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Opinión Hacer periodismo en China: cuando la Policía llama a tu puerta

Una bandera china y cámaras de vigilancia en el exterior del Tribunal Popular Intermedio nº 2 de Pekín, donde el periodista australiano Cheng Lei fue juzgado por cargos de secreto de Estado, en Pekín, China, el 31 de marzo de 2022. (REUTERS/Florence Lo)
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Jaime Santirso es corresponsal en China del diario ‘ABC’ y autor del ensayo ‘Los primeros días’, sobre el estallido de la pandemia en Wuhan.

A principios de marzo, un par de noches antes de la celebración de la Asamblea Nacional Popular, la cita política anual más importante en China, tres policías acudieron a mi casa en Pekín. Sabían que era periodista y los últimos temas en los que había trabajado. Muy amables, señalaron que de cara al evento deseaban que llevara a cabo “una cobertura equilibrada, contando no solo noticias malas, también buenas”.

Esta intervención de las fuerzas de seguridad en el domicilio particular de un corresponsal con el propósito explícito de influir en tono y contenido de su labor informativa, no supone en absoluto una práctica habitual. Ni siquiera en un país como este, donde las condiciones de trabajo son tan particulares: 99% de participantes en el informe anual del Club de Corresponsales afirmaba que estas no se corresponden con estándares globales. En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, Reporteros sin Fronteras coloca a China en el puesto 177 de 180, solo por delante de Turkmenistán, Corea del Norte y Eritrea.

Eludiré detalles de ese incidente desafortunado o la distinción, más espuria que semántica, entre “buenas” y “malas” noticias. Pero sí ahondaré en la creciente hostilidad de las autoridades chinas hacia los medios internacionales, pese a que su presencia en el país resulta beneficiosa para todas las partes involucradas, incluso —aunque pueda no parecerlo— el Partido Comunista.

Este, cada vez más poderoso y envalentonado, aspira a monopolizar el relato de la China contemporánea. Fronteras adentro, los medios oficiales no tienen competencia alguna: una Gran Muralla digital impide a su ciudadanía acceder a medios y plataformas occidentales. El único contrapeso al designio gubernamental está representado por las decenas de corresponsales que desde allí transcriben la realidad.

Por este motivo, la animadversión de las autoridades hacia los periodistas extranjeros ha crecido en paralelo al enardecimiento nacional. La manifestación más inquietante tuvo lugar el pasado verano en Zhengzhou, durante las inundaciones que asolaron la zona. La cuenta oficial en Weibo —red social china similar a Twitter— de la Liga Juvenil del Partido Comunista en la provincia de Henan llamó a sus 1.6 millones de seguidores a registrar los pasos de Robin Brandt, corresponsal de BBC. La apelación concitó decenas de amenazas de muerte. “Tenemos más de 400 personas en nuestro grupo. Estamos en las calles buscando a este hombre (...) Todos vamos a matar”, escribió un internauta. Varios reporteros en la ciudad fueron acosados por “masas enfurecidas”, en palabras de uno de ellos.

El portavoz del ministerio de Exteriores chino, Zhao Lijian, justificó lo sucedido asegurando que BBC había “atacado y dañado a China, desviándose seriamente de estándares periodísticos”. “No existe odio sin motivo”, añadió, sin mencionar que los servicios de la entidad británica están censurados en el país y resultan inaccesibles. La indignación popular no fue un fenómeno espontáneo generado por su cobertura, sino por la caricatura de esta que hacen los medios oficiales.

En febrero de 2020, mientras la pandemia tomaba el mundo, China deportó a tres corresponsales de The Wall Street Journal como represalia por un artículo de opinión —firmado por un columnista— que se refería al país como “el auténtico enfermo de Asia”. En respuesta, la administración del expresidente estadounidense Donald Trump limitó el número de visados de medios oficiales. El Partido Comunista desmanteló entonces las redacciones locales de The Wall Street Journal, The New York Times y The Washington Post. Casi una veintena de periodistas tuvo que abandonar el país, cifra sin parangón desde la matanza de Tiananmen en 1989.

Este toma y daca ilustra cómo la actividad de medios occidentales en China y viceversa se erige sobre un terreno torcido, sustentada a partir de premisas de paridad que resultan, en esencia, falaces. En primer lugar porque la actividad es diferente, incluso opuesta: los organismos oficiales chinos no hacen periodismo sino propaganda, ergo sus trabajadores no son “periodistas”. En segundo lugar, las condiciones de acceso al mercado también son diferentes: mientras estos pueden emitir sus mensajes ideológicos en igualdad de condiciones, la mayoría de las cabeceras internacionales están censuradas en China.

Dicho desequilibrio conecta con un dilema irresoluto en el seno de las democracias liberales: cómo lidiar con aquellos actores que, desde dentro del sistema, propugnan valores contrarios a este. El debate respecto a si la entidad estatal rusa Russia Today debe o no transmitirse en Europa representa el más reciente ejemplo. Quizá el punto de partida estribe en calificar a los medios oficiales de países autoritarios como lo que son: no empresas informativas, sino herramientas políticas.

Asimismo, también es un paradigma de la integración del gigante asiático en el tejido económico y la comunidad, implementada en términos favorables: el mundo se ha acomodado a China mucho más de lo que esta se ha acomodado al mundo. Por este motivo, cuando el Partido Comunista expulsa a tantos corresponsales internacionales como Estados Unidos a profesionales de la comunicación chinos, la inercia empuja a llevar la cuenta a cero y levantar desde los cimientos una nueva estructura basada en la reciprocidad real.

Si la tentación de dinamitar esta construcción inclinada circula en Occidente, cabe estimar que lo haga también un país que no comparte estándares de tolerancia y pluralismo. ¿Por qué seguir acogiendo a decenas de periodistas extranjeros que contradicen la narración promulgada por el Partido Comunista? Aún más cuando su arquitectura política actúa como un cristal tintado, que permite otear el exterior salvaguardando la intimidad al otro lado.

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La respuesta más certera la ofrecía el corresponsal jefe de The Economist, David Rennie, durante una conversación reciente en el pódcast de Bill Bishop: las coberturas más injustas se realizan, sin excepción, desde fuera de China. Los reporteros afincados en el país, conocedores de sus particularidades, ofrecen una mirada más ecuánime. Episodios como la política de COVID cero implementada por las autoridades chinas y su masivo respaldo popular ante los millones de vidas salvadas, por ejemplo, hubiera despertado mucha más suspicacia de no haber periodistas extranjeros sobre el terreno atestiguándolo.

Porque, pase lo que pase, los medios internacionales no van a dejar de informar sobre China, un país que desde hace años llama a la puerta de la comunidad internacional demandando un trato de potencia acorde con su peso político y económico. Lo ha logrado: su palabra hoy es más importante que nunca. El mundo ya no puede entenderse sin la perspectiva de China y, para eso, hacen falta corresponsales que la cuenten. Por algo el sonido del timbre suele ser preludio de un encuentro.

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