Según la justicia peruana, la publicación de esta columna, así como la anterior sobre la demanda presentada por el excandidato presidencial César Acuña contra el periodista Christopher Acosta y el director general de Penguin Random House Perú, Jerónimo Pimentel, podría suponer que estoy incurriendo en el delito de difamación.

De hecho, si usted comparte o cita fragmentos de esta o la anterior columna referidos a acciones atribuidas a Acuña por distintas fuentes en el libro escrito por Christopher Acosta, podría estar también, según el fallo en primera instancia dictado por el juez Raúl Jesús Vega, cometiendo ese delito.

El lunes 10 de enero, el juez Jesús Vega sentenció por difamación agravada a Acosta y Pimentel, condenándolos a dos años de prisión suspendida y al pago de una reparación civil de 400,000 soles (unos 100,000 dólares). Con ello, Jesús Vega no solo contravino los estándares nacionales e interamericanos para ese delito sino que reinventó, a su antojo, las normas que rigen el trabajo periodístico.

Uno de los episodios claves, a los que el juez dedica más espacio en la sentencia, es la supuesta visita de Acuña a Vladimiro Montesinos —el todopoderoso asesor del exdictador Alberto Fujimori, jefe del Servicio de Inteligencia Nacional—, de la que Acosta da cuenta en el libro en base al testimonio de tres testigos.

Según el juez, Acosta no puede mencionar este episodio debido a que, pese a contar con tres testimonios, una comisión del Congreso no “inició investigación o formuló acusación” contra Acuña, aun cuando el autor señala en el libro, de forma explícita, que Acuña nunca fue acusado formalmente. El libro, además, contextualiza la denuncia de los testigos, incorpora el descargo de Acuña (“—Nunca lo he conocido, nunca lo he mirado frente a frente al señor —dijo Acuña en referencia al exjefe del SIN, abordado por la prensa”) e incluso indica que Montesinos no incluyó a Acuña en el listado de “congresistas de la República (a quienes) entregó dineros con fondos del Estado”.

Si nos guiáramos por la argumentación del juez, los periodistas solo podríamos dar cuenta de hechos judicialmente probados, no podríamos informar de hechos no confirmados por la justicia, aun cuando existan diversos testigos y se incluya el contexto que expone las dudas sobre la ocurrencia o no de los hechos. Lo cual, por supuesto, contraviene toda norma periodística y resulta absurdo.

Por si fuera poco, esta argumentación contradice además la “doctrina del reporte fiel”, el estándar reconocido internacionalmente a la hora de citar fuentes y que indica que “la reproducción fiel de información no da lugar a responsabilidad, aun en los casos en que la información reproducida no sea correcta y pueda dañar el honor de alguna persona”.

Otra de las frases considerada difamatoria por el juez, atribuida en el libro al propio Acuña, es esta: “Con las subvenciones sociales se puede disponer más rápido del dinero —asegura, desde su oficina en Jesús María, donde, como en un juego de espejos, aparece repetido en cuadros, vitrinas, pinturas y fotos—. Yo me he cuidado que no se note malversación”.

En la sentencia, el juez indica que Acosta “refiere en su declaración que dicha frase fue expuesta por el querellante en una entrevista que le hizo, sin embargo, ello no se hace referencia en el libro ni como nota de autor” (sic).

Esto, basta revisar el libro, no es verdad. El párrafo que inmediatamente precede a esa cita, dice: “La vez que le pregunté a Acuña por las subvenciones sociales me lanzó frases de una honestidad brutal, casi auto inculpatorias, que hay que interpretar, sin embargo, en su particular uso del idioma español”.

¿A qué cree el juez que hace referencia ese “le pregunté” y la descripción del lugar donde se realizó la entrevista?

Podría extenderme mucho más, pero el fallo del juez Jesús Vega se encuentra tan mal argumentado que bastará un último ejemplo. Hacia el final, para condenar al director general de la editorial, el juez incurre en una contradicción flagrante.

En los “fundamentos jurídicos de la sentencia”, el juez expone: “El delito de difamación es un delito de acción por comisión. No cabe la comisión por omisión”. El mismo fallo señala como “hecho acreditado” que “Christopher Acosta, en su calidad de autor, es responsable de todas las expresiones, información y datos expuestos en el libro”.

