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Opinión Los presos políticos son monedas de cambio para el régimen cubano

Personal aeroportuario con las banderas de Estados Unidos y Cuba cerca de un avión que hizo el primer vuelo comercial regular entre estos países en más de 50 años, en Santa Clara, Cuba, el 31 de agosto de 2016. (Alexandre Meneghini/Reuters)
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Andy García, uno de los 1,015 prisioneros políticos que hay en Cuba y de los 874 ciudadanos que fueron arrestados por protestar contra el gobierno en las calles en julio de 2021, recibió la noticia de su excarcelación unos días después que el gobierno estadounidense, encabezado por Joe Biden, levantara algunas de las restricciones hacia la isla que databan del mandato del expresidente Donald Trump. A García y a otra decena de presos, en su mayoría menores de edad, les fue notificado que saldrían de prisión para pasar el resto de sus condenas en un régimen penitenciario supuestamente más benigno: domiciliario o en un campamento de trabajo.

Estas excarcelaciones repentinas, después de más de 10 meses de prisión injusta, solo se pueden leer como parte de la respuesta del gobierno de Cuba al gesto del presidente Biden. Un puñado de presos políticos a cambio del restablecimiento de los vuelos comerciales entre los dos países, reanudar el programa de reunificación familiar y el levantamiento del límite de las remesas.

En el comunicado del Departamento de Estado se lee: “Con estas acciones pretendemos apoyar las aspiraciones de libertad y mayores oportunidades económicas de los cubanos para que puedan llevar una vida exitosa en su hogar. Seguimos pidiendo al gobierno cubano que libere de inmediato a los presos políticos, que respete las libertades fundamentales del pueblo cubano y que permita que el pueblo cubano determine su propio futuro”.

Todo parece indicar que es un trueque. El gobierno de Miguel Díaz-Canel lleva meses gestionando el desconcierto y el caos de la isla para almacenar así material político que sirva como carnada del gobierno de Estados Unidos: el éxodo masivo de personas que están intentando escapar del día a día de la isla —y que en su mayoría sueñan con llegar a territorio estadounidense—, los presos políticos y una economía hecha trizas que no puede garantizar ni las más mínimas necesidades básicas de los cubanos. Tristemente, lo que genera el autoritarismo del régimen, esa destrucción social de la población, termina a la postre siendo la carta de negociación del castrismo para atraer de vuelta a un diálogo a los estadounidenses, que Trump concluyó en su gobierno.

Es un rejuego político macabro donde las fichas son, por un lado, el pueblo cubano y sus martirios —causados por la propia dictadura—, y, por el otro, los dividendos geopolíticos. Un intercambio clásico de “toma y dame” que, en este caso, se ha producido de manera apresurada por la proximidad de la Cumbre de las América, que inicia hoy 6 de junio en Los Ángeles, California.

Las restricciones que se han eliminado no nos hacen viajar a la era del expresidente Barack Obama, donde el acercamiento entre los dos países sí fue sustancial y meteórico al impulsar la propiedad privada cubana, empoderar a la sociedad civil e inyectar la economía con el turismo estadounidense. Ni tampoco da por cumplidas todas las promesas de Biden, quien en su campaña presidencial aseguró el regreso a esos tiempos de proximidad diplomática. En cambio, estas medidas, aunque limitadas y no suponen una normalización de las relaciones entre ambos gobiernos, sí entierra parte del legado de Trump respecto a Cuba. Y es este último, quizás, el motivo verdadero por el cual se produce este giro de timón de la Casa Blanca en este instante.

Desmarcarse de las políticas de asfixia de Trump hacia América Latina es una intención que Biden ya ha manifestado. Su imperativo es llegar con algo debajo del brazo para mostrar en la Cumbre de las Américas y obtener un buen saldo final. Sobre todo, después de que los presidentes de Argentina y México, hasta el último momento, condicionaron su presencia en el evento a la participación de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Es por ello que no solo ha decidido finalmente mirar a Cuba, sino que también lo ha hecho hacia Venezuela —al aliviar sanciones económicas—, las dos mayores piedras en el zapato de la región.

De este tibio acercamiento entre Washington y La Habana, el que sale mejor parado es el régimen cubano, pues acaba de borrar una parte importante de las medidas más duras de la administración Trump aprovechando el desespero de Biden previo a la cumbre, lo que significa una bocanada de oxígeno a la economía maltrecha de la isla.

Y si tomamos en cuenta que el actual éxodo masivo de cubanos que están llegando de manera ilegal a Estados Unidos, por mar y por tierra, ya provocó una reunión —antes de estas recientes medidas— de ambos gobiernos en Washington, después de más de seis años sin diálogo alguno, podemos decir que Díaz-Canel le está sacando una buena lasca a su desastre de gestión.

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Al punto que el régimen sigue manteniendo en prisión a todos los pesos pesados de la oposición en Cuba —Luis Manuel Otero, Maykel “Osorbo” Castillo, José Daniel Ferrer— y al parecer no piensa liberarlos. Una estrategia que les garantiza seguir contando con monedas de cambio para beneficiarse.

Tan es así que, cinco días después de ser excarcelado el preso político Andy García, fue detenido en la calle: su sanción quedó revocada. García y su familia son de los rostros más notables de la nueva disidencia política en la isla que brotó a partir de las protestas de julio de 2021. Su regreso a prisión le es muy válido al régimen: un cuerpo más que podrá utilizar luego.

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