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Opinión Los asesinatos de tres periodistas en una semana muestran la tragedia de México

Personas protestan contra el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez en Culiacán, Sinaloa, México, el 6 de mayo de 2022. (Jesús Verdugo/AFP) (Jesus Verdugo/AFP/Getty Images)
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Adrián López Ortiz es director del periódico Noroeste, de Sinaloa, México.

“Cuando de veras te van a matar, nadie te lo avisa”, dijo el periodista mexicano Luis Enrique Ramírez en una entrevista al diario Noroeste, desde el exilio, en 2011. Huyó del estado de Sinaloa por sentirse en riesgo de muerte.

Este 5 de mayo, su cuerpo fue hallado envuelto en hule al sur de Culiacán, la capital, y más tarde fue identificado por sus familiares. Luis Enrique tenía 59 años y su asesinato sucedió a cinco días del quinto aniversario del asesinato del periodista Javier Valdez, una de las figuras claves del periodismo mexicano.

Luis Enrique Ramírez Ramos, columnista político del diario sinaloense El Debate y fundador del portal Fuentes Fidedignas, fue el noveno periodista asesinado del año en México. Y a su muerte se agregaron cuatro días después las de las periodistas Yessenia Mollinedo y Johana García, del portal Veraz, asesinadas a balazos en Cosoleacaque, Veracruz. Este 2022 ha sido un año particularmente mortífero para la prensa mexicana: han asesinado a un periodista cada 15 días. Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ya van 36 periodistas asesinados y 90% de los crímenes contra periodistas desde 2010 están en la impunidad

El asesinato de los tres periodistas no puede ser una historia más de impunidad ni olvido en un país catalogado por Human Rights Watch como el segundo lugar más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, solo por debajo de Ucrania, que está en guerra.

Además, indignan sobremanera pues sucedieron unos días después de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, cuando los funcionarios mexicanos se dedicaron a felicitar al gremio al tiempo que afirmaban la versión de que en México ya hay “plena libertad de expresión”.

Las fiscalías de Sinaloa y Veracruz, con el apoyo de las autoridades federales, están obligadas a considerar todo el contexto sin descartar ninguna línea de investigación y de convencer con resultados prontos.

De acuerdo con el primer reporte de la Fiscalía General de Sinaloa, Luis Enrique salió de su casa por la madrugada un día antes, fue privado de la libertad y posteriormente asesinado. En el lugar se encontraron restos de su sangre, un celular roto y casquillos de bala. La causa oficial de la muerte fue un traumatismo craneoencefálico producido por golpes. Tenía también golpes en el tórax y una herida de bala en una pierna.

Ese mismo día por la noche el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, del partido oficialista Morena, publicó un video donde se comprometió a esclarecer el homicidio del periodista después de haberse referido al mismo como un “fallecimiento” en un tuit anterior.

El homicidio cimbró al gremio estatal: no teníamos ninguna denuncia reciente que permitiera pensar que existía algún tipo de riesgo inminente para el columnista. También impactó en la esfera nacional, pues Ramírez empezó su carrera en el periodismo cultural de medios nacionales importantes, donde sembró amigos y fue reconocido por la calidad de su pluma.

El 6 de mayo, mientras velaban a Luis Enrique, periodistas locales nos manifestamos para exigir justicia por el asesinato y que la Fiscalía no descarte ninguna línea de investigación, especialmente la de cualquier vínculo con su trabajo periodístico.

Esa exigencia es relevante porque existe un antecedente de amenazas contra él desde 2011. En la entrevista antes citada, Luis Enrique hablaba de cómo el entonces gobernador Mario López Valdez “Malova” se había llenado de soberbia y se había puesto “hipersensible” a la crítica. Ramírez reconocía haber realizado periodismo militante a favor del grupo “malovista”, cercano al gobernador, y argumentaba que cumplía el patrón de otros personajes asesinados en esos días: la cercanía con Luis Pérez, uno de los espías del exgobernador Juan Millán y quien fue asesinado y torturado. La actual fiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñonez, confirmó que Luis Enrique no interpuso denuncias formales por esa situación y que estas quedaron a nivel mediático.

El “malovismo” fue defenestrado a partir de 2017 por escándalos de corrupción y narcopolítica, pero está de regreso liderado por Gerardo Vargas, exsecretario de Gobierno de López Valdez y ahora alcalde de Ahome, un municipio del norte del estado, a donde llegó por Morena.

Otro elemento relevante a considerar es que Luis Enrique Ramírez era también uno de los tres periodistas demandados por Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, líder del Partido Sinaloense y secretario de Salud del gobierno actual. Ramírez fue demandado por difamación en 2017. Cuén demandó también a la activista Teresa Guerra, ahora secretaria del gabinete estatal junto con él. La tercera es la senadora y exconductora Lilli Téllez. Esta semana, el gobernador Rocha Moya giró la instrucción de que todos aquellos funcionarios de su gobierno que tengan demandas contra periodistas deben retirarlas en un plazo de 48 horas, de no hacerlo deberán renunciar a sus cargos.

Son tiempos cada vez más peligrosos para el periodismo mexicano. El presidente López Obrador se excusa diciendo que no los mata el Estado, pero desde sus conferencias matutinas —pagadas con recursos públicos— descalifica y agrede todos los días a aquellos medios y periodistas que se atreven a criticarlo. Sus propagandistas replican sus dichos en redes sociales y exacerban la estigmatización y el acoso a los blancos del ataque del presidente. Así se construye un clima adverso permanente contra la prensa en todo el país.

El gobernador sinaloense Rubén Rocha y la fiscal Sara Bruna, así como sus homólogos veracruzanos Cuitláhuac García y Verónica Hernández Giadáns, tienen un reto enorme en aclarar con rapidez, eficacia y transparencia en los asesinatos de los periodistas. En el caso de Luis Enrique Ramírez, el gobierno estatal ha aceptado la ayuda de una unidad especial de la Secretaría de Seguridad Pública federal, pero ha decidido que sea la Fiscalía estatal quien conduzca la investigación y no la Fiscalía federal.

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El prestigio futuro de la nueva fiscal y la credibilidad del nuevo gobernador dependerán en mucho de cómo y para cuándo sean capaces de resolver el asesinato de Ramírez. Pero las estadísticas les juegan en contra, pues la impunidad en agresiones a periodistas en este país es de 98.1%, según la organización Artículo 19, y en más de la mitad de los casos las agresiones provienen de funcionarios y agentes del Estado. En Sinaloa, solo el caso de Javier Valdez presenta avances, pero sin llegar todavía todavía a los autores intelectuales.

Ramírez ejerció el periodismo como muchos compañeros y compañeras de la prensa local en México: demandado, con el miedo como constante y el riesgo permanente que este oficio implica en un país donde el crimen organizado se intersecta con la política. Familiares, lectores y colegas de Luis Enrique, Yessenia y Johana merecen conocer toda la verdad y recibir justicia plena.

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