Sin embargo, a la hora de condenar a Pimentel, la sentencia indica como única razón que este “omitió verificarlo (el libro) permitiendo de esta manera su publicación”. Entonces, si el autor y responsable del libro es Acosta y no hay delito de difamación por omisión, ¿cómo podría Pimentel ser culpable por “omitir” la verificación de un libro ajeno?

Las amenazas que enfrentan los periodistas en Perú hoy son múltiples y variadas. La instrumentalización de la justicia por parte de hombres poderosos y acaudalados es quizá, a la luz de este caso, la más preocupante en estos momentos. Pero resulta también exasperante ver en manos de quiénes se encuentra la defensa de nuestros derechos.

Durante la pasada campaña electoral, por ejemplo, podía verse al abogado Enrique Ghersi, conocido defensor de causas liberales en el Perú, miembro de la Mont Pelerin Society y de la Fundación Internacional para la Libertad, muy activo en redes sociales, pidiendo un “voto útil” en defensa de las libertades. “Hago un llamado a los electores amantes de la libertad, a quienes creen que la ley debe ser un límite al poder y no su mero reflejo (...) A los que defienden y practican la libertad de expresión”, decía. Ese mismo abogado ha sido ahora el responsable de la denuncia presentada por César Acuña.

Por otro lado, tenemos al presidente de IPYS, la principal asociación periodística del país, Augusto Álvarez Rodrich, quien publicó a inicios de esta semana dos columnas que revelan dónde, en realidad, se encuentran alineados sus intereses y lealtades. El lunes, al referirse al caso de hostigamiento contra dos conocidos periodistas peruanos perpetrado por una oscura organización religiosa, señaló que estos “son víctimas de una tenaz persecución judicial y mediática” por parte de “personas cercanas” a “una verdadera organización criminal”. El día anterior, un día antes de conocerse la sentencia contra Christopher Acosta y Jerónimo Pimentel, el presidente de IPYS escribió que la querella presentada por César Acuña se trata de “un error” de su “amigo”. No sin antes cuidarse de señalar que no “ha leído aún el libro de Acosta”.

Esto, podría uno presumir, quizá responde a que el señor Álvarez Rodrich tiene una larga relación con el señor Acuña y es, incluso, miembro del directorio de su principal negocio, la Universidad César Vallejo (UCV). Cuando le pregunté al respecto, el presidente de IPYS se limitó a decir que “se me ofreció ser miembro del directorio” de la UCV, pero “no he sido convocado a ninguna sesión hasta el momento”.

Con defensores así…

Son varios los expertos que señalan que, con mucha probabilidad, esta sentencia será revertida por una instancia superior. Consulté con dos de ellos: Andrés Calderón, abogado y director de la Clínica Jurídica de Libertades Informativas de la Universidad del Pacífico, y Ana Neyra, abogada constitucionalista y exministra de Justicia y Derechos Humanos.

Ambos coincidieron en que una sentencia como esta que —en palabras de Neyra— “no solo contradice el estándar interamericano del reporte fiel” sino que “contraviene toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la percepción democrática sobre libertad de prensa y su rol”, será valorada de distinta forma por una segunda instancia. Calderón, por su parte, me dijo también que un juez superior debería advertir otros errores como “la falta de motivación (por parte del juez Jesús Vega) a la hora de establecer que una fuente no es confiable, sin establecer por qué no lo es”.

Sin embargo, aun cuando la sentencia pueda ser revocada más adelante —y a saber cuánto tarde ese nuevo proceso y cuánto dinero deberán invertir los condenados para defenderse—, buena parte del daño contra nuestras libertades ya está hecho. Por un lado, el juez Jesús Vega, cuya sentencia confío en que no llegue a sentar precedente, ha erigido caprichosamente y de momento al Poder Judicial como editor jefe de la prensa peruana. Por otro, César Acuña y sus abogados han conseguido enviar un mensaje tan peligroso como claro y rotundo: no se metan conmigo o ya saben lo que pasa.

*Disclaimer: Diego Salazar es autor de dos libros publicados por Debate, un sello perteneciente a la casa editorial Penguin Random House.