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Opinión El debate electoral en Colombia debe ser cómo regular las drogas, no su prohibición

Foto del 3 de marzo de 2017 de un campesino que cosecha hojas de coca en Puerto Bello, Colombia. Este 2022 hay elecciones presidenciales y será necesario hablar de la regulación de la cocaína. (Fernando Vergara/AP)
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Catalina Gil Pinzón es oficial del Programa de Política de Drogas de Open Society Foundations.

Las elecciones presidenciales del 29 de mayo en Colombia se darán en un momento especialmente complejo para el país: hay un acuerdo de paz debilitado, un latente inconformismo que se transformó en estallido social y ahora una inflación anual de 9.3% (la más alta en dos décadas) que no hará sino alimentar el descontento. Además de esto, el próximo presidente recibirá el país con una situación de violencia recrudecida y una narcotización de la agenda de seguridad para responder a este repunte.

Durante sus casi cuatro años en el poder, el presidente Iván Duque y sus sucesivos ministros de Defensa se han encargado de revivir la errónea premisa de que todos los hechos violentos del país se explican por medio de la existencia de un mercado ilegal de droga. “La mayor amenaza en Colombia es el narcotráfico” es una frase que hemos leído y escuchado bastante seguido. Incluso han surgido términos como “narcococaleros” para, al parecer, justificar cuestionados operativos militares. Ante este panorama se vuelve ya no importante —siempre lo fue— sino esencial que el próximo presidente suspenda esta narrativa e implemente un nuevo enfoque para abordar el fenómeno de las drogas.

Reenmarcar el debate y centrarlo en la regulación constituiría un primer paso accesible. La pregunta vertebradora de la discusión no puede continuar siendo cómo luchar mejor contra las drogas. La cuestión más útil y realista debería girar hacia la mejor manera de regular las diferentes sustancias (despenalizando los cultivos declarados ilícitos) para reducir los riesgos y daños asociados al consumo. Primero, porque el consumo existe y seguirá existiendo, a pesar de la prohibición. Sobre esta cuestión específica sí existe una diferencia entre Federico Gutiérrez y Gustavo Petro, los dos candidatos mejor posicionados a la presidencia. Gutiérrez cuenta con una visión más conservadora y de continuar fortaleciendo la lucha contra el narcotráfico, y Petro trae un discurso de “cambio de paradigma” aunque algo tímido y, demasiadas veces, difuso.

En esta discusión sobre la regulación, un tema central para Colombia es qué hacer con el cultivo de coca y uno de sus derivados, la cocaína. Uno de los componentes del programa de Gutiérrez es la sustitución de cultivos con enfoque de desarrollo agrario y territorial. Este tipo de programas llevan años funcionando en Colombia con resultados muy desiguales, producto del desconocimiento estatal de las posibilidades, necesidades productivas de los territorios y desarticulación institucional desembocando demasiadas veces en reemplazos por cultivos sin demanda clara y sin la infraestructura necesaria para ser llevados a sus mercados de destino. Además, en algunos debates ha afirmado que el uso del herbicida glifosato, como método de erradicación forzada, no se puede descartar. Esto es preocupante porque reanudar estas fumigaciones sería uno de los grandes retrocesos en política de drogas por todos los efectos económicos, sociales, ambientales y de salud que puede provocar.

Como respuesta supuestamente enfocada al cambio, Petro por un lado afirma que en su gobierno no se reanudarían las fumigaciones con glifosato e incluye en su programa escrito la regulación de las plantas como el cannabis y la coca, y la investigación de los usos benéficos. Pero estos usos alternativos de la coca aparecen apenas en los debates, en los que, más bien, insiste en sustituir el proceso productivo y comercial de la coca por la sustitución de tierras y de economía. Incluso ha propuesto en algunos foros sustituir la economía de la hoja de coca por la del cannabis, algo sorprendente y sin evidencia alguna de su funcionamiento. El resultado de esta diferencia de contenido y volúmenes entre lo que quedó por escrito y lo que lleva a sus discursos en los foros con mayor audiencia es que, al final, no es claro si sus esfuerzos se centrarán en sustituir o en regular los cultivos de coca.

Por supuesto, propuestas como el desarrollo agrario y la titulación de tierras son vitales. Pero algo que al parecer siguen ignorando ambos candidatos es que existe una demanda muy poderosa por consumir, así como una oferta establecida a nivel territorial, y que centrarnos en reducir la oferta (erradicar y sustituir cultivos de coca) no ha tenido el suficiente éxito. Lo llevamos intentando hace más de 20 años y hoy el resultado es contundente: hemos incentivado un cultivo más eficiente. Es decir, se produce más cocaína con menos área cultivada. Tanto Gutiérrez como Petro ignoran esta verdad económica y social, convirtiendo sus discursos, aparentemente tan alejados entre sí, en dos versiones del mismo mal de desconocimiento y utopismo en torno a la realidad sobre el terreno, que es la misma que reflejan los datos. Gutiérrez quiere acabar con ella, Petro quiere reemplazarla, pero ninguno parece lo suficientemente dispuesto a trabajar con ella mano a mano para mejorarla desde el pragmatismo y las necesidades de quienes sufren sus peores consecuencias en el formato actual.

Entiendo que puede haber muchos costos políticos asociados a esto, pero por lealtad al país y a sus habitantes, el próximo presidente lo debe decir claramente: necesitamos regular la cocaína. Es un proceso largo que tomará mucho tiempo (porque no depende solo de Colombia), pero es ineludible comenzar a explorar este camino cuanto antes.

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Una última cuestión necesaria para lograr un cambio de enfoque es desligar las drogas de las agendas de seguridad y centrarse en abordar el consumo como un tema de salud pública. En este aspecto, Gutiérrez encarna el discurso del miedo y de los lugares comunes y Petro, aunque no promueve discursos estigmatizadores, ha evitado incidir en perspectivas normalizadoras. Necesitamos que el nuevo presidente se agarre de la evidencia y ponga al derecho algo que nos invirtieron: la gran mayoría de personas en el mundo que consumen no tienen un consumo problemático. Es decir, se puede consumir y llevar una vida funcional. Esta es la regla, no la excepción. Por eso, las estrategias de reducción de riesgos y daños deben ser el centro de las políticas de drogas.

Como sociedad hay al menos un pequeño indicio de que algo se está moviendo: aunque todavía hay varios estigmas en los discursos y vacíos en las propuestas, deberíamos cuanto menos celebrar que en los debates y entrevistas se esté preguntando por la regulación de las drogas. Esto hace unos 20 años era impensable en Colombia. Así, aunque todavía falta mucho camino por recorrer, valoremos este pequeño cambio en la dirección necesaria, porque la realidad es que no podemos seguir invirtiendo en una guerra tan cuestionable como lo es la guerra con las drogas.

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