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Opinión Los presos políticos son la esperanza de Nicaragua

Foto del 31 de mayo de 2021 de Cristiana Chamorro, exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y precandidata presidencial de Nicaragua. Ella es parte de los 177 presos políticos del régimen del dictador Daniel Ortega. (Inti Ocon/AFP vía Getty Images)
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Carlos F. Chamorro es periodista nicaragüense, fundador y director de Confidencial.com.ni. Exiliado en Costa Rica desde junio de 2021. Ganador el premio Ortega y Gasset de Periodismo 2021.

El lunes 21 de marzo, en un nuevo simulacro de juicio realizado en la cárcel del Chipote, en Nicaragua, el juez Luden Quiroz sentenció a ocho años de cárcel y una multa de 3.2 millones de dólares a mi hermana, Cristiana Chamorro, precandidata presidencial y expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), por los presuntos delitos de lavado de dinero, apropiación y retención indebida, y gestión abusiva, después de permanecer más de nueve meses bajo arresto domiciliario.

En ese mismo proceso, en el que se emitió una acusación y orden de captura en mi contra por el “delito” de hacer periodismo, también fue condenado a nueve años de cárcel mi hermano Pedro Joaquín Chamorro, fundador del partido Ciudadanos por la Libertad y exvicepresidente de la FVBCh; los exfuncionarios de la FVBCh Walter Gómez y Marcos Fletes, y el conductor Pedro Vásquez, a multas millonarias y penas de cárcel que van de siete a 13 años.

10 días después, en un proceso judicial paralelo, fue condenado a nueve años de cárcel el preso político Juan Lorenzo Holmann, gerente general del diario La Prensa, por el supuesto delito de lavado de dinero. En la sentencia, la jueza ordenó mantener la custodia policial sobre los bienes de La Prensa, con lo cual el gobierno está ejecutando una confiscación ilegal del periódico, tomado por la Policía desde el 13 de agosto de 2021.

Igual que los otros 177 presos políticos del régimen del dictador Daniel Ortega, los presos de la FVBCh y La Prensa son inocentes, porque no cometieron algún delito. La promoción de la libertad de prensa y la libertad de expresión, que ha sido la principal actividad de la FVBCh desde hace más de 20 años, no es un acto ilegal, sino un derecho constitucional que fue criminalizado por la dictadura, al imponer un estado de excepción de facto tras el estallido de la protesta cívica nacional en abril de 2018.

En realidad, aunque los ataques del régimen de Ortega contra la prensa independiente se intensificaron desde hace más de una década, la campaña de persecución política contra la FVBCh empezó en enero de 2021, cuando Cristiana Chamorro anunció su decisión de buscar una candidatura presidencial por la oposición. Ese mismo día se empezó a fraguar su detención, el pretexto de la acusación y la sentencia de culpabilidad.

Otros seis precandidatos presidenciales opositores fueron encarcelados entre junio y julio de 2021 —Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Medardo Mairena, Miguel Mora y Noel Vidaurre— y, después de haber demandado elecciones libres, también han sido condenados a penas que van de nueve a 13 años de cárcel por los presuntos delitos de “conspiración” y “menoscabo contra la integridad nacional”. En estas simulaciones de juicios, los testigos eran los mismos policías que espiaron y secuestraron a los acusados, y la “prueba del delito” las entrevistas que brindaron a medios de comunicación como Confidencial o El País, o las opiniones que publicaron en redes sociales.

Desde mucho antes que iniciara la campaña para las elecciones del pasado 7 de noviembre, la decisión de la mayoría opositora de concurrir a la elección bajo una alianza y con una fórmula presidencial única, aunque sin garantías electorales, auguraba la derrota del Frente Sandinista de Liberación Nacional, y por ello la dictadura se adelantó a encarcelar a los precandidatos, ilegalizó a los únicos dos partidos opositores, eliminó la competencia política y se robó las elecciones para imponer la reelección de Daniel Ortega.

Una encuesta realizada por la firma costarricense Cid Gallup un mes antes de las elecciones reveló que cualquiera de los siete precandidatos presos habría obtenido 65% de los votos, contra 19% de Daniel Ortega. La misma firma realizó otra encuesta un mes después de las votaciones, en las que solamente 27% del electorado afirmó haber votado por Ortega y no 75% que le adjudicó el Consejo Supremo Electoral. En otro sondeo, 70% demandó que todos los reos de conciencia sean puestos en libertad.

Entre los 177 presos políticos, además de los siete precandidatos presidenciales, hay líderes políticos y cívicos de todas las corrientes ideológicas. Pero la mayoría son ciudadanos, mujeres y hombres sin partido; dirigentes campesinos y líderes estudiantiles; intelectuales, diplomáticos, exguerrilleros, y exmilitares; empresarios, productores, banqueros, y líderes gremiales; periodistas y defensores de derechos humanos. Ellos representan una muestra de la pluralidad de la Nicaragua que demanda un cambio democrático, y que aún no ha sido aplastada por el proyecto totalitario de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

Cinco meses después de la farsa electoral de noviembre, la deriva autoritaria del régimen se ha radicalizado al amparo de su alineamiento con la Rusia de Vladimir Putin, la República Popular China, Cuba y Venezuela, y apunta a la cancelación total de las libertades públicas. Tres medios de comunicación —Confidencial, 100% Noticias y La Prensa— están ilegalmente ocupados por la Policía, y más de 100 periodistas nos hemos visto obligados a salir al exilio, pero muchos más continúan reporteando en sigilo desde Nicaragua. Ellos son nuestros ojos y oídos.

La criminalización de la libertad de prensa también se extiende contra la ciudadanía y la libertad de expresión: seis universidades privadas han sido confiscadas, 139 organizaciones no gubernamentales han sido despojadas de su personería jurídica y se han aprobado nuevas leyes represivas para controlar las universidades y la sociedad civil. En un país donde todos los ciudadanos son rehenes de la dictadura, y sin una salida ante el desempleo creciente y el empobrecimiento masivo, el incremento exponencial de la migración hacia Estados Unidos y Costa Rica —en condiciones cada vez más riesgosas— se está imponiendo como una cruel válvula de escape.

Pese a todo esto, los 177 presos políticos en la cárcel simbolizan hoy la dignidad nacional y la esperanza de cambio democrático. Ortega ha intentado borrarlos de la memoria nacional y no existen fotografías o videos de los presos, pero tampoco ha podido exhibir una sola confesión o admisión de culpabilidad de los supuestos crímenes que les imputa. Su condena no ha acallado el reclamo de libertad, por el contrario: al castigarlos el régimen está relanzando con más fuerza la demanda nacional e internacional para su liberación incondicional.

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La reciente aprobación en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas de un mecanismo especial, integrado por un grupo internacional de expertos independientes, para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas en el país desde 2018, marca una hoja de ruta en el camino hacia la justicia.

Sin embargo, para doblegar a una dictadura totalitaria se requiere ejercer de forma simultánea una presión política incremental, nacional e internacional, para que Ortega suspenda el régimen de tortura en la cárcel. Y que culmine, de forma irreversible, en la liberación de todos los presos políticos y el retorno de los exiliados. Como proclamaba mi padre, el periodista Pedro Joaquín Chamorro, asesinado en 1978 por otra dictadura, cuando recuperemos la libertad “Nicaragua volverá a ser República”.

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