Roberto Valencia es periodista y escritor salvadoreño nacido en Euskadi. Su libro más reciente es ‘Carta desde Zacatraz’.

Jeannette Aguilar, reconocida académica salvadoreña y abierta opositora al gobierno del presidente Nayib Bukele, retuiteó el 3 de diciembre que una diputada oficialista se había gastado más de 18,000 dólares en cirugías plásticas. A ese tuit ajeno le agregó una de las frases manidas del expresidente uruguayo José Mujica, que apela a que los políticos deben vivir como la mayoría, no como la minoría.

Un día después Christian Guevara, el jefe de bancada del partido de Bukele en la Asamblea Legislativa, acusó a la académica de promover “violencia de género” y le exigió una disculpa pública; si no, afrontaría “acciones judiciales”, una amenaza en toda regla después de que el bukelismo se adueñara de la Corte Suprema de Justicia el 1 de mayo de 2021.

La denuncia por difamación llegó a los tribunales el 6 de diciembre, envuelta en la parafernalia a la que el oficialismo nos tiene acostumbrados. Luego, el caso se disipó hasta que, ya entrado 2022, el país supo que la jueza Gladys Salgado había desestimado la demanda porque en el retuit de Aguilar “no se observa ninguna frase difamatoria”.

Fue un golpe al orgullo bukelista que no podía quedar así: la Corte Suprema castigó a la jueza con un traslado fulminante del Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador —del que era titular desde hacía nueve años— al juzgado de paz de un pueblón llamado Panchimalco.

El mensaje es atronador: oponerse a los designios del bukelismo tendrá un costo. La purga de la jueza no es un hecho aislado o anecdótico, sino una consecuencia directa del golpe a la institucionalidad democrática del 1 de mayo. Las urnas entregaron en bandeja el Legislativo a Bukele y, en su primer día de labores, su bancada destituyó la Sala de lo Constitucional y al fiscal general, para colocar a jueces y a fiscales genuflexos a sus intereses.

Cuando en un futuro se estudie el bukelismo como fenómeno político, 2021 estará subrayado como un año clave: primero, porque es cuando la inmensa mayoría de los salvadoreños se alineó con su líder; y segundo, porque Bukele aprovechó ese entusiasmo desmedido para atornillarse en el poder, y radicalizar el autoritarismo del que había hecho gala en los primeros dos años de gestión. Es un conmigo o contra mí, sin escala de grises.

El deterioro galopante en la relación con Estados Unidos, algo inimaginable hace apenas un par de años, es consecuencia de la deriva autoritaria. También lo es que en septiembre la nueva —y bien adoctrinada— Sala de lo Constitucional despejara el camino hacia la reelección presidencial en 2024, prohibida en la Constitución salvadoreña, lo cual el propio Bukele tenía claro antes del 1 de mayo.

El rol protagónico que Bukele está dando a las Fuerzas Armadas es otra apuesta consolidada en 2021. En julio, el presidente anunció que El Salvador duplicará el número de efectivos en cinco años, y en apenas cinco meses se han incorporado más de 2,000 soldados. Otros 1,300 se graduarán en el primer trimestre.

El discurso oficial es que la militarización masiva es necesaria en la estrategia de seguridad para lograr que El Salvador deje definitivamente de ser uno de los países más violentos e inseguros del mundo, pero la preocupación es legítima: ¿qué harán esas Fuerzas Armadas, gregarias y agradecidas por los generosos aumentos presupuestarios, si la popularidad de Bukele disminuye?

Ese escenario, no obstante, se antoja aún lejano. Ni el COVID-19, la crisis económica, el uso oficial del bitcoin (rechazado en principio por los salvadoreños) o las tensiones con Estados Unidos han mermado su popularidad: 85% de los salvadoreños aprueba su gestión, según la más reciente encuesta de La Prensa Gráfica, diario que no esconde su oposición al bukelismo.

Bukele está desmantelando el Estado de derecho, pero lo está haciendo con el respaldo entusiasta de las multitudes, mientras la oposición apenas logra congregar a unos pocos miles en sus marchas de protesta.

En su más reciente estudio, presentado en octubre, Latinobarómetro constató la paradoja: al comparar las encuestas realizadas en 2018 y en 2020, El Salvador es —pese a todo lo que está pasando— el país en el que más creció el apoyo a la democracia y con el presidente mejor evaluado.

La deriva en El Salvador es autoritarismo de manual, pero para la inmensa mayoría de los salvadoreños hoy pesa más que en la administración Bukele los homicidios se hayan reducido a mínimos históricos, que los empleos destruidos por la pandemia se hayan recuperado, que la economía esté creciendo más que nunca, o que el Ministerio de Educación esté entregando una laptop a todos los estudiantes del sistema público, donde estudian los estratos sociales empobrecidos, que en El Salvador siguen siendo los que deciden las elecciones.

Bukele cumplirá en junio tres años como presidente, un trienio especialmente complejo que debía haberle pasado factura a su popularidad, pero ha ocurrido lo contrario.

La pequeña pero ruidosa oposición aún no comprende qué es el bukelismo; tampoco comprende su arraigo en los sectores menos privilegiados; ni siquiera lo profundo que es el rechazo social a las siglas FMLN (Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional) y ARENA (Alianza Republicana Nacionalista), los dos pilares del sistema político-partidario que (mal)gobernó el país durante tres décadas, el sistema que Bukele dinamitó y del que se sigue nutriendo.

Los opositores genuinamente preocupados por el deterioro democrático aún no están comprendiendo que, para comenzar a construir una alternativa real al bukelismo, el primer paso es distanciarse de ARENA y del FMLN, dos partidos políticos cuya mera existencia cohesiona a los seguidores de Bukele. Distanciarse de verdad, defenestrarlos.