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Opinión El nuevo gobierno de Honduras no debe reproducir mecanismos antidemocráticos

La nueva presidenta de Honduras, Xiomara Castro, durante su ceremonia de juramentación en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, Honduras, el 27 de enero de 2022. (José Cabezas/Reuters)
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Jennifer Ávila Reyes es periodista y directora del sitio ‘Contracorriente’ en Honduras.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, tomó posesión el mes pasado en un acto emotivo ante miles de hondureños que ven en ella una esperanza, después de 12 años de autocracia del expresidente Juan Orlando Hernández (JOH). Pero la inauguración fue eclipsada por una crisis en el Congreso Nacional debido a una pugna entre dos juntas directivas que se disputaron quién lo presidiría. La crisis fue resuelta en Casa Presidencial en una reunión dirigida por el esposo de Castro, el expresidente y coordinador general del oficialista Partido Libre, Manuel Zelaya Rosales.

Los retos institucionales en Honduras son complejos y esta crisis con la que inició el nuevo gobierno ha demostrado que para el cumplimiento de las promesas de campaña —como la derogación de las Zonas Especiales de Desarrollo y el Código Penal— se requiere una negociación política con actores que buscan pactos de impunidad. Una sombra que acompaña este inicio de gestión es el control que pueda tener el Poder Ejecutivo en el Legislativo, continuando con la costumbre de gobiernos pasados de concentrar el poder para cumplir con dichas promesas.

Honduras no vivía una toma de posesión con tanto reflector internacional desde el golpe de Estado de 2009. En esta ocasión, la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, legitimó el nuevo gobierno de Castro, que se ha comprometido públicamente a ser un gobierno de reconciliación pero también uno de transición hacia una era democrática.

Sin embargo, Castro inició su gobierno en un pantano legal: una jueza de letras tuvo que presidir su juramentación, ya que el Congreso Nacional no tenía una junta directiva electa bajo los procedimientos legales.

El problema fue dentro de la bancada del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), después de que 18 de sus diputados votaran junto con la oposición por una junta contraria a la propuesta por su partido, lo que provocó altercados entre los legisladores y protestas en Tegucigalpa. Sin quórum y sin una junta directiva electa legalmente, los diputados comenzaron a aprobar leyes de alto impacto para el país, entre ellas varias propuestas por Castro.

Ahora, después de dos semanas en que ese poder del Estado contó con dos juntas directivas paralelas, una apoyada por las bancadas de los opositores Partido Nacional, Partido Liberal y los diputados disidentes del Partido Libre, y la otra con el apoyo del Partido Libre y el Partido Salvador de Honduras, la alianza que obtuvo el triunfo electoral, la situación se resolvió dentro del Partido Libre con una serie de acuerdos que disuelven una de las juntas y compromete a los diputados disidentes con la agenda del gobierno.

El quiebre en el Legislativo se profundizó cuando la presidenta Castro, antes de tomar posesión, invitó a la militancia de su partido a las instalaciones del Congreso Nacional a resguardarlo de la facción apoyada por el Partido Nacional. Además calificó públicamente como traidores a quienes se desligaron de la línea de su partido para proponer una junta directiva que no fuera la pactada por la alianza política. En una clara muestra del músculo de su gobierno, Castro se parcializó con una de las juntas directivas, a pesar de que ninguna de las dos era legal en ese momento. De acuerdo con especialistas, todas las decisiones que fueron tomadas por ambas juntas son inconstitucionales y también la posición que tomó la presidencia en el conflicto legislativo.

El opositor Partido Nacional apoyaba a la junta directiva que estaba proponiendo crear una ley de extradición porque “no podemos seguir esperanzados en que los fiscales del Distrito Sur de Nueva York pongan tras las rejas a los criminales que nosotros tenemos que poner tras las rejas”. Esto crispó a un país donde la población sigue esperando el pedido de extradición del expresidente Hernández, tras ser mencionado como coconspirador del narcotráfico en varios juicios en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

El Departamento de Estado de Estados Unidos hizo público el retiro de la visa al exmandatario y lo incluyó en su lista de actores corruptos y antidemocráticos, por supuestamente haber facilitado actos de corrupción y narcotráfico. Hernández ahora forma parte del Parlamento Centroamericano, un organismo regional cuya pertenencia brinda inmunidad.

Sin embargo, como en un juego de espejos, la nueva legislatura aprobó una ley que brinda impunidad a funcionarios del gobierno de Manuel Zelaya Rosales que fueron acusados por delitos como malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito y fraude, con la justificación de que fueron víctimas de un golpe de Estado.

Desmontar la autocracia y el narco-Estado que dejó JOH con mecanismos antidemocráticos no debe ser la salida del nuevo gobierno. Sin embargo, el abordaje en el conflicto del Congreso no es la única señal de que el camino tomado está un poco torcido.

Castro inauguró su gobierno con el nombramiento de un gabinete en el que figura el sobrino de su esposo, José Manuel Zelaya, como titular de la Secretaría de Defensa; y su hijo, Hector Manuel Zelaya, fue nombrado como su secretario privado y antes fue cocoordinador de la comisión de transición del gobierno. Además, Hortensia Zelaya, hija de la pareja presidencial, fue electa como diputada; y el hermano de Manuel Zelaya, Carlos, fue electo también diputado y nombrado como Secretario del Congreso que dirige la bancada de Libre. Aunque legalmente no se puede alegar nepotismo, ver a miembros de la familia Zelaya en puestos de alto nivel en el Legislativo y en el Ejecutivo deja muchas dudas sobre cómo será el manejo del Estado, sobre todo en una región con caudillismos familiares muy arraigados en gobiernos antidemocráticos, como en Nicaragua.

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La ciudadanía, la sociedad civil y el periodismo independiente deberán vigilar que la transición sea hacia un proceso democrático de balance e independencia de poderes del Estado, que no se base en la retórica populista y que mejore la vida de los hondureños y hondureñas que, a pesar de la actual esperanza, cada día deben buscar cómo sobrevivir a la pobreza y la violencia.

Sin duda, el gobierno de Castro debe hacer cambios radicales para reformar la institucionalidad diseñada por el Partido Nacional para cooptar el poder y saquear el Estado impunemente. Pero estos no deben basarse en herramientas autoritarias que minan los esfuerzos para construir la democracia ni en reproducir, con nuevo barniz, las prácticas indebidas usadas por el anterior gobierno.

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