estudiantes y 2,000 personas académicas reclama a las autoridades del estado y a la Fiscalía General de la República (FGR) por la afectación de las actividades docentes de esta importante institución educativa, cuyas instalaciones están clausuradas por un cuerpo de seguridad privada.

Dos meses después de recibir la instrucción presidencial, Santiago Nieto —entonces titular de la UIF— presentó los resultados de la investigación. Tengo en mi poder un documento con las conclusiones presentadas al mandatario. Son varios los argumentos que ahí destacan.

Por ejemplo, que el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, y el subprocurador especializado en investigación de delitos federales, Juan Ramos López, habrían violado la ley general de responsabilidades administrativas ya que presumiblemente incurrieron en conflicto de interés.

También, que fue inconstitucional y violatoria de diversas disposiciones penales la decisión del subprocurador Juan Ramos para reabrir, en junio de 2020, una investigación en contra de las personas que integran el patronato de la UDLAP, a pesar de que esta carpeta se había cerrado en mayo de 2018 por la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

De acuerdo con la UIF, tanto el fiscal Gertz como el subprocurador Ramos han sido juez y parte en el conflicto que rodea a la UDLAP. Entre 2007 y 2018 el subprocurador Ramos fue apoderado la Universidad de las Américas campus CDMX (no se trata de la UDLAP, sino de otra universidad que lleva el mismo nombre en Ciudad de México).

Ramos presentó en 2007 una denuncia ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) acusando al patronato de la UDLAP por el uso y la apropiación fraudulenta del nombre de la Universidad de las Américas. En la fecha referida Alejandro Gertz Manero era rector de la UDLA CDMX.

Las pretensiones de Ramos no prosperaron, ya que la UDLAP habría sido fundada antes de su homónima de la capital mexicana, la cual es propiedad de la familia Gertz. En marzo de 2018, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) negó a Ramos la titularidad del uso del nombre y el logo en disputa.

No obstante, una vez nombrado subprocurador, Ramos emprendió de nuevo acciones contra la UDLAP, las cuales, según la legislación mexicana, presumirían conflicto de interés.

De acuerdo con el artículo 3º (fracción VI) de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el conflicto de interés se define como “la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos por razones o intereses personales, familiares o de negocios”.

Por este motivo, Ramos habría estado impedido para reabrir la investigación contra las personas integrantes del patronato de las fundaciones Mary Street Jenkins (FMSJ) y UDLAP. La primera es la madre de la segunda y, por estatutos, los dos patronatos están integrados por las mismas personas.

La investigación de la UIF detectó otra irregularidad aún más grave: el subprocurador ordenó reabrir una investigación cerrada desde mayo de 2018 sin importarle que esa instrucción, según la ley, correspondía a un juez de control federal. Es decir que Ramos, como subprocurador, usurpó una responsabilidad exclusiva de la autoridad judicial.

Para comprender esto vale la pena regresar a 2016, cuando un antiguo integrante del patronato de la FMSJ, Guillermo Jenkins de Landa, denunció penalmente a su padre, hermanas y hermanos por fraude y desvío de recursos en contra de esa institución de asistencia privada.

Durante dos años, la antigua PGR realizó una investigación que concluyó con un tomo de más de 300 páginas, cuyas conclusiones advierten que no se encontraron delitos que perseguir y por tanto el ministerio público determinó no ejercer acción penal contra las personas señaladas.

El Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), en sus artículos 255 y 258, refiere que, en caso de que se pretendiese reiniciar la investigación, solo un juez de control podría revocar la primera determinación del ministerio público. Es decir que, sin orden judicial, el subprocurador Ramos estaba legalmente impedido para revocar la decisión que la PGR tomó en mayo del 2018.

Pero el antiguo representante legal de la UDLA CDMX violó la ley cuando, ya como funcionario de la FGR, firmó un documento de solo tres páginas en el que instruyó la reapertura de caso. La redacción con la que el subprocurador fundamentó su decisión merece una referencia destacada en la historia de las aberraciones de la justicia mexicana: “Con fundamento en el artículo 258 del CNPP (el cual le prohíbe proceder como lo hizo) aplicado a contrario sensu autoriza para decretar la revocación del no ejercicio de la acción penal (…) y se ordena (…) continuar con la investigación”.

Retirando la expresión latina utilizada por Ramos, lo que el subprocurador quiso decir es que —en sentido contrario a lo que prevé el CNPP— debía reabrirse una investigación que, según ese mismo artículo, únicamente podía instruirse por un juez federal. De acuerdo con el documento de la UIF, al actuar de esta manera Ramos López violó el principio de seguridad jurídica respecto a un asunto que era cosa juzgada.

En su parte final, el reporte de la UIF concluye que no puede presumirse desvío de recursos, defraudación, ni evasión de impuestos cometidos por el patronato de la UDLAP y tampoco por las autoridades de la FMSJ. Coincide pues con que no hay delitos que perseguir.

El conjunto de argumentos entregados por la UIF al presidente López Obrador llevan a inferir que, incurriendo en conflicto de interés, Gertz y Ramos cometieron actos contrarios a la Constitución con el propósito deliberado de afectar a las fundaciones UDLAP y Jenkins.

Este procedimiento permitió después la remoción ilegal de las y los integrantes de ambos patronatos, lo cual detonó la crisis que hoy afecta a toda la comunidad de la UDLAP.

Desde octubre del año pasado el presidente López Obrador cuenta con información precisa a propósito de las arbitrariedades cometidas desde la FGR en contra de la UDLAP. Cabe preguntarse porqué, a pesar de ello, el mandatario ha defendido al fiscal Gertz al asegurar que no es un funcionario capaz de fabricar delitos.

Muy probablemente este expediente terminará resolviéndose en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde ya se estudia con lupa. El problema es que, mientras tal cosa sucede, la comunidad de la UDLAP no podrá regresar a sus actividades normales, y cada día que corre se suma como obstáculo a la sobrevivencia de esta universidad.

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